escándalo de financial pacific

Pellegrini acusa a juez Barrios

La principal sospechosa del fraude en Financial Pacific se reitera en sus denuncias sobre el caso. A su vez, los involucrados la desmienten.

Mayte Pellegrini, principal acusada en el fraude por 14 millones de dólares en la casa de valores Financial Pacific (FP), presentó ayer una queja por denegación de justicia contra el juez segundo penal Johan Barrios, quien le fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 16 de septiembre por delitos financieros.

Zulay Rodríguez, abogada de Pellegrini, alegó ayer que el juez Barrios se ha negado a recibirle una serie de pruebas a favor de su cliente, con el argumento de que se presentaron después que la Fiscalía Decimotercera le enviara la vista fiscal con una petición para que se le abriera causa criminal.

Sin embargo, Rodríguez asegura que presentó estas evidencias dos días antes de que la fiscalía remitiera sus conclusiones y, a pesar de ello, Barrios las consideró extemporáneas.

Agregó que esa vista, firmada por el fiscal Julio César Laffaurie, entró al Juzgado Segundo Penal el 22 de abril de 2013 y que el incidente de controversia en el que solicitó la admisión de las pruebas llegó a ese despacho el 20 de abril, es decir dos día antes.

Rodríguez se presentó ayer ante el Segundo Tribunal de Justicia a ratificarse de la queja que interpuso contra el juez Barrios por denegación de justicia.

A finales de junio pasado, Pellegrini, a través de sus abogados, también recusó al juez Barrios, en esa oportunidad por la supuesta tardanza de este funcionario judicial en resolverle un incidente de controversia con el que pretendía que le fueran admitidas 22 pruebas inicialmente negadas por la fiscalía.

De acuerdo con Rodríguez, como el juzgado no ha resuelto este incidente, su cliente se encuentra en estado de indefensión.

Asegura que se le ha negado la práctica de pruebas que pueden demostrar su inocencia, entre estas, una nueva ampliación de su declaración indagatoria.

“Este juez está alterando pruebas para evitar que interrogue a los exdirectivos de Financial Pacific, Iván Clare y West Valdés...”, recalcó Rodríguez.

Clare y Valdés son los exdirectivos de FinancialPacific y, según Pellegrini, no había forma de que se hiciera algún fraude sin que ellos no estuvieran al tanto.

La principal sospechosa del desfalco está recluida en el Centro Femenino de Rehabilitación desde noviembre de 2012, y esta semana se comunicó con este diario para hacer nuevas revelaciones en el caso.

Habló de la supuesta intromisión del entonces procurador José Ayú Prado para desvincular al presidente, Ricardo Martinelli, de la casa de valores FP.

“Mi retractación fue escrita por [Ricardo] Ricki Solís y José Ayú Prado. Nada de lo que dije salió de mi boca, sino de la de ellos. Incluso cuando estaba por salir, me hicieron regresar y firmar nuevamente porque habían olvidado algo”.

De acuerdo con su reciente versión, constatada en la carta escrita a este diario, esto fue lo ocurrido el 26 de diciembre de 2012, cuando amplió su primer relato.

En su comparecencia inicial ante la Fiscalía Decimotercera, Pellegrini detalló que los entonces directivos de Financial Pacific Valdés y Clare habían dicho públicamente que una cuenta secreta llamada High Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”. “Y que era del presidente Martinelli”.

La afirmación la hizo en la declaración que rindió entre el 22 y el 28 de noviembre.

Pero en la carta que escribió desde el reclusorio esta semana, señala que su retractación fue una farsa. Que optó por decir cómo se gestó la supuesta manipulación a raíz de un “acuerdo incumplido”.

El pacto, según Pellegrini, era desvincular al Presidente a cambio de su libertad, pero esto nunca sucedió.

Afirmó que esto fue lo que le hizo saber su anterior abogado Mauricio Ceballos.

Desmiente a detenida

Ceballos desmiente esta versión de los hechos. El abogado, que también fue fiscal del Ministerio Público en 2012, explicó, además, que en el despacho donde se le tomó esa ampliación no se encontraba el entonces procurador de la Nación, José Ayú Prado, como lo aseveró Pellegrini en la carta enviada a este diario esta semana.

El exfuncionario del Ministerio Público aseguró que en esa diligencia judicial solo participaron el fiscal encargado Frank Torres, su secretaria, los agentes policiales que custodiaban a la implicada, uno de sus socios que no identificó, y él.

Pellegrini se mantiene en su afirmación: “Ayú Prado estaba en una oficina anexa al lugar donde amplié mi indagatoria. Lo que iban poniendo como declaración mía se enviaba por fax a Ayú Prado, según me dijo mi abogado. Luego recibimos un fax con correcciones de mi retractación”.

Por su lado, el hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ayú Prado dijo que eso es falso.

Se comunicó con este diario a través de una carta, y en ella afirmó que cuando todavía era procurador de la Nación no intervino en la ampliación de indagatoria de Pellegrini en el caso de Financial Pacific (FP).

“Como quiera que el sumario de marras está pendiente de calificación, por un juzgado de circuito penal, considero que un integrante de la Corte Suprema de Justicia no debe emitir comentarios o apreciaciones sobre el particular”, indicó Ayú Prado, tratando de guardar distancia en el caso.

Ceballos reiteró que nunca se dio ningún acuerdo para que hubiese una retractación. “A mí no me consta ningún tipo de arreglo a cambio de las declaraciones de Pellegrini; no se me acercó ninguna persona a ofrecerme ningún acuerdo”, agregó.

Pero dado el giro y las serias acusaciones derivadas del caso Financial Pacific, el diputado Juan Carlos Arosemena, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), considera que el magistrado Ayú Prado debería ser investigado por la Asamblea Nacional. “Lo que está asegurando la señora Pellegrini no es solo una intromisión del Órgano Judicial, sino que podría haber un delito de falsificación, y eso es peligroso”.

Manifestó que “la Asamblea debe iniciar una investigación, pero para ello habría que esperar que se presente alguna denuncia contra Ayú Prado, y entonces la Comisión de Credenciales estudiaría el caso”.

En este asunto, el presidente Martinelli ha guardado silencio por los canales oficiales y optó por escribir en su cuenta de Twitter.

Dijo que: “Es lamentable que para mantener línea editorial opositora usen a una delincuente confesa para atacar a quienes trabajamos a favor del pueblo”.

Pellegrini reaccionó a este comentario del gobernante: “...Le recuerdo la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿o debo asumir que va a mandar a condenarme, como ha mandado a manipular hasta ahora todo el proceso?”, señaló.

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Cortesía/Sinaproc

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