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Piden agilizar reformas a la Ley 22

La intención del Ejecutivo en cuanto a la ley de contrataciones públicas es que se apruebe en este período, dijo el ministro Álvaro Alemán.

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Los diputados Raúl Hernández, Miguel Salas (centro) y Rosa Canto, en el debate del proyecto. Los diputados Raúl Hernández, Miguel Salas (centro) y Rosa Canto, en el debate del proyecto.
Los diputados Raúl Hernández, Miguel Salas (centro) y Rosa Canto, en el debate del proyecto. Archivo.

El Ejecutivo solicitará a la Asamblea Nacional agilizar el debate del proyecto de ley 305 que reforma la Ley No. 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, indicó el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

“La intención en cuanto a la ley de contrataciones es que se apruebe en este período”, aseguró.

Ante la interrogante de que si el Ejecutivo le solicitará a los diputados agilizar este tema, Alemán respondió que “así es”.

Agregó que los diputados aún tienen un mes para el debate, señalando que por el momento no hay planes del Ejecutivo de llamar a sesiones extraordinarias.

El proyecto de ley 305 de reformas a la ley de contrataciones públicas se encuentra en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. La semana pasada, esta comisión culminó el período de comparecencias de representantes de empresas, miembros del Ejecutivo y de asociaciones de la sociedad civil.

A esta iniciativa se le han planteado varias modificaciones, que deberán ser evaluadas por los diputados de dicha comisión.

Entre estas destaca la planteada por el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Fernando Aramburú Porras y por el Movimiento de Independientes, en el sentido de que se impida la participación en licitaciones con el Estado a las personas o empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública (corrupción) por un tribunal panameño o extranjero.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, también se sumó a que se apruebe en la ley esta prohibición.

Actualmente el proyecto 305 señala que no podrán participar en actos del Estado “las personas que, en los cinco años que anteceden a la contratación, hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública; blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico (...) con penas de prisión de un año o más, por un tribunal panameño”.

La próxima semana los diputados deberán analizar las propuestas planteadas por los diferentes sectores.

El proyecto llegó a la Asamblea el 18 de febrero pasado de manos del viceministro de Economía, Iván Zarak.

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