POLÉMICA por proyecto inmobiliario EN AMADOR

Presidente se distancia de relleno

El mandatario, Ricardo Martinelli, dijo en su cuenta de Twitter que el relleno en Amador es idea de un empresario, y nada tiene que ver con su gobierno.

Martinelli, quien se encuentra en España, escribió en su cuenta de Twitter: “el supuesto relleno de Amador es una idea de un empresario, y nada tiene que ver con la cinta costera tres ni con el gobierno”.

El mandatario se refiere a su amigo y empresario Rafael Boli Bárcenas, quien a través de la empresa Maritime City solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la primera opción de compra sobre el lecho marino para construir un relleno en Amador.

El ministro de Economía, Alberto Vallarino, frenó el 9 de junio la petición de la empresa responsable del proyecto Maritime City, alegando que darle la opción de comprar el lecho marino era inconstitucional.

El proyecto ha generado duras críticas de políticos y sectores de la sociedad civil que alegan que la tercera fase de la cinta costera beneficiaría directamente al proyecto y que las reformas que paralelamente empuja la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) buscan quitarle al MEF injerencia sobre el tema, y de paso la aprobación de la obra llamada Amador Ciudad Marina.

La idea de Maritime City es levantar una lujosa ciudad en un relleno de 36 hectáreas en Amador.

La cinta costera terminaría conectada a esta obra, con lo que se podría llegar al aeropuerto de Tocumen en 20 minutos.

Aunque Amador Ciudad Marina sería el destino final de la cinta costera, el ministro de Obras Públicas (MOP), Federico Suárez, indicó que ni siquiera conocía el proyecto y descartó que este tenga alguna relación con la infraestructura vial.

Los representantes de Maritime City advierten que el proyecto tiene su génesis en la década de 1980, descartando que quieran sacar provecho de los trabajos viales que adelanta el MOP y mucho menos de las reformas a la ley de la Anati.

Confirmaron que correrán con los gastos del ensanche a cuatro vías de la carretera de Amador, y que estarían dispuestos a pagar a más de 200 dólares el metro cuadrado al Estado por estas tierras.

Sin embargo, los cambios a la ley de la Anati, presentados 20 días después de la negación del ministro Vallarino, han despertado dudas.

El propósito de la propuesta presentada por el administrador de la Anati, Alejandro Castillero, es atribuirse dentro de su potestad todos los bienes revertidos y zonas costeras, algo que podría cambiar el rumbo de la fallida solicitud de arrendamiento con opción de compra que le hizo Maritime City al MEF.

Castillero ha guardado silencio desde que presentó las reformas a la ley hace dos semanas ante el Consejo Nacional de Tierras.

Su actitud es muy distinta a la de hace una semana cuando, con fondos del Estado, publicó en los periódicos de la localidad comunicados en los que defendía la titulación de tierras hecha a favor de la ministra de Trabajo, Alma Cortés, quien pagó el precio mínimo por los trámites.

Rubén Elías Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados, señaló que el caso de Amador manda el mensaje de que en el país se cambian las leyes cada vez que un mandatario así lo desea.

“Pienso que si no se hacen los correctivos necesarios, todo esto podría desencadenar en una crisis institucional”, dijo el presidente del Colegio de Abogados.

El presidente del Comité Ecuménico de Panamá, Pablo Morales, se mostró molesto porque el presidente Martinelli, al inicio de su gobierno, ingresó a Amador a criticar los rellenos ilegales de Jean Figali, con lo cual se pensaba que se había acabado el polémico capítulo de las concesiones en las áreas revertidas.

Para Mariela Arce, del Centro de Estudios y Acción Social Panameña, no es correcto que se cedan terrenos en esa área a grupos privados.

Por su parte, Giulia De Sanctis, de la Alianza pro Ciudad, dijo que está claro que el gobierno no hace consulta pública y quiere aprobar normas que no se sabe a quiénes benefician.

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