MAGISTRADO ABEL ZAMORANO RECONSIDERÓ SU POSICIÓN INICIAL Y RECOMENDÓ LA DILIGENCIA JUDICIAL

Pérez Balladares sería careado en el caso Cemis

El expresidente tendría que enfrentarse con el exlegislador Manuel De la Hoz. La última palabra la tiene el magistrado Virgilio Trujillo.
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El expresidente Ernesto Pérez Balladares y su copartidario Manuel De la Hoz, exlegislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), podrían ser careados dentro de la investigación que se sigue en la Corte Suprema por el supuesto pago de sobornos para la aprobación del contrato del Cemis en 2002.

Y es que el magistrado fiscal del caso, Abel Zamorano, reconsideró la decisión en la que había negado esa prueba, que fue solicitada por los abogados del diputado del partido Cambio Democrático (CD) Carlos Afú, uno de los imputados en el caso.

Zamorano reconsideró su posición luego de que el magistrado sustanciador del caso, Virgilio Trujillo, le pidiera su opinión sobre un incidente de controversia que le presentaron los abogados de Afú tras negárseles la petición de los careos, en junio pasado.

La petición

Félix Antinori, abogado de Afú, solicitó a Zamorano el 3 junio pasado que el expresidente Pérez Balladares fuera sometido a un careo con los exlegisladores De la Hoz y Mateo Castillero.

La solicitud de la defensa de Afú también incluyó otros careos, cuyos detalles no se especificaron, y además que se practicara la prueba del polígrafo a los dirigentes del PRD Balbina Herrera, Héctor Alemán y Miguel Bush, señalados en las sumarias del Cemis.

La petición también se extendía a Laurentino Cortizo y al exasistente de la Asamblea Roberto Silvestri, mencionados de igual forma en el expediente; y al expresidente Martín Torrijos, acusado en el caso junto con el propio Carlos Afú.

Con excepción del expresidente Torrijos, todos los mencionados han sido llamados a declarar como testigos en el caso.

Sin embargo, mediante resolución del 10 de junio de este año, el magistrado Zamorano negó la práctica de estas pruebas, luego de expresar diversos motivos.

Zamorano sustentó su rechazo inicial en el hecho de que Pérez Balladares y De la Hoz habían reiterado los mismos señalamientos en las declaraciones que dieron tanto en su despacho como en el Ministerio Público (que lleva otra parte de la investigación del caso Cemis), y por tanto, a su juicio, no era necesario someterlos a un careo.

De la Hoz rindió declaración jurada ante Zamorano el 25 de octubre de 2010 y el 2 de diciembre de ese mis año amplió su testimonio.

En tanto, el exmandatario rindió declaración jurada el 13 de agosto de 2010 y luego, el 30 de mayo pasado, amplió su testimonio ante Zamorano y aportó detalles de las grabaciones que hizo a Afú y a De la Hoz, y reveló que su compadre Castillero le había hablado sobre el supuesto pago de los sobornos para aprobar el Cemis.

Con respecto a Castillero, Zamorano sostuvo que aún estaba sin resolver un incidente presentado por la defensa de Torrijos, en el que se objeta la comparecencia del exlegislador perredista.

Este recurso debe resolverlo el magistrado Trujillo.

Zamorano también argumentó en ese momento que Torrijos no puede ser llamado a ninguna diligencia relacionada con el caso, hasta que el pleno de la Corte resuelva una serie de recursos interpuestos por la defensa del exmandatario contra decisiones tomadas por su despacho.

Al mismo tiempo, el magistrado afirmó que en las declaraciones dadas ante su despacho por los exlegisladores Herrera, Cortizo y Alemán, no se registraron contradicciones que ameriten las repreguntas en un careo.

Adicionalmente, Zamorano indicó que la defensa de Afú no especificó quiénes deberían ser careados entre Torrijos, Herrera, Cortizo, Alemán y Bush.

Otra de las pruebas negadas fue la aplicación del polígrafo a este segundo grupo de políticos.

A juicio del magistrado, sin bien la aplicación del polígrafo es aceptada como una prueba científica en materia penal, no podría practicarse sin el consentimiento de los implicados.

Incidente

Ante esta decisión, la defensa de Afú presentó un incidente de controversia, que quedó radicado en el despacho de Trujillo.

Dicho recurso le fue puesto en conocimiento de inmediato a Zamorano para que emitiera sus consideraciones sobre él.

Y fue así como el 27 de junio pasado, al emitir conceptos sobre este incidente, Zamorano expresó: “a pesar de que existen razones constitucionales y legales” que no le permiten mostrarse a favor de todo lo solicitado por los abogados de Afú, y debido a su insistencia, pidió al magistrado Trujillo que admita el incidente y acoja el careo entre Pérez Balladares y De la Hoz.

Segunda opinión

“Este despacho encuentra prudente reconsiderar su posición inicial, con miras a reafirmar nuestra posición de garante de los derechos y garantías fundamentales de las partes en el proceso”, recalcó Zamorano.

Además, indicó que el artículo 2123 del Código Judicial posibilita la práctica de estos careos entre testigos cuando haya discrepancias entre sus testimonios y, por tanto, “este despacho no los objeta”.

Sin embargo, con respecto a la solicitud del segundo careo entre el exmandatario Pérez Balladares y el exlegislador Castillero, el magistrado fiscal del caso Cemis reiteró su postura inicial e indicó que se opone a la práctica del mismo, porque el propio magistrado Trujillo aún no ha resuelto un incidente presentado por Torrijos, en el que se opone a que Castillero rinda declaración jurada en el proceso.

“No podemos mostrarnos favorables a practicar un careo por alguien que hasta el momento no ha comparecido a rendir declaración jurada ante este magistrado fiscal de la causa”, sostuvo Zamorano.

Historia de las tres investigaciones del Cemis

Desde junio de 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la reapertura del caso Cemis, al Ministerio Público le correspondió investigar a los particulares involucrados en el proceso, mientras que a la Corte Suprema de Justicia le tocó indagar a los diputados –principales o suplentes– que estaban mencionados.

A su vez, a la Asamblea le correspondió investigar la denuncia de la exlegisladora Balbina Herrera por los supuestos pagos a cambio de votos a favor de la rati-ficación de los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora.

En mayo de 2010, la Asamblea Nacional archivó la parte que se le asignó por falta de pruebas. En el Ministerio Público, en tanto, las pesquisas están paralizadas desde abril de ese mismo año, en espera de que el Juzgado Cuarto Penal resuelva una serie de recursos interpuestos.

Finalmente, en la Corte Suprema han declarado 20 personas, entre testigos e imputados.

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