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Organizaciones que defienden la democracia se pronuncian

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Venezolanos protestan cerca de la Universidad Central. Venezolanos protestan cerca de la Universidad Central.
Venezolanos protestan cerca de la Universidad Central. Carlos García R.

Un grupo de 25 exmandatarios que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea) expresó ayer una “severa condena” por el “golpe de Estado que se ha consumado en Venezuela”, tras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 155 y 156, del 27 y 29 de marzo, respectivamente.

Mediante estos fallos, aduce Idea, el TSJ se arroga “el ejercicio de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, desconociéndola, le pone final a la inmunidad parlamentaria de que gozan sus diputados, y le encarga a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana, gobernar al país por decreto, mediante un régimen de excepción y, de ser el caso, apelando a la justicia militar”.

El comunicado de los 25, que por Panamá firman los expresidentes Mireya Moscoso (1999-2004) y Nicolás Ardito Barletta (1984-1985), pide a sus gobiernos, a la opinión pública internacional y a la comunidad internacional en su conjunto “elevar sus voces de protesta y adoptar las medidas que autorice el derecho internacional, a fin de que se conjure dicho golpe de Estado y se le preste auxilio a la población venezolana, que sufre de una hambruna generalizada y es víctima de la violencia sistemática del Estado y sus grupos armados paraestatales”.

Por otro lado, WOLA (Oficina de Washington para América Latina), fundada en 1974 por líderes religiosos como mecanismo de acción ante la represión de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, expresó que el traspaso de funciones legislativas al TSJ constituye una grave violación a una de las bases fundamentales de la democracia –la separación de poderes– y otorga una gran influencia al presidente Nicolás Maduro.

WOLA, organización que además fue clave en el proceso de paz de varios conflictos armados en Centroamérica en los años 1980, llamó al Gobierno venezolano al reconocimiento de la Asamblea Nacional y sus funciones constitucionales, y se manifestó preocupada porque los hechos recientes están siendo utilizados por algunos sectores como prueba de una supuesta inutilidad del diálogo o del compromiso multilateral como forma de abordar la crisis. “El hecho de que la sentencia del TSJ ocurra sólo después de la sesión del Consejo Permanente de la OEA sugiere un gran reto diplomático de por sí. Sin embargo. WOLA apoya estos esfuerzos, que incluyen la liberación de los presos políticos y un claro calendario electoral. En vez de probar estos caminos como imposibles, las acciones del TSJ reafirman la necesidad de implementarlos”, alega el organismo, al tiempo que llamó al Consejo Permanente para que se reúna lo más pronto posible para discutir la situación de Venezuela y cree oficinas para atender esta crisis. También solicitó a Estados Unidos que siga priorizando la diplomacia multilateral sobre la acción unilateral, y a la oposición venezolana, a que se mantenga en la línea democrática por medio de “escrupulosas acciones de protesta pacífica”.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, reaccionó a través de un extenso artículo disponible en el sitio web de la organización. En él, señala que lo ocurrido con las sentencias del TSJ no fue un acontecimiento aislado. “Venezuela ha sido administrada por un gobierno con un nefasto récord en materia de derechos humanos, que ha hecho uso de una enorme concentración de poder para erosionar progresivamente las garantías de derechos humanos y los controles a su propio poder. El último pronunciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión. Ante una situación que se parece cada vez más a una dictadura con todas sus letras [...] ahora más que nunca es necesario que los líderes democráticos ejerzan con urgencia una presión multilateral firme y decisiva sobre el gobierno de Maduro”, afirmó.

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