SOCIEDAD CIVIL PIDE DESTITUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL

´Pérez es apoyado por Martinelli´

Fuentes del Servicio Nacional de Fronteras confirmaron que esa entidad sí se opuso al proyecto de ley impulsado por José Raúl Mulino.

A juicio de la abogada y activista de derechos humanos Magaly Castillo, el director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, es capaz de objetar y frenar un proyecto de ley impulsado por su superior, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y aprobado por el Consejo de Gabinete en pleno, “porque sabe que tiene el apoyo del Presidente”.

“El problema es que en materia de seguridad cada institución hace lo que le da la gana, y el que sufre es el ciudadano. Todo esto es una muestra clara de cómo anda la política de seguridad del país”, advirtió.

Por su parte, el constitucionalista Ernesto Cedeño explicó que Pérez incurrió en una abierta violación a los artículos 310 y 311 de la Constitución al adversar una decisión tomada por el Gabinete, razón por la cual debe ser destituido.

La presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional, Angélica Maytín, acotó que la desobediencia de Pérez quedó de manifiesto con la llegada al país del exdictador Manuel Antonio Noriega, el 11 de diciembre de 2011.

Aquella vez, dijo, el Presidente ordenó que los medios hicieran filmaciones, pero él no lo permitió, y lo mismo hizo con la instrucción de la ministra Roxana Méndez para que se entregara a los medios la filmación de Noriega hecha por el relacionista de la PN.

“Es frecuente que los comunicados de la PN estén plagados de mentiras”, dijo.

“Por sus constantes faltas a la verdad, ya no tiene credibilidad y alguien así no debe dirigir la PN”, añadió.

Por su lado, el presidente, Ricardo Martinelli, se refirió nuevamente al tema ayer instando a los medios a que “dejen de dimensionar, especular y bochinchear”.

Martinelli reafirmó que este lunes hará cambios en los estamentos de seguridad del Estado. “Yo creo que las cosas se van a arreglar. Dennos un voto de confianza, porque los estamentos de seguridad son cosas muy sensitivas y no podemos estar con estas elucubraciones e insinuaciones que pueden perjudicarnos”, dijo.

Objeciones

En tanto, fuentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) confirmaron que esa entidad objetó el proyecto de ley de Mulino.

Según las fuentes, las críticas se centraron en los procedimientos que se adoptarían para sancionar las faltas de los funcionarios, mucho más severos y dejados exclusivamente en manos de civiles, sin la posibilidad de que en los entes juzgadores intervinieran uniformados, aunque estos estuviesen jubilados.

Detallaron que las recomendaciones fueron presentadas a mediados de 2011, por separado de la Policía Nacional (PN) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), pero al final no fueron tomadas en cuenta.

Consultado sobre el tema, el director de la entidad, Frank Ábrego, se limitó a decir que ellos obedecerán “lo que las autoridades constitucionalmente elegidas y establecidas decidan”.

Se buscó una versión del Senan, pero su vocero, Roberto Ballesteros, informó que por ahora esa entidad no hará ningún pronunciamiento.

También se llamó a la PN y al ministro Mulino, pero no respondieron.

Sobre los cuestionamientos al proyecto de ley, la PN dijo este viernes en su cuenta de Twitter (@protegeryservir): “siempre estamos abiertos a las iniciativas que puedan resultar positivas a nuestra institución; sin embargo, respecto a dicho proyecto en su momento le solicitamos más tiempo al ministro de Seguridad para aportar nuestras opiniones y experiencias, de tal forma que el documento final fuera el resultado de un consenso [pero] lamentablemente se presentó el anteproyecto sin el aporte de la PN, el Senafront y el Senan. La PN no tiene problema con el concepto de una oficina de asuntos internos imparcial; solo que es necesario más tiempo para pulir detalles y obtener los resultados propuestos”.

´ESTOY PREOCUPADO´, DIJO ANÍBAL GALINDO

El jurista Aníbal Galindo, consejero del presidente, Ricardo Martinelli, y amigo personal de José Raúl Mulino dijo ayer que se siente “muy preocupado” por el hecho que desencadenó la renuncia de este último.

“Es una situación sumamente delicada. No se trata simplemente de un documento interno. Las resoluciones adoptadas por el Consejo de Gabinete tienen su trámite legal, institucional, cuando van a ser dejadas a un lado o modificadas, todo lo cual es permitido, pero hay una estructura y un sistema institucional que debe seguirse, y en este caso no se cumplió”.

Galindo, a quien en círculos políticos lo anotan en la lista de los presidenciables del oficialista Cambio Democrático, contó que el pasado jueves en la mañana intercambió mensajes por Blackberry con Mulino, acerca del caso. “Manifestó su preocupación por la situación surgida con la resolución de Gabinete, y lo mal que se sentía con esta situación. Él [Mulino] es humano; todos los que ocupan cargos gubernamentales son humanos y se sienten afectados por situaciones como esta; de manera que su renuncia la entiendo y me parece que es digna”, puntualizó.

Eliana Morales Gil

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