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Asamblea Nacional

Piden al Ministerio Público investigar caso de donaciones

Sectores señalan que a través de la investigación a los funcionarios se podrá descubrir nuevos elementos del escándalo de los donativos.

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La Asamblea Nacional sigue en el blanco de las denuncias por diversos sectores, debido a supuestas irregularidades en la entrega de donativos. La Asamblea Nacional sigue en el blanco de las denuncias por diversos sectores, debido a supuestas irregularidades en la entrega de donativos.
La Asamblea Nacional sigue en el blanco de las denuncias por diversos sectores, debido a supuestas irregularidades en la entrega de donativos. Archivo

La nueva denuncia por supuestas irregularidades en la entrega de donativos gestionados por la Asamblea Nacional con uso de fondos públicos, permitiría llegar hasta los verdaderos responsables de velar por la custodia de esos dineros del patrimonio estatal.

Así lo consideran varios sectores de la sociedad civil al opinar sobre la denuncia penal que interpuso ante el Ministerio Público (MP) la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, contra cinco funcionarios del Legislativo que se presume tramitaron las donaciones y contratos profesionales que entregó la Asamblea Nacional, y uno del Municipio de Santiago de Veraguas que recibió fondos que presuntamente no estaban relacionados con su oficio.

Annette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá, consideró como correcta la iniciativa adoptada por la Fundación, ya que las investigaciones hechas por el diario La Prensa revelaron que los supuestos beneficiarios de los contratos y subsidios recibieron apenas un pequeño porcentaje por sus servicios, y que estos hechos son merecedores de una investigación por parte del MP. 

“Para que esto haya ocurrido tuvo que haber complicidad de quienes tienen la obligación de velar por el buen manejo de los fondos de todos los panameños, y por aquellos que deben fiscalizarlas por parte de la Contraloría”, advirtió.

En tanto, Freddy Pittí, del movimiento Juntos Decidimos, dijo que la denuncia presentada permitirá descubrir el alcance de la red de corrupción que opera en la Asamblea, así como establecer si esto va más allá de las esferas del Legislativo.

Dijo que la investigación que desarrolle el MP en este caso puede conducir a la presentación de nuevas denuncias contra los diputados, tras la recopilación de pruebas y testimonios que los puedan implicar en estos hechos.

Alegó que se debe verificar el alcance de la lesión ocasionada a las arcas del Estado y establecer posibles responsabilidades.

“Vamos a reunirnos con la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana para tomar acciones en conjunto y lograr que estos actos de corrupción sean investigados por las autoridades competentes”, estimó el activista de la sociedad civil.

“Ahora saldrán elementos adicionales que pueden ser usados como pruebas para establecer responsabilidades”, señaló.

En tanto, Magaly Castillo de Alianza Ciudadana Pro Justicia, recalcó que estos funcionarios deben ser investigados y no deben ser cubiertos con el manto de la impunidad, como ha sucedido con los diputados y los magistrados de la Corte gracias a la existencia de la ley blindaje. “Esta ley se debe eliminar”, reiteró.

En el caso de los funcionarios, la ley no exige prueba idónea y por lo tanto las fiscalías Anticorrupción deben investigar y citar a todas la víctimas. Igualmente, la Contraloría General de la República se comprometió a hacer una auditoría de las donaciones y los contratos por servicios profesionales de la Asamblea, pero han pasado 45 días y no se sabe nada sobre el avance de estas auditorías, advirtió Castillo.

Este medio llamó ayer al presidente de la Asamblea, Rubén De León, para conocer su opinión al respecto, pero no contestó las llamadas. Tampoco fue posible entrevistarlo en el pleno, ya que una vez terminó la sesión salió a paso apresurado para su oficina.

PROPONEN CAMBIOS A DONACIONES

Mientras que el diputado del Partido Popular, Juan Carlos Arango, dijo que la comisión que integró con sus colegas Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático (CD), y el perredista Leandro Ávila ya entregó el informe relativo a recomendaciones administrativas para el manejo de las donaciones que entrega la Asamblea Nacional.

“Ya se entregó el informe y, por ejemplo, en las donaciones se ha solicitado dejar de tramitarlas, aunque hay quienes creen que la Asamblea debe tener el mismo trato de otros órganos del Estado”, indicó.

Sostuvo que se han dado opiniones sobre las donaciones y sobre otras cuentas específicas en torno a cómo se manejan, “pero mi opinión es que se bajen los montos de las donaciones y administrarlas de una forma diferente a como se han administrado”. Fuentes legislativas aseguran que antes de implementar las medidas recomendadas por la comisión interna de los tres diputados antes mencionados, se esperarán los resultados de la auditoría que realiza personal de la Contraloría General de la República en la Asamblea, en torno al manejo de las donaciones y los contratos por servicios profesionales.

DENUNCIAS ARCHIVADAS

La Prensa documentó que entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017, la Asamblea Nacional gestionó $14 millones en donaciones que en algunos casos no fueron a parar al beneficiario original. Entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 también gestionó otros $68 millones en contratos por servicios profesionales de trabajos que en ocasiones no se llevaron a cabo.

Tras estas publicaciones se interpusieron tres denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por estos hechos. El 4 de abril pasado el pleno de ese máximo tribunal de justicia no admitió una denuncia interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño contra el presidente de la Asamblea, Rubén De León, por la supuesta comisión de delitos de peculado en este escándalo; también ese día la Corte archivó la denuncia que interpuso sobre el mismo tema el abogado Alexis Sinclair contra De León y el contralor Federico Humbert.

El 17 de abril pasado, el pleno de la Corte también archivó, alegando falta de prueba idónea, la denuncia que interpuso el abogado Carlos Herrera Morán en representación del activista de la sociedad civil Freddy Pittí contra 13 diputados de la Asamblea Nacional, por supuestas irregularidades en la gestión de donaciones por parte del Legislativo.

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