Posposición de sistema penal beneficia a altos funcionarios

Al aprobar la ley que posterga por dos años la aplicación del sistema penal acusatorio en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá, Colón, Darién, y en las comarcas Gunayala y Ngäbe Buglé, los diputados de la bancada oficialista (Cambio Democrático y Movimiento Liberal Republicano Nacionalista) se aseguraron de dejar vigentes para ellos, y para los más altos funcionarios del Gobierno, las garantías del nuevo modelo penal.

En efecto, juristas como Armando Fuentes, Rogelio Cruz y Esmeralda Arosemena de Troitiño coincidieron en advertir de que la recién aprobada Ley 8 de 2013 no incluyó los procesos que, por el “peso” de los funcionarios, entre estos el Presidente, tengan que ser ventilados en la Asamblea Nacional o en la Corte Suprema de Justicia.

Para el resto de los ciudadanos de esas provincias y comarcas, en cambio, el sistema que rige es el inquisitivo mixto.

“Vivimos en un país en el que imperan dos sistemas penales, con beneficios para un grupo de ciudadanos y con afectaciones para otro, lo que es violatorio del artículo 19 de la Constitución que hace referencia al principio de igualdad”, señaló la exmagistrada Arosemena de Troitiño.

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