investigación por compra del grupo epasa

Kenia Porcell: 18 imputados por blanqueo

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, no descartó que se formulen cargos a otras personas por esta investigación penal.

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La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reveló ayer que la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada le ha formulado cargos a 15 personas jurídicas, 2 personas naturales y 1 firma de abogados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la investigación sobre una serie de transacciones efectuadas para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A. (Epasa) –que agrupa a varios medios de comunicación impresos- presuntamente con fondos de origen público.

Porcell, en conferencia de prensa, explicó el origen de la investigación de este proceso, así como detalles de cómo se hicieron las transacciones para la compra del grupo Epasa a finales de 2010 que involucró, según las pesquisas, la utilización de dinero proveniente del Estado.

Porcell explicó que el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento del presunto delito en contra del orden económico el 10 de febrero de 2017, por conducto de la Asamblea Nacional.

Fue el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, quien en varias intervenciones en el pleno de la Asamblea denunció el supuesto ilícito y pidió al MP que investigara el caso.

La jefa del MP precisó que una vez se tuvo conocimiento del supuesto ilícito se abrió una investigación para obtener información bancaria hasta dar con la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a una sociedad offshore.

“Para probar el delito, realizamos una serie de actos de investigación que nos permitió obtener la información bancaria, que de manera clara y precisa detalla el uso de una cuenta bancaria offshore para recibir y agrupar dinero, cuya procedencia estaba relacionada con actividades vinculadas a delitos contra la administración pública, y, con el fin de disimular el presunto origen del ilícito del dinero, fueron adquiridas un grupo de empresas, entre ellas, medios de comunicación”, detalló.

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PROCESO

Contó que este dinero provenía, entre otras fuentes, del contrato para la ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera.

“El delito de blanqueo de capitales requiere de un delito [...] de un hecho ilícito precedente. El delito precedente en estos momentos es el caso de la autopista La Chorrera-Arraiján”, aseguró la funcionaria, lo que supondría la comisión de un delito contra la administración pública.

Parte del dinero recibido del Estado para ampliar la autopista, aclaró Porcell, fue utilizado para la compra del grupo de medios de comunicación.

A la empresa Transcaribe Trading , S.A. (TCT), ligada a los hermanos David y Daniel Ochy, le fue adjudicada esta obra en 2010 por $152.6 millones, pero en 2013 se hizo una adenda que elevó su costo a $161.8 millones.

De acuerdo con la procuradora, el Gobierno le adelantó $22 millones a TCT, fondo este del que se presume salió parte del dinero para adquirir el grupo editorial Epasa.

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Porcell: 18 imputados por blanqueo

LA OTRA FASE

La jefa del MP también explicó cómo fue la fase de estructuración del presunto delito.

Dijo que la maniobra económica de transferencia de dinero fue efectuada en el término de dos días, entre el 21 y 22 de diciembre de 2010, y se utilizaron siete bancos locales y cinco extranjeros, de jurisdicción estadounidense, suiza y china.

Indicó que se hace necesario solicitar asistencia de cooperación judicial a estos países dentro de la investigación.

Precisó que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pudo detectar la participaron de 18 personas naturales y jurídicas que efectuaron 18 transacciones, de las cuales 16 fueron en un periodo de 2 días.

Las pesquisas también detectaron que estas transacciones eran por diversos montos, que van desde $80 mil hasta $11.4 millones que eran depositados en los bancos locales y los extranjeros en los países ya mencionados.

Detalló que las transferencias llegaban a la cuenta que fue denominada como ‘New Business’ (Nuevo negocio) en Islas Vírgenes Británicas. Esta sociedad tiene una cuenta bancaria en la isla de Montserrat, en el Caribe.

“Todo el dinero llega a esta cuenta bancaria offshore, en Montserrat, y de allí, en esas fechas del 21 y 22 de diciembre de 2010, se giraron 2 cheques para la compra de estas empresas, por un total de $39.9 millones”, reveló la procuradora.

Dijo que estas personas hicieron todos estos movimientos para finalmente retornar el dinero a Panamá.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Sobre la situación con el grupo Epasa, Porcell dijo que su funcionamiento “no se afectará”. Porcell indicó que “el MP no ha secuestrado, ni allanado las instalaciones de este grupo empresarial y tampoco pretende cerrar la empresa”.

“Nuestra investigación tiene como objetivo identificar el delito de blanqueo de capitales, cuyo delito precedente es contra la administración pública y su respectiva sanción ante los tribunales competentes”, destacó.

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