conflicto en comarca indígena

Peritaje sobre Barro Blanco propone modificar embalse

Las organizaciones ambientales no están satisfechas con los resultados del informe. Incluso señalan que la evaluación estuvo ´débil´.

La dirigencia indígena de la comarca Ngäbe Buglé ya tiene en sus manos los resultados del peritaje independiente sobre el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, el cual utilizará las aguas del río Tabasará, en Tolé, provincia de Chiriquí.

Dicha hidroeléctrica colinda con esa zona comarcal y se estima que el área de embalse podría inundar permanentemente cerca de seis hectáreas de ella en sus partes anexas, sin considerar las posibles inundaciones adicionales en tiempos de crecida del río Tabasará.

En ese sentido, el resumen ejecutivo del peritaje entre sus principales planteamientos sugiere que el área afectada por el embalse debe delimitarse con la “zona inundable en crecida” y no con el embalse normal de 103 metros sobre el nivel del mar como se había establecido hasta ahora.

El estudio elaborado por los expertos internacionales Luis López García (ingeniero civil con especialidad en hidrología e hidráulica) y Gonzalo Castro de la Mata (doctor en ecología y biología de poblaciones), y que está en el sitio web de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomienda el uso de la máxima crecida en 100 años como criterio de delimitación en ese afluente.

Los peritos señalan que una vez definida la zona inundable hay que buscar un criterio para determinar el área afectada.

Por ejemplo, mencionan que una casa que queda a unos centímetros por encima del nivel de agua calculado no está técnicamente inundada, pero sí afectada porque sus habitantes no podrán salir, y las turbulencias y oleaje de la crecida seguramente introducirán agua dentro de la vivienda.

“La falta de una consulta adecuada con respecto al proyecto Barro Blanco ha creado una situación de miedo y extrema ansiedad entre estos pobladores. Los impactos directos e indirectos no han sido claramente explicados o entendidos, pero ciertamente estos impactos directos pueden afectar a la comunidad en su totalidad y deben ser mitigados en forma correcta”, señala el informe.

Incluso explica que lo anterior a su vez alimenta una posición muy antagónica con respecto al proyecto, que deberá ser abordada con cuidado, paciencia, y sobre todo bajo un espíritu honesto y transparente por los derechos de la población.

Sobre las consecuencias del embalse a la flora y fauna de la región señala que hay impactos importantes en el río, la desaparición del bosque de galería y los cambios de la fauna acuática.

“Con respecto al bosque de galería, se perderán recursos naturales como la madera, las plantas medicinales, y otros productos usados por la comunidad. Con respecto a los recursos hidrobiológicos, habrá un impacto en peces y crustáceos”, sostiene el documento.

Además se menciona que habrá perjuicio en aspectos culturales de esta población indígena, como la alteración de los petroglifos (grabados en rocas) de Quebrada Caña y Kiad, con los que los grupos ngäbe mantienen una “conexión cultural”.

Los resultados de este peritaje fueron entregados a la mesa técnica de diálogo sobre Barro Blanco, en la que son mediadores la Iglesia católica y Naciones Unidas.

REACCIONES AL INFORME

Luisa Araúz, que forma parte del Centro de Incidencia Ambiental, sostuvo que al informe le faltó profundizar en aspectos técnicos.

Según Araúz, en el documento no se hizo una valoración sobre el impacto del embalse a los bosques de galería y la parte acuática, ya que muchos de estos indígenas dependen de ese tipo de ecosistemas.

Por su parte, Harley Mitchell hijo, exdirector de Legal de la Autoridad Nacional del Ambiente, dijo que llama la atención que en el informe se mencione la desaparición del bosque y que se sugiera modificar el área de impacto de la presa.

“Estos aspectos claramente deben ser sancionados por la Autoridad Nacional del Ambiente”, agregó.

En tanto, Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, sostuvo que el hecho de construir una nueva hidroeléctrica en el área sin consultar a la comunidad indígena y sin contar con evaluaciones científicas, ha sido una gran falta.

Para Spadafora, su principal inquietud es lo que ocurrirá con los bosques y la fauna acuática que se encuentran bastante cerca a la ribera del río Tabasará.

Por el momento, la dirigencia indígena, los responsables de la represa, organizaciones ambientales y otros entes analizan los resultados del peritaje.

La hidroeléctrica Barro Blanco es un proyecto que requerirá la inundación de 258 hectáreas para la operación del embalse en el río Tabasará y 5 hectáreas para la represa, la casa de máquinas y otras labores.

´Yo trabajo por mi pueblo´

La cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, indicó que las principales autoridades del área están valorando los resultados del peritaje. De acuerdo con Carrera, el pasado 11 de septiembre se invitó a Naciones Unidas, la Iglesia católica y al Gobierno a que trataran dicho informe en la comunidad de Sitio Padro, en la comarca, y que lo presentaran a la población del lugar, pero ninguno asistió. La dirigente indígena explicó que también convidó al presidente fundador de este diario, I. Roberto Eisenmann Jr. “Yo no me reuní a solas con el señor Eisenmann, ya que fue un convivio público en el que también esperaba la participación de muchas otras organizaciones”, agregó Carrera, quien en aquella fecha cumplió dos años de haber sido elegida máxima autoridad de la comarca.

Las declaraciones de la lideresa surgen luego que el diario oficialista Panamá América realizara publicaciones sobre el encuentro. “Nadie está conspirando contra el Gobierno. Todo lo contrario, ellos sí están conspirando contra nosotros porque no resuelven los problemas básicos de nuestra población como salud y educación”, manifestó. Carrera asegura que quieren dañar su imagen con esas publicaciones, pero ella no tiene nada que ocultar.

“Yo trabajo por mi pueblo sin ninguna aspiración política. Aquí hay niños que se enferman porque no hay acetaminofén en el centro de salud y el Gobierno no vela por eso”, concluyó.

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