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Panamá confía en resolución de la OMC

Diana Salazar Diana Salazar
Diana Salazar Archivo

La viceministra de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, Diana Salazar, consideró que la apelación presentada esta semana por Colombia al fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no alterará el veredicto favorable a Panamá.

“Nuestra perspectiva es que están ganando tiempo, porque el fallo fue muy claro a nuestro favor”, destacó la funcionaria.

En marzo de 2013, Colombia impuso un arancel del 10%, más un valor adicional estimado entre $1.75 y $5, por cada kilo de mercadería a textiles, confecciones y calzados provenientes del istmo.

‘Colombia busca ganar tiempo’, Salazar

La apelación de Colombia al fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que le dio la razón a Panamá en su denuncia por un sobrearancel aplicado por el país sudamericano a textiles y calzados, es una forma de “ganar tiempo”, aseguró ayer Diana Salazar, viceministra de negociaciones comerciales internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias.

Tal como lo había anunciado meses atrás, Colombia apeló esta semana al fallo del Grupo Especial de la OMC, divulgado el 27 de noviembre de 2015, después de esperar el plazo máximo de los 60 días.

“Es casi imposible que la OMC falle ahora a favor de Colombia. Estamos confiados”, subrayó sobre el nuevo fallo que deberá entregar en abril el Órgano Permanente de Apelación de la OMC.

La OMC resolvió que Panamá tenía razón al considerar que la medida de Colombia, vigente desde marzo de 2012, era “incompatible” con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), vigente desde el año 1994.

En marzo de 2013, Colombia impuso un arancel del 10% más un valor adicional, estimado entre $1.75 y $5 por cada kilo de mercadería a textiles, confecciones y calzados provenientes del istmo. Esto afectó sensiblemente a las reexportaciones de la Zona Libre de Colón.

Las autoridades colombianas defendieron su postura y alegaron que se trataba de una medida para combatir el contrabando, el lavado de activos a través de operaciones de comercio subfacturadas y el comercio ilícito.

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