DERECHOS FUNDAMENTALES

Plantean crear acción de tutela

La iniciativa intenta ampliar las herramientas para que los ciudadanos conozcan y defiendan sus garantías fundamentales ante las instancias correspondientes.

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El proyecto elimina la necesidad de un abogado para interponer la acción. LA PRENSA/Archivo. El proyecto elimina la necesidad de un abogado para interponer la acción. LA PRENSA/Archivo.
El proyecto elimina la necesidad de un abogado para interponer la acción. LA PRENSA/Archivo.

El sistema judicial nacional podría someterse a un importante cambio en la protección ciudadana de aprobarse el anteproyecto de ley que propone establecer la acción de tutela.

Se trata de un nuevo proceso que faculta a cualquier ciudadano panameño, sin necesidad de abogado, a interponer una acción ante la autoridad correspondiente cuando considere que las garantías fundamentales contenidas en la Constitución fueron agredidas.

La iniciativa fue propuesta por el diputado del Partido Revolucionario Democrático Elías Castillo, quien utilizó el trabajo final de la licenciatura en derecho de la Universidad de Panamá de su hija para sustentar la reforma.

“Será un instrumento otorgado a los ciudadanos para proteger las garantías de derechos fundamentales que podrá ser atendida por los jueces, en todo momento y lugar, mediante procedimiento sumario cuando se vulneren o amenacen derechos de rango constitucional”, explicó Castillo.

¿CÓMO FUNCIONA?

Hasta ahora, el único mecanismo disponible para la ciudadanía ante la violación de sus derechos fundamentales es el amparo de garantías, que se interpone a través de un abogado.

“Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona”, dice el artículo 54 de la Constitución. Es decir, solo protege a los ciudadanos ante faltas específicas de los servidores públicos.

Pero la Carta Magna determina en su primer capítulo cuáles son las garantías fundamentales que protegería la acción de tutela de ser aprobada. Algunas de ellas son: no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas; nadie podrá ser privado de su libertad. El Estado no podrá extraditar a sus nacionales ni a los extranjeros por delitos políticos; nadie está obligado a declarar en asuntos criminales contra sí mismo; el domicilio o residencia son inviolables.

La lista continúa: toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional; es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos; toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura; toda persona tiene derecho a solicitar información pública; y se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley, entre otros derechos.

En la sustentación de la norma se asegura que al permitir que se interponga sin intervención de apoderado judicial se logra ampliar a los sectores económicamente menos activos la posibilidad de defender sus derechos.

El único recurso actual que puede interponerse sin necesidad de abogado es el hábeas corpus, acción que protege la libertad personal.

En países vecinos como Colombia, esta figura adquirió importancia en 1991 cuando esa nación la introdujo en su nueva Constitución. A partir de entonces, se ha convertido en una de las principales herramientas de los ciudadanos de ese país ante el atropello a sus derechos.

Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, esta iniciativa beneficia de gran manera a la población. “Contribuiría de manera contundente a facilitar el conocimiento de los derechos por parte de la ciudadanía y su autoprotección y defensa ante las instancias correspondientes”, sostuvo.

Indicó que pese a la iniciativa, Panamá aún está muy atrasado en materia judicial sobre los derechos fundamentales.

Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, también aplaudió la propuesta. “Toda medida es buena mientras amplíe las garantías del ciudadano para que se le reconozcan sus derechos e impedir los actos arbitrarios”, dijo el jurista.

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