Hoy: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

EQUIDAD. TODO NIÑO TIENE DERECHO A LA EDUCACIÓN.

Penurias de un niño refugiado

Autoridades panameñas no acatan la Convención de Ginebra de 1951 ni el Decreto No. 23 de 10 de febrero de 1998, sobre los derechos de los refugiados.

Mientras Tomasa I. asea la oficina de un edificio de avenida Ecuador, en Calidonia, sus dos hijas esperan sentadas revisando libros. Así se entretienen hasta que su madre termine la faena.

A Bélgica, la hija mayor, le interesa la lectura y hasta juega a ser maestra, pero no está en la escuela. La razón: es hija de solicitantes de refugio en Panamá.

Lucas y Carlos, sus otros dos hermanos, corren la misma suerte.

Tomasa llegó a Panamá hace año y medio, con su esposo y cuatro hijos, huyendo de los enfrentamientos de guerrillas del Chocó colombiano.

Unos 15 días le tomó a esta familia cruzar la selva para llegar a los poblados panameños de Bajo Chiquito y Marragantí, en Darién. Luego, se las ingeniaron para arribar a la ciudad capital.

Buscar dónde vivir fue para ellos algo difícil, aunque lo lograron; y entre sus primeras metas estaba poner a sus hijos a estudiar.

Al acudir a varias escuelas para matricular a los pequeños en edad escolar, la decepción fue inmediata. Esto pese a que la Declaración Universal de los Derechos del Niño establece que deben tener acceso a una educación gratuita, incluso si son hijos de refugiados.

Este año solo Betty, la hija más pequeña, entró a primer grado, debido a que iniciará sus estudios en Panamá.

Los otros tres hijos de Tomasa pasan sus días en casa; la escuela no los acepta ni como oyentes. Su realidad no cambiará hasta que tengan los boletines originales con sus notas.

Pero hay un problema. Al huir de la guerrilla salieron con pocas pertenencias o las perdieron en el camino. No tienen ni un documento que certifique sus estudios.

Tomasa admite que sin dinero en Panamá no será fácil conseguir los créditos de sus hijos en ausencia de apoyo de las autoridades. Hasta ahora no tienen respuesta alguna al respecto.

En septiembre de 2011, la Resolución No. 0421 de la Oficina Nacional para la Atención a Refugiados (Onpar) del Ministerio de Gobierno y Justicia certifica que la familia de Tomasa fue admitida al trámite como refugiada, además de que sus cuatro hijos se encuentran bajo protección del Estado panameño.

Sin embargo, esta resolución de Onpar e instrumentos internacionales, como la Convención de Ginebra de 1951 y el Decreto No. 23 de 10 de febrero de 1998 sobre el Estatuto de Refugiados, son ignorados.

No es todo. Betty logró entrar a la escuela y solo tiene derecho a recibir mochila y útiles escolares. No así la beca universal ni una beca de concurso, a pesar de que tiene buen promedio.

“Tendrá que esperar a que pasen 10 años”, dicen las autoridades.

La Cruz Roja Internacional en Panamá, a través del programa de integración local a personas refugiadas, ha atendido este año a 50 familias con este problema. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Panamá aboga porque se simplifiquen estos requisitos.

Es por eso que desde 2011 en conjunto con el Ministerio de Educación trabajan en un resuelto ministerial en favor de estos casos.

(*Tomasa, Bélgica, Betty, Lucas y Carlos no son sus nombres verdaderos. Estos aparecen cambiados por razones de seguridad).

Una burocracia que perjudica

La directora regional del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Merlys Mosquera, opinó que preocupa la situación educativa de los hijos de refugiados, debido a que si estos niños y jóvenes no emplean bien su tiempo libre, pueden caer en redes criminales.

Al respecto, la viceministra de Educación, Mirna de Crespo, indicó que si no entregan sus créditos autenticados y se les admite en los planteles, entonces no podrían recibir sus certificados de culminación de estudios. Según la representante del SJR, en Panamá hay más de mil 500 ciudadanos a la espera de su aprobación como refugiados, pero esta cifra en América Latina llega a más de 500 mil. Indicó que en los próximos 2 años se espera que en Panamá se regularice la situación de al menos unas 899 personas. Mientras tanto, los niños siguen sin recibir sus beneficios.

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