Procurador pide inconstitucionalidad de ley

Oscar Ceville envió su opinión a la Corte Suprema de Justicia sobre una demanda contra la Ley General de Pensión Alimenticia.

El procurador de la Administración, Oscar Ceville, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el artículo 92 de la Ley 42 del 7 de agosto de 2012 (General de Pensión Alimenticia), que establece como requisito para aspirar a cargos de elección popular la presentación de un paz y salvo a los candidatos que paguen pensión alimenticia.

La solicitud está contenida en la opinión de Ceville sobre una demanda de inconstitucionalidad contra la norma presentada el 22 de mayo pasado por el exprecandidato presidencial de Cambio Democrático Roberto Ruiz Díaz.

En el escrito, fechado el 16 de julio pasado, Ceville explicó que los artículos 225, 226 y 227 del Código Electoral, que establecen los requisitos para aspirar a cargos de elección popular, son congruentes con lo que señala la Constitución.

Por ello, la adición de nuevos requisitos en la forma en que lo establece la Ley General de Pensión Alimenticia, viola la carta política.

De acuerdo con Ceville, el requisito de paz y salvo por pensión alimenticia para los candidatos a puestos de elección popular viola los ar-tículos 153, 179 y 226 de la Constitución.

Según su criterio, las leyes que expida la Asamblea “deben realizarse en perfecta concordancia y sin rebasar el texto y el espíritu de la norma superior”.

No obstante, Ceville opinó que no se han violado los artículos 19 y 180 de la Constitución, que también fueron citados como infringidos por Roberto Ruiz Díaz en la demanda.

Fuentes judiciales informaron que mañana vence el período de alegatos del proceso abierto por la acción.

El magistrado designado como ponente del recurso es Harley Mitchell.

REACCIONES

El constitucionalista Rigoberto González Montenegro afirmó que “por muy loable que sea, si ley adiciona un requisito distinto a los que establece la Constitución, es inconstitucional”.

Agregó que, independientemente de cuál sea, se le está adicionando otro requisito a los cargos de elección popular y eso ya lo establece la Constitución.

“Mañana o pasado, el legislador puede adicionar otro requisito para coartar el derecho a participar a un adversario político”, advirtió.

Por su parte, la exmagistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño indicó que lo que se pretende con esa ley es garantizar que quienes van a representar al país en cargos públicos tengan claro el cumplimiento de la pensión alimenticia.

De Troitiño no quiso opinar respecto a si es o no constitucional el requisito del paz y salvo de pensión alimenticia, porque no ha leído la opinión de Ceville.

Sin embargo, apuntó que los derechos del niño están protegidos por tratados internacionales de derechos humanos, y estos son tan importantes como la Constitución.

“Puede que desde el punto de vista jurídico el argumento del procurador Ceville sea válido, pero no desde el punto de vista moral”, acotó Teresita de Arias, miembro de Fundagénero y militante del Partido Popular (PP).

De Arias dijo que “difícilmente quien no cumple con el pago de la pensión alimenticia puede cumplir con un cargo público”.

Según Teresita de Arias, la pensión alimenticia es un derecho fundamental, por lo que aquellos candidatos que no cumplen con ese pago deben ser castigados moralmente en las urnas.

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