6.5 millones en indemnización por año

Pensión para las víctimas por jarabes envenenados

La CSS otorgará una indemnización de por vida, que oscila entre $235 y $1,250, a las víctimas del tóxico dietilene glycol.

PROTESTAS. Miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida exigen en las calles una mejor atención y una indemnización justa. Hay mil 848 casos, de los cuales 248 son de personas fallecidas, según la Fiscalía Superior Especial. LA PRENSA/David Mesa PROTESTAS. Miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida exigen en las calles una mejor atención y una indemnización justa. Hay mil 848 casos, de los cuales 248 son de personas fallecidas, según la Fiscalía Superior Especial. LA PRENSA/David Mesa
PROTESTAS. Miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida exigen en las calles una mejor atención y una indemnización justa. Hay mil 848 casos, de los cuales 248 son de personas fallecidas, según la Fiscalía Superior Especial. LA PRENSA/David Mesa

Para cuando las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) anunciaron en 2006 que el jarabe expectorante sin azúcar, la difenhidramina, la pasta al agua y la calamina estaban contaminados con dietilene glycol, el tóxico ya había dejado su rastro de muerte y enfermedades crónicas en la población asegurada y no asegurada del país.

Un ejemplo es Pedro Montañez, que el 12 de julio de 2006 llegó al hospital Susana Jones de la CSS para atenderse de un resfriado común, y como remedio recibió un frasco de expectorante sin azúcar, uno de los tantos fármacos contaminados.

Hoy Montañez pierde constantemente la estabilidad motora, sufrió tres infartos, y tiene seis prótesis cardiovasculares (para abrirle las arterias y tener una mayor oxigenación). Estas son unas de las tantas consecuencias del jarabe.

Así como Montañez hay miles de personas que padecen de los daños neurológicos, renales y cerebrales que les ha provocado el tóxico proveniente de China (ver gráfica).

La Fiscalía Superior Especial –creada por la exprocuradora Ana Matilde Gómez para investigar las muertes por el consumo de medicamentos contaminados– indica la existencia de mil 848 casos, de los cuales 258 personas ya han fallecido, según reportes de la CSS.

PROYECTO

La cifra mencionada forma parte de los 13 motivos en los cuales se sustentó la junta directiva de la CSS para emitir la Resolución Non. 46396 del 19 de enero de 2012, mediante la cual autorizan al director de la institución, Guillermo Sáez-Llorens, para que a través del Órgano Ejecutivo se presentara un proyecto de ley a la Asamblea Nacional y de esta manera se reconozca el pago de una pensión vitalicia a los afectados por consumir los fármacos envenenados.

La pensión vitalicia sería de “carácter especial como compensación indemnizatoria a las víctimas reconocidas por intoxicación masiva con dietilene glycol”, señala una nota de la entidad.

La entrega de una pensión de por vida a los afectados y a los sobrevivientes de personas afectadas por consumir jarabes contaminados de la CSS, no es una idea nueva; viene del año pasado.

Rafael Medina, representante de los jubilados y pensionados ante la junta directiva de la CSS, explicó que accedieron a la pensión porque “las condiciones en que se encuentran los afectados es realmente triste”.

Manifestó que antes de tomar una decisión se reunieron con miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, y con otro grupo de afectados que no pertenecen a la organización.

El director de la CSS , Guillermo Sáez-Llorens, explicó que la propuesta tiene que ir a la Asamblea Nacional porque se están incluyendo aspectos que no existen en la Ley No. 51 Orgánica de la CSS, como otorgar 100% del salario que la persona devengaba cuando se envenenó. Regularmente la pensión corresponde al 60% del salario básico, explicó.

También están incluyendo a las personas que no gozan de seguridad social y un plan para los sobrevivientes de las víctimas, por lo que hay que modificar la norma.

Marlon De Souza, subdirector de la CSS, aclaró que no hay que modificar el contenido de la ley orgánica, sino anexarle un artículo para establecer la pensión vitalicia y lo que esta contempla.

El pasado 7 de febrero, el Consejo de Gabinete aprobó el envío del proyecto de ley de pensión vitalicia a la Asamblea Nacional.

INDEMNIZACIÓN

La pensión, que oscilaría entre $235 y $1,250, responde a un análisis de los estudios socioeconómicos de los registros de la CSS, así como de los salarios declarados a la entidad por la mayoría de los afectados, indicó De Souza.

El funcionario explicó que la propuesta va dirigida a las personas que consumieron los jarabes contaminados de la institución y son declarados positivos por el Instituto de Medicina Legal y Forense del Ministerio Público.

La pensión es voluntaria y para acceder a ella el afectado o el sobreviviente de un afectado debe firmar un finiquito, es decir, un compromiso para no presentar acciones legales posteriores por daños o perjuicios, así como de carácter civil contra el Estado, dijo.

Su argumento se basa en que nadie puede ser obligado, y menos el Estado, a pagar doble indemnización.

La propuesta, que representará un gasto anual de $6.5 millones del programa de Vejez, Invalidez y Muerte (IVM), deja en libertad a las personas que no desean acogerla a seguir con sus procesos ante los tribunales de justicia.

recurso económico

El impacto sobre este programa (IVM) será contrarrestado con el fondo de estabilización que el Gobierno le entrega a la CSS, que actualmente es de $100 millones, pero que debe aumentar a partir de 2013, indicó De Souza.

En tanto, el director de la CSS explicó que a partir del próximo año el fondo va a aumentar a $140 millones, pero cuando la CSS termine el estudio actuarial (depuración de la base de datos para conocer cuál es el número real de asegurados directos y beneficiarios) seguirá aumentando.

Por otra parte, De Souza agregó que cada caso de los afectados será analizado individual y familiarmente, con el fin de garantizar que independientemente del salario o entradas que tenía el fallecido, la pensión no sea menor de $235.

OPOSICIÓN

El proyecto que vendría a compensar a los afectados de una tragedia sin precedentes en el país, ya tiene sus detractores y opositores.

Uno de ellos es Pedro Montañez, que sobrevive a los efectos del veneno a pesar de que, en 2009, los médicos que lo trataban lo desahuciaron.

Montañez dijo que no aceptará una pensión de los que llama sus “verdugos”, en una clara alusión a miembros de la junta directiva que permanecen en la institución de seguridad social, y que estaban en ella cuando ingresó el dietilene glycol al país.

El hombre a quien a raíz del incidente la vida le cambió, desea justicia. Por ello, expresó que seguirá con las demandas que tiene en los tribunales.

Otros que imploran justicia y una “indemnización decorosa” son los miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, los cuales han vuelto a las calles a protestar.

Su presidente, Gabriel Pascual, explicó que rechazan la pensión, por “ridícula e inhumana”.

Los miembros del comité aseguran que no hay un estudio “, real y objetivo” de cada una de las víctimas, para determinar el monto que debe recibir.

El dirigente tampoco comparte el planteamiento de los directivos de la CSS de fijar como pensión mínima $235, porque considera injusto que los menores de edad, y quienes nunca cotizaron, solo puedan aspirar a ese emolumento mensual.

A Pascual le llama la atención que a los pensionados y jubilados les ofrezcan un beneficio del que ya gozan, y asegura que la propuesta solo contempla a los sobrevivientes de las personas que murieron a causa del veneno recientemente.

El grupo que lidera Pascual se queja de que hay más de mil 400 expedientes sin analizar. Además, se opone a firmar el finiquito, requisito exigido por la CSS para conceder el beneficio de la pensión.

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