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Personera: ´No hay delito´

Según el Ministerio Público, los obreros de TCT no tenían la intención de impedir la circulación de ´La Prensa´.

ACCIÓN. Con camiones articulados, trabajadores de la constructora TCT impidieron la circulación de ´La Prensa´ y ´Mi Diario´ durante la noche del 2 y madrugada del 3 de agosto de 2012. LA PRENSA/Archivo ACCIÓN. Con camiones articulados, trabajadores de la constructora TCT impidieron la circulación de ´La Prensa´ y ´Mi Diario´ durante la noche del 2 y madrugada del 3 de agosto de 2012. LA PRENSA/Archivo
ACCIÓN. Con camiones articulados, trabajadores de la constructora TCT impidieron la circulación de ´La Prensa´ y ´Mi Diario´ durante la noche del 2 y madrugada del 3 de agosto de 2012. LA PRENSA/Archivo

Por considerar que los trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT) no incurrieron en ningún delito al bloquear las instalaciones de Corporación La Prensa la noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto de 2012, la Personería Cuarta Municipal pidió al Órgano Judicial el sobreseimiento definitivo del caso, por el que se les había formulado cargos a cinco conductores de camiones.

En la vista fiscal del proceso, remitida a los tribunales el pasado 28 de febrero, la personera cuarta municipal, Maribel Concepción, consideró que los obreros de TCT no tenían intención de impedir la circulación de los diarios y que además no se tomaron la empresa ni hubo destrozos.

“En todo caso, la acción se reputa como inidónea y esta conducta no encaja dentro de la estructura descrita en el Código Penal”, concluyó.

A juicio de Concepción, los trabajadores de TCT solo querían hacer alguna “suerte” de protesta, lo cual no se compagina con el dolo. “No hay dolo de impedir la circulación, ya que se trata de un dolo específico, lo cual no ocurre en el evento bajo investigación”, apuntó.

La decisión de la personera contrasta con la decisión tomada el 22 de noviembre de 2012 por el entonces procurador, José Ayú Prado, de formular cargos y ordenar la indagatoria de cinco conductores de TCT, basado en “elementos de convicción recogidos durante la investigación”.

En esa fecha, Ayú Prado formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la libertad a Juventino Frías, Bacilio Ríos, Ariel Garay, Félix Aguilar y Ceferino Espinoza, señalados de participar en el bloqueo a la Corprensa; sin embargo, según Concepción, La Prensa y Mi Diario llegaron a su lugar de destino; es decir, no se evitó su distribución.

La personería desestimó la declaración de un testigo protegido que aseguró haber estado en el lugar de los hechos ese 2 de agosto, pues, a su juicio, al haber sido despedido de la empresa TCT “tenía un interés marcado en el rumbo que pudiera haber tomado el proceso”.

De acuerdo con la funcionaria, le correspondía a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre imponer las multas por las infracciones al Reglamento del Tránsito, en lo que concierne a los vehículos mal estacionados, “situación que no se dio por inercia de los agentes policiales que se encontraban en el lugar”.

“De este incidente, observamos que aun cuando se suspendió el proceso de impresión y embalaje de los periódicos para su circulación, debido al espacio físico interno, no es elemento suficiente para establecer que la conducta o manifestación de los trabajadores imposibilitó ese proceso de producción”, agregó.

La personera reprochó las acciones de los conductores de TCT, pero opinó que la legislación penal no debe ser la última vía para dirimir el hecho, ya que hay otras disposiciones administrativas.

Acciones

Al conocer el contenido de la vista fiscal, los abogados de Corprensa interpusieron un incidente de nulidad en el Juzgado Segundo Municipal que ataca tres actos de la personera, los cuales, según su criterio, violan el debido proceso.

Se trata de una resolución fechada el martes 26 de febrero, en la que Concepción indicó que un solo testimonio no era suficiente para proceder a formular cargos a David Ochy, Olmedo Batista, Armando Aguilar y Belarmino Chávez, acusados por Corprensa.

Además de un oficio del 28 de febrero pasado y en el que la personera les notificó que, mediante providencia del 26 de febrero, su despacho resolvió dentro de los plazos constitucionales los impulsos procesales presentados por la Corporación.

Los abogados de Corprensa también atacaron la vista fiscal.

En el incidente de nulidad, los abogados Jair Urriola y Abilio Batista destacaron que la personera violó las garantías constitucionales de Corprensa al notificarles de forma improcedente su negativa a indagar a los directivos de TCT y a varios de sus colaboradores.

Asimismo, resaltaron que dicha notificación se concretó el 28 de febrero pasado, mismo día en que Concepción envió la vista fiscal al Órgano Judicial.

REACCIONES

“Se ha violado el derecho al debido proceso en perjuicio de La Prensa. Se deben completar las investigaciones y sancionar a los responsables”, concluyó el presidente de Corporación La Prensa, Luis Navarro, al ser consultado sobre la decisión de la personera.

“Ningún grupo de personas puede obstaculizar la libre circulación de periódicos impunemente. Esto sería un precedente adverso a la libertad de prensa, libertad de empresa y derechos ciudadanos”, agregó.

En tanto, el presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Fernán Molinos, consideró que “de prosperar la solicitud de la personera, se avanzará en el establecimiento de condiciones legales que estimulen ataques de esta y otra naturaleza contra los medios y los periodistas, al margen de si son independientes o favorables a cualquier gobierno”.

A su juicio, con el archivo de este caso “se sentaría un precedente funesto para la vigencia de la libertad de información y el derecho a expresarse”.

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Rafael Candanedo, tildó de inaudita la suerte de la investigación “sobre la pública violación a la libertad de expresión, con camiones articulados, vehículos sofisticados, conos naranja del MOP y atisbo conveniente de la Policía Nacional”.

“Aquí debió verse justicia, escarmiento, patria y civilización. Por el viento que sopla, encontramos oscuridad, impunidad y festín para los agresores”, enfatizó.

Con estos hechos, dijo, las presentes y futuras generaciones deben entender “cómo se cuecen las habas justicieras en el país: la impunidad florece en medio del sol abundante del tráfico de influencias”.

Víctor Collado, abogado de los obreros de TCT, se mostró complacido con la decisión, ya que, según él, desde un principio las pruebas aportadas señalaban que sus clientes eran inocentes. “Ellos nunca pretendieron evitar que La Prensa circulara; solo querían que sus directivos los escucharan”.

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