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ASAMBLEA NACIONAL

Pasan contrato con Banapiña

Para hoy se tiene programado el tercer y último debate del contrato ley que reactiva la producción bananera en Barú, Chiriquí.

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Se calcula una productividad promedio de 2 mil 725 cajas de banano por hectárea al año, según el contrato ley entre el Estado y la empresa subsidiaria de la transnacional Del Monte. Se calcula una productividad promedio de 2 mil 725 cajas de banano por hectárea al año, según el contrato ley entre el Estado y la empresa subsidiaria de la transnacional Del Monte.
Se calcula una productividad promedio de 2 mil 725 cajas de banano por hectárea al año, según el contrato ley entre el Estado y la empresa subsidiaria de la transnacional Del Monte. Archivo

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate, de manera unánime y sin mayores inconvenientes, el proyecto de ley 488, que avala el contrato ley 36-2017, suscrito entre el Estado y la empresa Banapiña de Panamá, S.A. –subsidiaria de Del Monte Fresh Products– para reactivar la producción bananera en Barú, Chiriquí.

El ministro de la Presidencia encargado, Salvador Sánchez, que acudió al pleno a sustentar y defender el proyecto impulsado por el Gobierno, explicó que el contrato contempla un arrendamiento de 4 mil hectáreas propiedad del Estado y mil 700 hectáreas de propietarios individuales, que se las arrendarán al Estado y este, a su vez, las subarrendará a la empresa Banapiña de Panamá, S.A., para el cultivo del banano.

Explicó que el proyecto también contempla un plan de desarrollo, no solo en la tarea de siembra y mejora de actividades agrícola, sino en la reactivación del sistema de riego y cualquier otra obra necesaria para el incremento de la actividad bananera con la tecnología actualmente disponible.

Detalló que este contrato tiene un término de 20 años de duración y es prorrogable por 20 años adicionales, e hizo la salvedad de que si el concesionario cumple con las condiciones del contrato tiene derecho a una prórroga automática, con excepción de las cláusulas fiscales, que tienen que ser objeto de negociación con el Estado.

Con este contrato, la empresa se compromete a invertir en la actividad bananera, al menos, $100 millones en un lapso de siete años, y se espera que se generen más de 3 mil empleos directos y otros 12 mil indirectos.

Además, Sánchez detalló que la empresa debe pagar los impuestos municipales al distrito del Barú, garantizándole $312 mil anuales en ese concepto.

“Esta será una inversión valiosa, no solo en términos de dinero, sino en el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios de esa inversión”, precisó.

Durante el debate en el pleno, el diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) Miguel Fanovich abogó para que el proyecto se implemente lo más pronto posible y que el Gobierno se siente a negociar con un grupo de propietarios de tierras en las zonas del Barú que quedaron fuera de la negociación.

A su vez, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson indicó que el proyecto es bueno, pero expresó que le quedan dudas respecto a qué se va a hacer con la gente que tiene tierras en esa zona y que no se ha incluido en el contrato.

Sobre este tema, Javier Ortega, también del PRD, mostró su inquietud de que algunos “bandos” resulten beneficiados y otros salgan perjudicados, porque no se les tomó en cuenta.

En tal sentido, el ministro encargado expresó que existe buena disposición del Gobierno de encontrar una solución dialogada ante esta dificultad, que muchos piensan que es insalvable.

“Para nosotros, es una oportunidad para que sobre la base del diálogo se encuentre una solución. El contrato ley no es un cerrojo para esta dificultad”, señaló.

Mientras, el diputado panameñista Jorge Alberto Rosas opinó que el proyecto va a ser el motor del desarrollo de Barú y un polo de crecimiento importante, que va a reducir la migración que se da a la ciudad y a otros puntos del país.

“Estas razones hacen obligante que esta Asamblea se empine y, lejos de las divisiones políticas, aprobemos este contrato, que lo único que va a atraer es el incremento a la economía del Barú y de los otros 13 distritos de la provincia de Chiriquí”, precisó.

REFORMAS A AUPSA

Previamente, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 443, que reforma el Decreto Ley 11 de 2006, el cual creó la Autoridad Panameña de Alimentos (Aupsa).

El proyecto le da oportunidad a los productores en todo el territorio nacional a estar en la junta directiva de la Aupsa y deroga los artículos 58 y 59, que obligaban a los funcionarios de la entidad a ratificar las importaciones en 30 días, pues, de lo contrario, podrían ser demandados penal y civilmente.

El artículo 58 del decreto vigente establece que el funcionario de la Autoridad que impida la importación de alimentos y que no emita el requisito de importación en un plazo de 30 días, será removido de su cargo y responsable personalmente por los daños y perjuicios que cause dicha acción.

Mientras que el artículo 59 indica que para ejercer una acción civil en contra de un funcionario que viole el artículo 58, el hecho constitutivo de responsabilidad personal del funcionario se probará en el proceso judicial civil respectivo.

El presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios, Raúl Pineda, cuestionó las pocas herramientas que tiene la Aupsa para asegurar la adecuada importación de productos.

“Quienes crearon este decreto lo hicieron para acabar con los productores y mantener amenazados a los funcionarios de la Aupsa, que están a merced de los importadores de este país, que quieren acabar con el sector productivo del país”, indicó Pineda.

RATIFICACIÓN DE LA CSS

Para hoy, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales tiene previsto efectuar el proceso de ratificación del nombramiento del médico Alfredo Martiz como director general de la Caja de Seguro Social, tras ser designado en ese cargo el pasado martes 11 de abril por el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

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