Condenas DE CUATRO A SEIS AÑOS, cuando las hay

Pandillerismo, mal sin penas

Desde el año 2006 a la fecha, el Ministerio Público tramita siete expedientes por pandillerismo en la ciudad capital.
A pesar de los operativos que realiza la policía para frenar la acción de las pandillas, muchas siguen operando desde las cárceles. LA PRENSA/Archivo. A pesar de los operativos que realiza la policía para frenar la acción de las pandillas, muchas siguen operando desde las cárceles. LA PRENSA/Archivo.
A pesar de los operativos que realiza la policía para frenar la acción de las pandillas, muchas siguen operando desde las cárceles. LA PRENSA/Archivo.

Los procesos penales por el delito de pandillerismo han tenido más dichas que penas para los acusados en 2013, luego que 159 sindicados resultaron absueltos, 44 llamados a juicio y solo 8 condenados.

Desde 2004 entró en vigencia la Ley No. 48 que tipificó el delito de pandillerismo.

La norma fue modificada en 2007, y se estableció penas de cuatro a seis años por pertenecer a una banda. En caso de que la pandilla sea formada para cometer algún delito, la pena puede aumentar hasta 14 años.

Fuentes del Ministerio Público consultadas informaron que en la ciudad capital se tramitan desde 2006 hasta la fecha solo siete expedientes por este delito: cinco en la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada y dos en la Fiscalía Decimoquinta de Circuito.

Según las fuentes, cuando las personas son acusadas de pandillerismo, pero también se les imputa homicidio, prevalece este último delito y por tanto sus casos son tramitados por las fiscalías superiores.

Los cinco casos de la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada están pendientes de ir a audiencia.

En tanto, uno de los expedientes que está en la Fiscalía Decimoquinta fue sobreseído y en el otro se resuelve una apelación a la nulidad del proceso decretada por el juzgado.

Este último es el caso más reciente. En él, el Juzgado Sexto Penal decretó la nulidad del proceso seguido a Jorge Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, y otras 56 personas acusadas de pertenecer a una banda que opera en El Chorrillo. El fallo fue dictado el 25 de noviembre pasado.

Mientras, en junio pasado, el Juzgado Tercero Penal de La Chorrera absolvió a 79 acusados de pertenecer a una pandilla en Veracruz, Arraiján. En este mismo caso se llamó a juicio a otras 21 personas.

En tanto, en noviembre pasado, el Juzgado Undécimo Penal llamó a juicio a 23 personas y sobreseyó a otras 6 acusadas de integrar una pandilla en Mañanitas, área este de la ciudad capital.

Además, el Juzgado Decimosegundo Penal, en fallo de febrero pasado, condenó a 8 personas y absolvió a otras 17 sindicadas por integrar una banda en San Joaquín, Pedregal.

FALTA DE RECURSOS

Severino Mejía, experto en criminología, opinó que de nada sirve que la Policía Nacional haga el trabajo al detener a pandilleros, si los casos se diluyen cuando pasan a las autoridades judiciales.

Explicó que no se pueden esperar buenos resultados en estos procesos penales, cuando no se dan los recursos económicos y capacitación que requieren los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

Mejía argumentó que, “el sistema de justicia es débil, los pandilleros son liberados por tecnicismos jurídicos y a los pocos días comenten otro delito”.

“Seguiremos viendo impunidad en Panamá, no solo en los casos de alto perfil; en todos”, advirtió.

Según Mejía, Panamá carece de una política pública de Estado en seguridad integral, y por eso el problema, lejos de resolverse, tiene años de no solucionarse.

“Hay un crecimiento cíclico de delitos y pandillerismo”, indicó Mejía.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, manifestó que las cifras de los procesos de pandillerismo son “una prueba más de que nuestro sistema de administración de justicia no funciona”.

“Un juez puede pensar en para qué condenar a un pandillero, si en el país se roban millones de dólares, hay corrupción y no pasa nada, se quiere condenar a ladrones de gallinas”, expresó.

Según Álvarez, los jueces y magistrados de tribunales superiores están desmoralizados porque ven cómo los casos graves de corrupción son divulgados en los medios de comunicación y el Ministerio Público no los investiga.

Álvarez coincidió con Mejía en el hecho de que no se le brindan los recursos económicos suficientes al Imelcf para llevar a cabo las investigaciones.

“La justicia se maneja con una sexta parte de lo que cuesta la cinta costera”, señaló.

Agregó que, “el gobierno le da más prioridad a las obras de cemento que a la seguridad y la justicia”.

De acuerdo con cifras oficiales de 2012 del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) del Ministerio de Seguridad, en todo el país operan 200 pandillas, y de ellas 125 están en la ciudad de Panamá.

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