EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO AL EXPRESIDENTE ERNESTO PÉREZ BALLADARES

Posibles irregularidades en validación de sentencia

Fuentes del Órgano Judicial y del Ministerio Público informaron que el fallo lleva la firma de un magistrado suplente que no calificaba para ello.

El proceso de firma y validación del fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia que ratificó el sobreseimiento definitivo otorgado al expresidente Ernesto Pérez Balladares y a otras 14 personas acusadas de blanqueo de capitales tendría irregularidades significativas, según informaron fuentes del Órgano Judicial y del Ministerio Público que, por lo delicado del caso, pidieron la reserva de sus nombres.

El fallo, con fecha del 5 de enero pasado, fue remitido ese mismo día al Juzgado Noveno Penal, que sobreseyó en primera instancia a Pérez Balladares y al resto de los imputados el 29 de abril de 2011, para la debida notificación de las partes.

La sentencia lleva la firma de por lo menos un magistrado al que supuestamente no le correspondía tal validación, según las fuentes.

El 16 de mayo pasado, cuando la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada apeló la decisión de primera instancia, le correspondió a la magistrada Elvia Batista ser la ponente del caso.

Una vez admitida la apelación, el tribunal colegiado quedó integrado además por los magistrados Luis Mario Carrasco y Joaquín Ortega, de acuerdo con el artículo 765 y en concordancia con el 131 y el 772 del Código Judicial .

Carrasco pidió que ser declarado impedido por haber conocido el caso previamente como magistrado suplente de la Corte Suprema, solicitud que fue acogida por sus colegas y razón por la cual le correspondió reemplazarlo al magistrado Wilfredo Sáenz (ver tabla).

No obstante, Sáenz pidió a sus colegas que lo declararan impedido a finales de octubre de 2011. Argumentó que antes había admitido un poder de un abogado sustituto en el proceso y quien dos años antes había iniciado un proceso disciplinario en su contra.

La magistrada Geneva Aguilar de Ladrón de Guevara, a quien correspondía el turno de constituir el tribunal según el orden alfabético de los apellidos de los magistrados, refutó el argumento de Sáenz, devolvió el proyecto de fallo a Batista y el 2 de noviembre de 2011 envió al pleno de la Corte un amparo contra el auto 26 del Tribunal, del 25 de octubre de 2011, por medio del cual Batista y Ortega aceptaban el impedimento de Sáenz. Este recurso, por reparto, tocó al magistrado Jerónimo Mejía.

Dicho amparo no ha sido resuelto aún, debido a que el magistrado Mejía pidió que se le declarara impedido, tras alegar que de manera indirecta tuvo en el pasado una relación contractual de consulta como abogado con uno de los imputados. Esta petición recayó en su colega Harley Mitchell, según confirmaron las fuentes.

Aunque el pleno de la Corte no ha decidido si es Sáenz o Aguilar de Ladrón de Guevara quien debe firmar el fallo junto con Ortega y Batista, el pasado viernes se dio a conocer la decisión del Segundo Tribunal con la tercera firma de José Hoo Justiniani, juez penal de La Chorrera, quien actuó en calidad de suplente especial.

Las fuentes explicaron que Hoo Justiniani es suplente de Carrasco, que ya había sido declarado impedido en el caso y, por consiguiente, según el Código Judicial, no podía firmar.

Se buscó consultar al juez Hoo Justiniani sobre su participación en el caso. Su despacho dijo que está de vacaciones desde el 1 de enero pasado.

Mediante la Secretaría de Comunicación de la Corte se gestionó una reacción de Batista. Se indicó que no habría comentarios. Se llamó, además, a Aguilar de Ladrón de Guevara. Respondieron que también está de vacaciones.

En el Órgano Judicial se confirmó ayer que el juez noveno penal, Diego Fernández, está en proceso de notificar a las partes.

De confirmarse lo revelado, correspondería a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada denunciarlo, y al Procurador de la Nación, investigarlo.

Como Ayú Prado fue el primer fiscal que instruyó el expediente, también tendría que declararse impedido, según las fuentes.

Carlos Cabezas y José María Castillo, del equipo de abogados de Pérez Balladares y demás sobreseídos, se reunieron con Ayú Prado.

Cabezas dijo desconocer irregularidades en las firmas de los magistrados que validaron la sentencia.

(Con información de Elio Núñez).

´No hubo un delito precedente´

Tal como lo señaló en decisión de primera instancia el Juzgado Noveno Penal, los ma-gistrados del Segundo Tribunal Elvia Batista, Joaquín Ortega y José Hoo Justiniani, este último en calidad de suplente especial, dijeron que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada no logró probar el delito de corrupción impropia, precedente al blanqueo de capitales por el que se acusó al expresidente Ernesto Pérez Balladares y a otras 14 personas.

El fallo señala que el contrato original de la empresa Lucky Games S.A. con el Estado permitía la administración y operación de máquinas electrónicas tipo B, que luego pasaron a ser tragamonedas tipo A. Además, que el contrato requería, por ley, la aprobación del Consejo de Gabinete y que, por ende, no puede decirse que se trató de un acto arbitrario de corrupción.

Agrega que las auditorías incluidas en el expediente indican que el dinero de las operaciones de Lucky Games es lícito y que había supervisión de la Junta de Control de Juegos.

Juan Manuel Díaz C.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

24 Sep 2017

Primer premio

1 0 7 1

ACDA

Serie: 23 Folio: 11

2o premio

8324

3er premio

5691

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código