ECUADOR

‘Proceso a medios es político’

El diario ‘El Comercio’ espera desde ayer que les comuniquen el fallo en su caso, ya que la ley fija que se emita cinco días después de la audiencia.

Recuentan 1.2 millones de votos sin CREO

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‘Proceso a medios es político’

Viviana Paredes, representante del Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, durante una audiencia por el caso por supuesta censura previa. Tomada de eltelegrafo.com.ec Viviana Paredes, representante del Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, durante una audiencia por el caso por supuesta censura previa. Tomada de eltelegrafo.com.ec

Viviana Paredes, representante del Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, durante una audiencia por el caso por supuesta censura previa. Tomada de eltelegrafo.com.ec

Como una medida absurda y sin fundamento, y de carácter político, es catalogado el proceso que por “censura previa por omisión” lleva adelante la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) de Ecuador contra siete medios de comunicación.

Así lo consideran la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), que agrupa a las empresas editoriales privadas que publican los diarios y revistas con mayor circulación del país, y la organización de defensa de la libertad de expresión e información Fundamedios.

Tanto Aedep como Fundamedios han instado a la Supercom a desechar la denuncia presentada por el Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, efectuada el pasado 27 de marzo, unas dos semanas antes de la segunda vuelta electoral, contra los diarios El Universo, El Comercio, La Hora y Diario Expreso, y contra Teleamazonas, Ecuavisa y Televicentro.

Estos medios están acusados de incurrir “ en el acto de censura previa de la investigación profunda realizada por el medio argentino Página 12, en el que reveló la presunta existencia de una red de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos en el Ecuador y aún más grave, mostró el enriquecimiento del candidato a la Presidencia de la República, Guillermo Lasso, después del feriado bancario, a través de la compra de certificados de aportación de ciudadanos perjudicados por la banca”.

Aedep, a través de su director ejecutivo, Diego Cornejo-Menacho, manifestó que una vez concluidas sendas audiencias de sustanciación, ha quedado demostrado hasta la saciedad que los medios acusados jamás incumplieron el artículo 18 de la Ley de Comunicación (LOC), en vigencia, y que la denuncia en su contra estuvo motivada por intereses electorales.

La Aedep reiteró que las acciones de la Supercom, “concertadas con grupos de activistas vinculados al partido” del presidente Correa, buscan hostigar a los medios, doblegar su línea informativa y debilitarlos económicamente. Asimismo, recordó que la Supercom opera como un tribunal propio de las dictaduras de los años 1970 en la región.

(...) Ese organismo (...) ha venido sancionando a los medios independientes por lo que publican, por lo que no publican (como es este caso) y por lo que publican los otros: que el censor no ha dudado, incluso, en sancionar a medios por los contenidos de remitidos, pagados por terceros”, remarca la declaración de Aedep.

Mauricio Alarcón, subdirector de Fundamedios, manifestó que desde la misma discusión del proyecto de ley de comunicación advirtieron de la existencia de figuras “inaplicables y ridículas”, como la de “censura previa por omisión”. “La catalogamos de esta manera porque es prácticamente imposible, de manera objetiva, determinar si hay o no intencionalidad dentro de un medio, sea de un editor o de un periodista, de ejercer censura previa por omisión respecto de una nota o una opinión que se va a publicar”, alegó.

Alarcón advirtió que en el caso contra los siete medios, por no reproducir lo publicado por Página 12, hay además otros aspectos a tomar en consideración, ya que a los medios de comunicación también se les sanciona de acuerdo con la LOC si publican información que no ha sido debidamente verificada y contrastada.

“La nota de Página 12 (...) no cumple ni con el supuesto de contrastación ni de verificación. Entonces, si los medios reproducían la nota podían ser sancionados (...) y ahora se les está siguiendo un proceso para sancionarlos por no publicar (...) Entonces, palo porque bogas y palo porque no bogas”, dijo.

Para Alarcón, lo procedente y lógico es que, si se respeta la LOC y los preceptos que ella establece para la censura previa por omisión, es que se deseche el caso, determinando que los medios de comunicación no podían presentar información no contrastada y que había una normativa electoral que traía problemas evidentes contra los medios también.

Se refiere Alarcón a una disposición del Código de la Democracia (artículo 203), vigente a propósito de las elecciones generales, y que según Henry Tobar, gerente general y procurador judicial del diario El Comercio, uno de los denunciados, establece que los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. El incumplimiento de esta norma, detalló Tobar, conlleva una multa de hasta $100 mil.

Lanzado a mediados de 2016, según registran sitios digitales ecuatorianos, el Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad nace a propósito de exigir que el “servicio comunicacional” que prestan los medios sea “realmente público”. En un manifiesto que se encuentra en su sitio web, el Observatorio señala que a pesar de la existencia de la LOC –aprobada durante la gestión del presidente Rafael Correa–“los grandes emporios mediáticos todavía son mercaderes de lo que se dice y lo que se hace” y que “el derecho de cada ciudadano de recibir información de relevancia pública sigue en peligro”.

El Comercio fue el primer medio llamado a audiencia y Henry Tobar afirma que en ese acto judicial él hizo notar que la publicación del medio argentino aludía a una presunta existencia de una red de empresas offshore del excandidato Lasso, es decir, que no era información comprobada, algo que, según el artículo 22 de la LOC, no se puede publicar.

Explicó que el artículo 18, sobre la prohibición de censura previa, encadena una serie de hechos que se tienen que demostrar para declarar una censura previa por omisión y el denunciante no los pudo comprobar. “ El Comercio demostró mantener una agenda propia a dos y tres semanas. Que no nos puedan comprobar que tuvimos esa noticia en la mesa de redacción y la rechazamos o que tuvimos algún interés de no hacerlo o de sí hacerlo o de beneficiar a un tercero, simplemente con eso debería caerse el argumento”, precisó Tobar.

Añadió el ejecutivo que, “lastimosamente”, Ecuador es un país donde las funciones del Estado no son imparciales o independientes y la Supercom “está alineada completamente con el Gobierno”, por lo que sus sentencias o fallos normalmente atienden lineamientos políticos y no en derecho.

Tobar destacó que la cara visible del denunciante (Viviana Paredes) trabajó en la Supercom, y dos días antes de que interpusieran la denuncia, el 27 de marzo, el presidente Correa dijo en su programa semanal, que estaba esperando a que los “medios independientes” publicaran algo de lo reseñado por Página 12. Un día después el diario fue notificado.

“No es novedad acá en Ecuador que lo que dice el presidente, los ágiles funcionarios públicos actúan en consecuencia y de inmediato”, apuntó.

Recuentan 1.2 millones de votos sin CREO

Ecuador   inició ayer el recuento  de 11.2% de los sufragios del balotaje del 2 de abril, en el que fue declarado ganador el oficialista Lenín Moreno, en un inédito evento transmitido por televisión y rechazado por la oposición por considerarlo una “farsa”.

Cientos de funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) abrían desde primera hora de la mañana de ayer  unas 3 mil 865 urnas impugnadas en su mayoría por el ex banquero opositor Guillermo Lasso, que desconoce la victoria del socialista Moreno por el 51.15%.

“Vamos en la jornada de este martes 18 de abril, histórico para el país e inédito para el mundo, a dar paso al reconteo de aproximadamente 1 millón 275 mil 450 votos”, dijo el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, al inaugurar el acto.

Subido en una tarima con una pantalla gigante, Pozo, quien días atrás le denegó a Lasso el recuento del 100% de los votos, pero accedió a contar una parte, saludó la presencia “del mundo entero”, representado, según él, por las misiones de observación de la OEA y Unasur.

Al lugar donde se colocaron los paquetes electorales con fuerte resguardo militar, llegaron observadores del partido oficialista Alianza País para seguir el proceso, que se prevé finalice hoy. Los delegados del movimiento Creando Oportunidades (CREO) de Lasso no asistieron.  “No asistiremos a ese show correísta que busca burlarse de los votantes. Porque debemos ser claros: la única forma de conocer la verdad y transparentar el proceso es el recuento total”, expresó.

Lasso apeló y pidió el recuento del 100% de los sufragios, primero ante el CNE y después  ante el Tribunal Contencioso Electoral, la máxima y última instancia a la que puede recurrir, pero ambas se lo denegaron.

La noche del lunes pasado, el Tribunal resolvió “inadmitir” el recurso de apelación. “El recurrente ha interpuesto entre sus pretensiones la ‘nulidad de escrutinios’ y la apelación de ‘resultados numéricos’, que tienen requisitos, oportunidad, motivación, fundamentos distintos y trámites diferentes, por lo que solicitar que este   Tribunal los unifique y sustancie en una sola vía resulta improcedente e ilegal”, explica el texto.

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