nuevo magistrado en la corte y procuraduría de la nación

Pesimismo rodea designaciones

La sociedad civil advierte del vínculo del Ejecutivo con el nuevo magistrado de la Corte y la ahora jefa del Ministerio Público.

“Nada es oficial hasta que sea oficial. Prefiero no hacer comentarios por el momento”, fue lo único que dijo José Ayú Prado ayer, luego de ser consultado tras su designación como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el Consejo de Gabinete, en reemplazo de Aníbal Salas, quien concluye su período el 31 de diciembre.

En la misma sesión, el Gabinete acordó nombrar a la secretaria de asuntos jurídicos de la Presidencia, Ana Isabel Belfon, como procuradora general de la Nación, en reemplazo de Ayú Prado. Belfon culminará su período el 31 de diciembre de 2014.

El Gabinete también designó a Gabriel Fernández como magistrado suplente de Ayú Prado. En la actualidad, Fernández es suplente de Salas.

A partir de hoy y hasta el 26 de diciembre, el Ejecutivo convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para la ratificación de Ayú Prado como magistrado de la CSJ por un período de 10 años, entre otros temas. (ver relacionada).

Cuatro procuradores

Belfon se convierte en la cuarta procuradora que ocupa el cargo en los tres años de la administración de Ricardo Martinelli.

La primera fue Ana Matilde Gómez, separada en febrero de 2010 y condenada en agosto de ese año por los magistrados de la Corte por autorizar interceptaciones telefónicas en una investigación seguida al exfiscal Arquimedes Sáez, acusado de cobrar coimas.

En enero de 2011 Martinelli nombró en el cargo a Giuseppe Bonissi, quien debió renunciar 11 meses después, tras descubrirse un escándalo de corrupción en el Ministerio Público (MP), tras la liberación de cuatro implicados en un caso de narcotráfico en Azuero, hecho en el que se involucró a tres altos funcionarios de la institución.

Posteriormente, el Ejecutivo designó a José Ayú Prado, quien se desempeñaba como fiscal especializado contra la Delincuencia Organizado.

Reacciones

Consultada sobre la decisión del Ejecutivo, la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez opinó que con estos nombramientos no hay garantía de independencia en la administración de justicia.

“Ninguno de los dos, porque la señora Belfon viene de la Presidencia de la República y Ayú Prado, de una Procuraduría en la que se vio una situación accidentada para su ascenso a ese cargo. Definitivamente, no hay garantía de independencia”, expresó.

“¿Quién va a convencer al presidente, Ricardo Martinelli, que a dos personas con las que él se ha relacionado, en la forma que se ha relacionado hasta ahora, no las va a poder llamar para pedirles cosas?”, se preguntó.

“Sinceramente, para mí es una gran tristeza”, agregó.

Lamentó que el Ejecutivo no cumplió su promesa de campaña de permitir que la sociedad civil hiciera sus aportes en el escogimiento de los magistrados de la Corte.

“El Ejecutivo perdió una oportunidad de demostrar su interés de que haya participación ciudadana en la escogencia de estos altos cargos”, dijo, por su parte, la exmagistrada de la Sala Penal de la Corte Esmeralda Arosemena de Troitiño.

A su juicio, “las dos personas [escogidas] han estado estrechamente vinculadas con el Ejecutivo” y, precisamente, “el perfil que el ciudadano quiere encontrar en las personas designadas en estos altos cargos es de independencia, de no vinculación con los poderes económicos y políticos”.

Manifestó que al no abrirse el compás para la participación ciudadana en esta selección, lo único que se crea es una situación de rechazo.

Demandarán nombramiento

A su vez, el presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), Rogelio Cruz, opinó que los nombramientos de Ayú Prado y Belfon violaron la ley de transparencia.

Explicó, en ese sentido, que al tratarse de un acto administrativo, el mandatario estaba obligado a realizar una consulta pública y, al no hacerla, violó la Ley 6 de 2002, por lo que el MAG presentará una demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte contra el procedimiento usado para la designación de ambos funcionarios.

Por su parte, Donaldo Soussa, uno de los voceros de la Asamblea Ciudadana, advirtió que la falta de consulta para la designación de los magistrados de la Corte y de los procuradores es un problema sistémico, que demuestra la existencia de pactos y arreglos que violan las normas más elementales de transparencia.

Soussa afirmó que ahora sucederá lo de siempre: que los funcionarios designados van a responder a las directrices del Órgano Ejecutivo.

“Aquí se requiere de un cambio completo en el sistema de selección de los ministros, procuradores y magistrados de la Corte y del Tribunal Electoral”, destacó.

“No se puede pedir independencia cuando los funcionarios son designados por el poder centralizado”, añadió.

Mientras tanto, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal calificó el nombramiento de Belfon como procuradora como un insulto a los panameños que sufrieron encarcelamientos y torturas durante la dictadura militar.

( Con información de Rubén Polanco, Juan Díaz, José Otero, Irene Hernández, Isidro Rodríguez y Eduardo Mendoza).

JOSÉ AYÚ PRADO

MAGISTRADO DESIGNADO

Tiene 50 años de edad y desde 1984 ingresó al Ministerio Público como oficial mayor. El 31 de diciembre de 2009, Ayú Prado fue encargado de la recién creada Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por la entonces procuradora Ana Matilde Gómez.

Antes de ese nombramiento, Ayú Prado fue director de la Policía Técnica Judicial, cargo que ocupó desde el 25 de junio de 2007 hasta abril de 2008, cuando se inició como jefe durante la transición de esa institución hacia la actual Dirección de Investigación Judicial (DIJ). En este último cargo se le prorrogó el período dos veces, hasta el 30 de septiembre de 2008 y luego hasta el 31 de diciembre de 2009, cuando concluyó su tiempo al frente de la DIJ.

Ayú Prado también fungió como fiscal de Drogas y fiscal superior especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual. El 27 de diciembre de 2010, el presidente, Ricardo Martinelli, lo designó como jefe del Ministerio Público, en reemplazo de Giuseppe Bonissi. Su desempeño en la Procuraduría de la Nación fue cuestionado por su supuesta cercanía con el mandatario. De hecho, diversos sectores de la sociedad criticaron varias de sus decisiones de ordenar el archivo de casos de alto perfil, en los que estaban vinculados funcionarios del actual gobierno.

ANA BELFON

Procuradora de la Nación

Ana Belfon Vejas, conocida como “la fiscal de hierro”, era la secretaria de asuntos legales de la Presidencia. Abogada de profesión, una buena parte de su vida laboral ha estado ligada al sector público. Su carrera en el Gobierno comenzó en el Ministerio Público.

Entre 1986 y 1989, época en que el dictador Manuel A. Noriega tenía las riendas del país, fue fiscal primera superior de Panamá, y entre 1989 y 1990 se hizo cargo de la Fiscalía Tercera Superior. En junio de 1986 ordenó la detención del periodista Guillermo Sánchez Borbón. De este episodio, Sánchez Borbón escribió así: “Cuando la fiscal norieguista me llamó a su despacho para tomarme una declaración, fui inocentemente a meterme en la boca del lobo...”.

En 1994, en el período de Mayín Correa en la Alcaldía de Panamá, comenzó su andar profesional por la comuna capitalina. Allí ocupó cargos de alto perfil: fue asesora legal del despacho superior, directora ejecutiva de la Dirección de Legal y Justicia y secretaria general.

En 1998, mientras era la secretaria general, protagonizó uno de los episodios más escandalosos de su carrera. Se enfrentó con Heriberto Martínez, entonces vicealcalde, y sus diferencias, incluso, llegaron a los tribunales. En este gobierno interpuso ante el Ministerio Público la denuncia contra Balbina Herrera por divulgar correos electrónicos de Martinelli.

Proyecto y ratificaciones, a sesiones extraordinarias

Durante las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional la aprobación del nombramiento de Néstor Vega Yuil como representante de los Profesionales y Técnicos de la Salud en la junta directiva de la Caja de Seguro Social.

Igualmente, se analizarán las designaciones de Luis Ángel Jiménez Hernández, en calidad de miembro de la junta directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores; de Jorge Camacho Canto, como magistrado suplente del Tribunal Administrativo Tributario, y de Silvano Vergara Vázquez, como administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente.

También se discutirá el proyecto de ley que incorpora la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional al Ministerio de Desarrollo Social.

IRENE HERNÁNDEZ

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