Panamá deberá responder por asilo a Hurtado

Al negar la extradición de la exjefa de la DAS, el país da lugar a la ´impunidad y evita la acción de la justicia´ colombiana.
Hurtado está en Panamá desde 2010. AFP/EL TIEMPO Hurtado está en Panamá desde 2010. AFP/EL TIEMPO
Hurtado está en Panamá desde 2010. AFP/EL TIEMPO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, estudiará una demanda contra el Estado panameño por haber otorgado “asilo territorial” y negado la extradición de María del Pilar Hurtado, exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia.

Así lo informó Luis Pérez, abogado de las víctimas de los seguimientos ilegales del DAS, que la semana pasada fue notificado de la radicación de la demanda.

El reclamo fue presentado en julio de 2012 por la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en representación de Piedad Córdoba, exsenadora colombiana y perseguida política del DAS.

EL CASO, PASO A PASO

En octubre de 2010, Hurtado fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por irregularidades en su gestión.

Hurtado argumentó ser una perseguida en su país y pidió asilo a Panamá; le fue dado en noviembre de 2011.

En mayo de 2011, la Fiscalía General de Colombia le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Siete meses después, la canciller colombiana María A. Holguín pidió su extradición.

En enero de 2012, en Cartagena, el mandatario colombiano, Juan M. Santos, le dijo al presidente, Ricardo Martinelli, que había garantías de seguridad para procesar a Hurtado, por lo que el asilo no se justificaba

No obstante, un mes después, Panamá negó la extradición y confirmó el asilo.

En ese momento, el grupo de víctimas del DAS decidió proceder con la denuncia. El mayor reclamo es que Hurtado no es –como sí lo son ellos– una perseguida más.

Citan las respuestas dadas por cinco autoridades ante la petición de información sobre persecuciones que habría sufrido Hurtado. Ninguna confirmó haber recibido queja de parte de ella.

Los demandantes aseguran que con el asilo, Panamá da lugar a la “impunidad y evita la acción de la justicia”.

“El Gobierno está comprometiendo la responsabilidad internacional del país al proteger a una persona que no era víctima, sino victimaria”, dijo Pérez, quien estuvo aquí en dos ocasiones y nunca logró cita con Martinelli.

Confía en que, ahora sí, se revoque el asilo y se proceda a la extradición. “Si Panamá es condenado por la responsabilidad de Martinelli, el pueblo de Panamá tendrá derecho de reclamar que Martinelli pague de su peculio las reparaciones respectivas”, recalcó.

Se contactó a la Cancillería, pero no hubo respuesta.

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