salvamentos de voto de magistrados de la corte

´Pele police´ debe ser revisado´

Harley Mitchell instó a las autoridades a verificar la legitimidad del dispositivo utilizado en todo el país por los estamentos de seguridad.

La decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia de rechazar un amparo de garantías constitucionales, interpuesto en mayo de 2012 contra el uso del pele police, la aprehensión de personas y requisa de vehículos en retenes policiales, no fue compartida por tres de los nueve magistrados que componen la máxima corporación de justicia.

Uno de ellos fue el magistrado Harley Mitchell, que salvó su voto en el fallo e hizo saber que, contrario al criterio de sus colegas, el uso del pele police debe ser objeto de revisión.

A su juicio, el pele police debe responder a criterios científicos, de comprobada y suficiente razón, debidamente consignados en una norma jurídica especial de carácter orgánico.

El funcionario instó a verificar la legitimidad del dispositivo y opinó que de no tener parámetros normativos, la Corte debe fijar los criterios para su uso.

“Existen suficientes razones para considerar que el nivel de perturbación sobre los derechos fundamentales de libertad, así como la honra de las personas que genera el uso no regulado a través de ley de la herramienta conocida como pele police, ameritaba un pronunciamiento contundente de este tribunal”, concluyó Mitchell en la explicación de su salvamento de voto, al que este diario tuvo acceso.

Según el magistrado, no solo es suficiente verificar la legitimidad del dispositivo, sino los criterios que utiliza la Policía Nacional y los demás estamentos de seguridad para autorizar su uso en todo el país.

MUCHO MÁS ALLÁ

En este sentido, agregó que para acreditar si la herramienta es constitucional se debe determinar si no genera graves perjuicios a los valores de los derechos fundamentales.

“Me percato de que la herramienta pele police, muy a pesar de presentarse como un fichero electrónico en el que se depositan los archivos policiales de una persona, aún cuando en forma automática no genera incompatibilidades con el sistema constitucional, su uso, en forma indiscriminada y en ausencia de un protocolo normativo, puede generar un nivel de perturbación a esos valores y principios esenciales”, indicó.

Consideró, además, que la herramienta sin una norma que la regule y aplicada por funcionarios en ausencia de facultades jurídicas, puede ofender la honra de los ciudadanos, porque los exhibe frente al conglomerado social.

Por su parte, el magistrado Oydén Ortega, que también salvó su voto en la decisión, opinó que la orden de impartir retenes policiales debe guardar relación con los procesos pendientes o en trámite, pero no involucrar al resto de los ciudadanos, ya que el mecanismo que se cuestiona se aplica indiscriminadamente.

“En el caso de los retenes policiales existe una práctica generalizada y cotidiana que afecta la circulación y movilidad de los nacionales y extranjeros en el territorio nacional”, destacó.

Ortega considera que los tribunales deben armonizar la actuación de las autoridades del Estado al aplicar el derecho interno, en relación con las estipulaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

LA FORMA

Con respecto al rechazo del amparo, Mitchell advirtió sobre la necesidad de “dejar a un lado las formalidades para la admisión de recursos destinados a suministrar protección a todas las personas sometidas a la jurisdicción del Estado, frente a actos y omisiones que coloquen en riesgo los derechos fundamentales”.

De acuerdo con el magistrado, “si el amparo interpuesto por el abogado Ángel Álvarez buscaba verificar a través de un juicio de ponderación si la vida, libertad y los bienes de las personas eran amenazados por un acto realizado por un servidor público sin una norma especifica o carente de autorización, entonces era necesario entrar en el escrutinio puro del acto, para determinar si era válido o no”.

A juicio del funcionario, “todo el sistema de protección de derechos debe estar sincronizado con la definición, interpretación y gestión que mejor se aproxime al concepto de dignidad de la persona”.

El fallo que rechazó el amparo, fechado el 21 de diciembre de 2012 (notificado la semana pasada) tuvo como ponente al magistrado Luis Ramón Fábrega y los votos favorables de sus colegas Alejandro Moncada y Harry Díaz, presidente y vicepresidente de la Corte, respectivamente; Aníbal Salas, Hernán De León y Víctor Benavides.

Jerónimo Mejía también salvó su voto, pero este diario no tuvo acceso a ese documento y desconoce sus argumentos jurídicos.

Los antecedentes de un fallo particular

En octubre de 2011, el Juzgado Séptimo Penal de Panamá declaró ilegal la utilización del pele police por parte de la Policía Nacional (PN), fundamentado en el hecho de que hasta esa fecha –en la actualidad sigue siendo así– no existía una ley que reglamentara su empleo.

La decisión del juez Felipe Fuentes quedó establecida en un fallo que absolvió del delito contra los servidores públicos a Elbis Ponce Morales, que en diciembre de 2010 se resistió a ser verificado con el dispositivo en la terminal de pasajeros de Albrook.

Según el juez, no hay ninguna ley aprobada por la Asamblea que autorice a la PN a usar el pele police.

En su fallo, Fuentes aclaró que el hecho de que la PN esté autorizada para pedir documentos de identidad y hacer registros a sospechosos, no implica que se prive a los ciudadanos de su derecho a circular.

La PN, a su vez, aclaró entonces que “el análisis jurisdiccional del Juzgado Séptimo Penal no es de aplicación general, pues este se limitó a los casos específicos mencionados”.

Juristas consultados en aquella fecha, respecto a la decisión del juzgado, coincidieron con el criterio expresado por la PN.

La exmagistrada de la Corte Aura Emérita Guerra de Villalaz, por ejemplo, aclaró que el alcance del fallo era de obligatorio cumplimiento para las partes, no así para la ciudadanía en general.

Por su parte, la entonces ministra de Gobierno y hoy alcaldesa de Panamá, Roxana Méndez, justificó la aplicación del pele police por tratarse, según ella, de “una herramienta que ha permitido capturar a miles de personas que se habían burlado de la justicia y andaban impunes por la calle”.

Este diario solicitó la semana pasada información actualizada a la PN sobre el pele police, pero no fue aportada.

Elio Núñez

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