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Piden fortalecer ley de contrataciones públicas

Sectores de la sociedad civil impulsan reformas anticorrupción para evitar que empresas procesadas por corrupción participen en licitaciones locales.

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La Asamblea Nacional tiene pendiente debatir el veto presidencial a la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas. La Asamblea Nacional tiene pendiente debatir el veto presidencial a la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.
La Asamblea Nacional tiene pendiente debatir el veto presidencial a la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas. Archivo

El proyecto de ley 305, que modifica la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas y cuyo veto presidencial está pendiente de ser resuelto por el Legislativo, contiene reformas que no combaten la corrupción y la transparencias en las licitaciones públicas, concluyeron representantes de la sociedad civil.

En junio pasado, el Ejecutivo vetó por “inconveniente” los artículos 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77 del proyecto de ley 305 de reformas a la Ley 22 de 2006 y que había sido aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el 29 de abril pasado.

Para Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, el proyecto de ley 305 y el veto presidencial no contienen los mecanismos para evitar que empresas que buscan corromper el sistema o que han participado de esa corrupción en el extranjero, tengan acceso a las adjudicaciones de grandes contratos en Panamá.

“Como está la reforma y con lo que se propuso de parte del Ejecutivo no se garantiza que vayamos a tener control de la corrupción o que empresas de países que tienen más control de la corrupción se interesen en participar en licitaciones en Panamá”, advirtió.

A juicio de Gasnell, aunque el veto presidencial se dio sobre la base de ocho artículos del proyecto 305 que reforma la Ley 22, el Ejecutivo debe agilizar su aprobación e inmediatamente debe presentar nuevas reformas y medidas anticorrupción en las contrataciones públicas.

“Cuando se apruebe esa ley con esas objeciones la ciudadanía va a ver que no están los mecanismos de control de la corrupción que se vendieron. Debería el Gobierno reflexionar sobre lo que se hizo e introducir otros mecanismos anticorrupción durante 2017 para evitar que se sigan dando los mismos escándalos”, enfatizó.

En tanto, Horacio de Icaza, del Movimiento Independiente (Movin), manifestó que el Gobierno no ha cumplido con una serie de normas y de cambios institucionales que se requieren para tener una mayor transparencia. Una de ellas, dijo, ha sido la reforma a la ley de contrataciones públicas.

Recordó que la ley de contrataciones públicas, luego de ser vetada por el Ejecutivo, está engavetada en la Asamblea y no contiene las normas de control necesarias. “La ley como está es débil; no es cuestión de dejarla allí engavetada, sino de fortalecerla. Hay que reformar la ley de contrataciones públicas con una meta de cambio en el país”, precisó.

Indicó que de no hacer los ajustes que se requieren, el Gobierno dejaría una ley incompleta y privaría al país de un marco legal que lo haga más transparente, más competitivo y que lave la mala imagen que tiene Panamá en el exterior.

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