Piden juicio para exfiscal de Bocas

La fiscal segunda Anticorrupción, Lizzette Chevalier, pidió que se llamara a juicio al exfiscal primero de circuito de Bocas del Toro Ernesto Silva Espinoza, por la supuesta comisión del delito de peculado culposo tras irregularidades en una diligencia judicial realizada este año en una operación antidrogas, en la que hubo un faltante de dinero decomisado.

Fuentes judiciales dijeron que la vista fiscal con llamamiento a juicio fue enviada ayer viernes al Juzgado de Circuito de Chiriquí.

Según las fuentes, la fiscal Chevalier encontró suficientes evidencias que vinculan a su excolega en el delito que se le imputa.

Silva Espinoza presentó su renuncia, el pasado jueves 31 de mayo, en medio de las investigaciones administrativa y penal que se le abrieron.

Al exfuncionario de instrucción se le formularon cargos por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, pero se acogió al artículo 25 de la Constitución Nacional para no declarar en su contra.

El Ministerio Público informó que la renuncia del exfiscal no suspende la investigación penal, pero sí deja sin efecto la investigación administrativa que adelantaban los fiscales superiores de Chiriquí.

La investigación

Todo comenzó este año con la confiscación de una maleta en cuyo contenido había 300 mil dólares, pero supuestamente al darse el registro se encontró una cantidad menor a la que se había incautado.

Otra irregularidad fue que se hizo el conteo del dinero en ausencia de la persona vinculada en el caso investigado.

Al enviarse el expediente del caso a la sede de la Procuraduría de la Nación de Chiriquí, los investigadores se percatan de que no coincide la cifra del dinero incautado registrado en el acta levantada por Silva Espinoza, con el informe de los agentes policiales que participaron en la diligencia de allanamiento.

Silva Espinoza estuvo al frente de las investigaciones sobre las muertes y los actos vandálicos ocurridos en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, durante las protestas contra la Ley 30 en julio de 2010.

Laboró como funcionario del MP desde el 1 junio de 1982 hasta el 31 de mayo de 2012, cuando renunció.

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