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ASESINATO DE BERTA CÁCERES

Piden a la CIDH investigar crimen

Las autoridades hondureñas señalan como principal sospechoso al ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien presenció los hechos.

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El rumbo de la investigación judicial en torno al asesinato de la ambientalista hondureña genera descontento entre sus familiares y las organizaciones no gubernamentales. El rumbo de la investigación judicial en torno al asesinato de la ambientalista hondureña genera descontento entre sus familiares y las organizaciones no gubernamentales.
El rumbo de la investigación judicial en torno al asesinato de la ambientalista hondureña genera descontento entre sus familiares y las organizaciones no gubernamentales. Orlando Sierra

Un grupo de 220 entidades religiosas, ambientales y de defensa de los derechos humanos divulgaron ayer una carta abierta enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para pedir que presione por una investigación independiente del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres .

En la carta, las entidades pidieron a Kerry que interceda por una “investigación internacional independiente” conducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presione al Gobierno de Honduras para que coopere con esa iniciativa.

También solicitaron al jefe de la diplomacia estadounidense “insistir en que las autoridades judiciales hondureñas lleven a cabo su deber de investigar de manera efectiva y oportuna el asesinato” y “presionar al Gobierno hondureño para que cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH”.

“Urgimos al Departamento de Estado a suspender toda asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad hondureñas, con excepción de la asistencia policial en cuanto a investigación y análisis forense, mientras permanezcan impunes los asesinatos de Berta Cáceres” y otros, expresó el documento.

Las entidades también solicitaron al Departamento de Estado una respuesta “que no sea reflejo de las dinámicas políticas convencionales, sino que constituya un profundo cambio de dirección con vistas a mejorar la abismal situación de los derechos humanos en Honduras”.

Por otro lado, familiares del activista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de la ambientalista hondureña, pidieron ayer una mayor protección para él y aseguraron que la jueza del caso parece predispuesta a acusarlo del crimen.

Gustavo Castro permanece en la Embajada de México en Tegucigalpa luego de sufrir heridas de bala en un brazo y una mejilla durante el ataque en el momento en el que la activista ambiental fue asesinada en la vivienda de la dirigente indígena ubicada en La Esperanza.

Así mismo, la organización Amnistía Internacional denunció el pasado martes fallas en la investigación del asesinato de la líder indígena y criticó las medidas a las que está siendo sometido el único testigo de los hechos, el ambientalista mexicano Gustavo Cáceres, cuya vida, según la organización, corre peligro.

En conversación telefónica desde Tegucigalpa, la directora de Amnistía para las Américas, Érika Guevara-Rosas, criticó que no haya un pronunciamiento oficial sobre las líneas de investigación que se están llevando en el caso de Berta Cáceres, pero que extraoficialmente se divulgue que el móvil del asesinato podría haber sido un robo o un crimen pasional, algo que no dudó en calificar de “ofensivo”.

“El gobierno ha reiterado su compromiso por la verdad y la justicia, pero no se traduce en resultados”, denunció Guevara-Rosas.

Según Amnistía, el asesinato de Cáceres ha supuesto “un grave retroceso” en materia de derechos humanos en Honduras, donde ha reinado la impunidad ante otros homicidios similares.

“Ahora hay mucho temor, mucha incertidumbre porque todos los defensores consideraban a Berta intocable”, expresó.

Berta Cáceres , fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada a tiros el pasado 3 de marzo por desconocidos en su localidad de La Esperanza, en momentos en que libraba una batalla contra un proyecto hidroeléctrico en un río que abastece de agua a los indígenas lenca.

Cáceres había sido objeto de medidas cautelares por parte de la CIDH desde 2009, por los que el Estado hondureño era responsable de garantizar la integridad física de la activista.

En un informe difundido en febrero, la CIDH alertó sobre los elevados índices de violencia e impunidad en Honduras, y abogó por reformar los cuerpos policiales. Esta semana, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que en Honduras “en estos últimos 10 años han sido asesinados 118 ambientalistas”.

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