Promulgan normas de transparencia en el Judicial

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Órgano Judicial. Foto por: Archivo

La Ley 76 (inicialmente proyecto 243) fue presentada a la Asamblea Nacional por el magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado. La Ley 76 (inicialmente proyecto 243) fue presentada a la Asamblea Nacional por el magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado.

La Ley 76 (inicialmente proyecto 243) fue presentada a la Asamblea Nacional por el magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado. Foto por: Archivo

El Ejecutivo sancionó y promulgó en Gaceta Oficial la Ley 76 del 18 de diciembre de 2015, con la que se aplican medidas de transparencia y celeridad en la administración de justicia.

El documento, por un lado, fija plazos para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tramiten los expedientes y firmen las resoluciones de fallos, sin dilatarlas.

Según la ley, los magistrados de la Corte también deberán actualizar su declaración jurada del estado patrimonial todos los años de su período de gestión.

De igual manera, a partir de marzo de 2016, la Corte tendrá que rendir un informe al país sobre las demandas presentadas, el estado en que se encuentran y las sentencias dictadas.

Ley para evitar la mora judicial

La Ley 76, que busca incentivar la transparencia en el manejo de los expedientes y las audiencias en el Órgano Judicial, ya fue sancionada por el presidente Juan Carlos Varela y promulgada en Gaceta Oficial el pasado 18 de diciembre.

Se trata de una norma que entrará en vigencia 90 días después de haber sido promulgada y que reforma artículos del Código Judicial, fijando medidas de transparencia y celeridad en la administración judicial.

La medida intenta poner fin a la demora de los magistrados al momento de tomar decisiones en los casos, fija plazos para que tramiten los expedientes y firmen sin dilación los proyectos de fallos.

Si al cumplirse los términos estipulados en los artículos 519 y 520 del Código Judicial para presentar el proyecto de resolución, y el magistrado sustanciador no pudiera entregarlo, el presidente de la Corte o la Sala respectiva lo separará del proceso.

De acuerdo con el artículo 519 del código, en los procesos que conocen los tribunales colegiados, el magistrado o juez tendrá hasta seis días para el estudio del proyecto. Además, un término de 2 días si fuere providencia; 14 días si fuere auto y 30 días si fuere sentencia para presentar el proyecto de resolución.

El documento señala que el proyecto definitivo de fallo será válido con la firma de la mayoría de los magistrados y será remitido al pleno en un plazo perentorio. También, deberá firmarse en dos días.

La norma, de acuerdo con el presidente de la Corte, José Ayú Prado, quien impulsó la iniciativa junto con sus colegas, será aplicable para los procesos especiales que se siguen a diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Además, fija sanciones para magistrados de la Corte y de los Tribunales Superiores de Justicia que incumplan los plazos. Se les castigará con amonestaciones verbales y hasta con descuentos salariales.

La ley establece que tras una tercera amonestación verbal se aplicará una multa equivalente al 15% del sueldo mensual que devenga un magistrado.

El magistrado Harley James Mitchell, durante la sustentación de la propuesta en la Asamblea Nacional, manifestó que la Corte “es el ente más moroso de todo el Órgano Judicial”, debido a que no existe una regulación en torno a los plazos.

Declaración jurada

Otra norma de transparencia contenida en la ley es la que obliga a los magistrados de la Corte a actualizar su declaración jurada de estado patrimonial.

Ya no solo tendrán que presentar el estado de su patrimonio al inicio y al final de sus 10 años de gestión, sino que la misma deberá ser actualizada los primeros 10 días de cada año.

De igual manera se dispone que la Corte deberá presentar a la ciudadanía, durante el mes de marzo de cada año, un informe o memoria sobre el estado de la gestión del año anterior.

En este documento se incluirá el detalle de las demandas recibidas y el estatus en que se encuentran. Lo mismo aplica para las sentencias dictadas.

Transmisión de audiencias

De igual manera, esta disposición estipula que las audiencias del Órgano Judicial, en adelante, serán públicas, salvo aquellas que por ley deben mantenerse en reserva para proteger a alguna de las partes.

Estas diligencias judiciales podrán ser transmitidas por los medios de comunicación del Estado a todo el país, o por los medios que lo soliciten, a los que se les dará las facilidades y el espacio físico necesario para su labor.

Expedientes digitalizados

El Ejecutivo también sancionó y promulgó la Ley 75 del 18 de diciembre de 2015, que adopta medidas para la digitalización de los procesos judiciales.

De ahora en adelante las bases de datos del Sistema Automatizado de Gestión Judicial se almacenarán en medios electrónicos.

De igual manera, todas las actuaciones y gestiones de las partes involucradas en un proceso tendrán que estar en un expediente judicial digital.

Por años, juristas y representantes de la sociedad civil han cuestionado la mora judicial, y la poca transparencia del Órgano Judicial en los procesos que se llevan a cabo en los tribunales.

Estos temas, por ejemplo, fueron materia de discusión en el reciente debate para la escogencia de dos nuevos magistrados de la Corte.

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