Avalúos catastrales

Piden resolución ministerial

Una resolución del MEF podría poner en cauce la palabra del presidente, Ricardo Martinelli, quien dijo que los avalúos estaban suspendidos.
Muchos sectores alegan que la política de evaluar bienes inmuebles llevada a cabo por el Ministerio de Economía y Finanzas es confiscatoria, selectiva e incluso incoherente. LA PRENSA/Eric Batista. Muchos sectores alegan que la política de evaluar bienes inmuebles llevada a cabo por el Ministerio de Economía y Finanzas es confiscatoria, selectiva e incluso incoherente. LA PRENSA/Eric Batista.
Muchos sectores alegan que la política de evaluar bienes inmuebles llevada a cabo por el Ministerio de Economía y Finanzas es confiscatoria, selectiva e incluso incoherente. LA PRENSA/Eric Batista.

Para que las palabras del presidente de la República, Ricardo Martinelli, en referencia al tema de cancelar las revalorizaciones catastrales tengan efecto, se necesita una resolución ministerial de la cartera de Economía y Finanzas (MEF).

Así lo explicó Adolfo Linares, abogado de la firma Linares & Asociados, agremiado de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa e integrante del grupo de empresarios, juristas, políticos y expertos en el tema de avalúos que se oponen a la política fiscal.

“El ministro [Frank De Lima] tiene que simplemente anunciar públicamente que se suspenden los avalúos”, dijo Linares. Así “aquellas fincas a las que se les ha aplicado un nuevo valor catastral, se les retrotraiga a los valores anteriores”.

La de Linares es una de las tantas sugerencias y solicitudes que se hacen ante la medida que lleva ya dos años de ejecutarse, en determinadas zonas de clase media-alta y clase alta de la capital, y en terrenos de las zonas playeras de la costa pacífica de la provincia de Panamá.

Ayer, Linares sostuvo una reunión especial con diversos gremios en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, entre los que participaron el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, el Colegio Nacional de Abogados de Panamá y la Asociación Bancaria de Panamá.

El encuentro fue un día después de que el mandatario anunciara durante una entrevista en Telemetro Reporta: “yo he suspendido los avalúos”.

Ayer reiteró la idea durante la colocación de la primera piedra de un complejo habitacional en El Chorrillo. “¿Avalúos?”, yo dije que eso está suspendido. Pero la realidad es que el titular del MEF aún no ha manifestado opinión o comentario alguno públicamente sobre el asunto.

“La palabra del Presidente no cambia esto porque no hay ninguna orden de revocar los 26 edictos que fueron publicados”, señala Marcela Gómez de Antinori, abogada y consultora jurídica, tributaria y financiera, y presidenta de la firma Advice Panamá, S.A.

Ella destaca que el gobierno central tiene la potestad de llevar a cabo las revalorizaciones en los sectores que considere. Sin embargo, reclama que estas se hagan “en base al principio de la coherencia y la equidad tributaria”.

“Molesta y preocupa la discriminación entre grupos iguales”, reitera la abogada, quien conoce de las quejas de sus clientes que manifiestan la falta de avalúos en zonas como Altos del Golf, Coco del Mar, Marbella, y otras zonas residenciales de “personas con alto poder adquisitivo”.

Pero mientras los agremiados trabajan por entregarle al ministro De Lima una resolución oficial opositora a esta medida (estiman un mes), otros actores en el asunto están tomando sus medidas.

El diputado opositor Yassir Purcait presentó en el último día de sesiones regulares de la Asamblea Nacional [31 de octubre] el anteproyecto de ley 69 que “suspende temporalmente” los efectos del artículo 767 del Código Fiscal.

De esta forma “habrá la oportunidad de revisar todos los malos aspectos como quién fija el avalúo, quién determina el precio de compra-venta y demás aspectos relacionados con la base imponible”, explicó el diputado a este medio.

En paralelo, el Consejo Municipal alzó su voz este jueves y solicitó la presencia del ministro De Lima en la próxima reunión de ediles, y a la vez solicitó, también con mayoría, que se derogue totalmente la ley de avalúos.

Iván Picota, representante de Betania, dijo que si “este país está en franco crecimiento; tiene inversión extranjera y entrará en función la ampliación del Canal”, no comprende por qué el Gobierno debe seguir “sacando plata a los panameños”.

Surgirán entonces diversos escenarios, como la solicitada entrada de la retroactividad de la ley. El Estado devolvería lo que ya han pagado los contribuyentes, sea mediante crédito o, difícilmente, en dinero líquido.

Pero, sea como sea, la abogada Gómez de Antinori exhorta al Gobierno a que lo que se haga “sea en frío y objetivamente, no tratando las cosas de último momento”.

Pidió que “si viene una planificación, que se haga; pero que sea consultada y con la ley y demás principios rectores”.

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