ASAMBLEA FUSIONA INICIATIVAS

Propuesta de Moncada afectaría proyecto de ley

El Órgano Judicial hizo una nueva propuesta para crear un tribunal de integridad, pero Moncada quiere darle esa facultad al pleno de la Corte.

La propuesta que hizo esta semana el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna (exdirector de la Policía Técnica Judicial a mediados de los años 90, asesor del Ministerio de Gobierno en la dictadura militar y sensor de medios de comunicación), para reformar el Código Judicial y conferir al pleno de esa entidad la competencia de juzgar, sancionar y hasta destituir a funcionarios implicados en hechos de corrupción, podría echar por tierra una iniciativa aprobada por el propio Órgano Judicial en 2011, que da cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia.

En efecto, el Órgano Judicial envió el 19 de octubre de 2011 a la Asamblea un proyecto de ley mediante el cual se crea una nueva instancia judicial para, precisamente, procesar a funcionarios, jueces y magistrados implicados en la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones.

Esta nueva iniciativa fue fusionada con la enviada a la Asamblea el 6 de agosto de 2009 por el entonces presidente de la Corte Suprema Harley Mitchell, y que de igual forma modificaba el proyecto de ley de carrera judicial surgido del Pacto de Estado por la Justicia en 2005, y el cual fue aprobado en primer debate en diciembre de 2009.

Al fusionarse los dos proyectos, el de Mitchell –que sería discutido en segundo debate– fue devuelto a la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales para un nuevo análisis, esta vez en conjunto con el otro.

Lo que dice la norma

El nuevo proyecto –al que tuvo acceso este diario– crea la denominada jurisdicción especial de integridad y transparencia, que tendrá a su cargo “el juzgamiento y aplicación de sanciones a los funcionarios de la carrera judicial que incurran en faltas durante el ejercicio de sus funciones”. No se incluye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El nuevo tribunal estaría formado por tres magistrados, que serían nombrados por el pleno de la Corte para un período máximo de tres años y tendrían las mismas prerrogativas que las de sus colegas.

Los nuevos funcionarios se escogerían de una terna cuyos nombres serían seleccionados por el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana pro Justicia, el Consejo de Rectores y las asociaciones de funcionarios del Órgano Judicial debidamente constituidas.

Para ser magistrado de este tribunal se pedirán los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte: “ser panameño; haber cumplido mínimo 35 años de edad; estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos; no haber sido condenado por delito doloso alguno o sancionado por proceso disciplinario o por faltas a la ética; ser graduado en derecho y tener diploma debidamente inscrito en el Ministerio de Educación o en la oficina que la ley señale para este efecto; y ser funcionario de carrera del Órgano Judicial con más 10 años de experiencia en el área jurisdiccional”.

Acusador y defensor

En el anteproyecto también se crea la figura del fiscal de integridad de transparencia, que tendrá entre sus funciones investigar las quejas que lleguen a su despacho, para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días. Este funcionario será nombrado por el pleno de la Corte.

La fiscalía tendrá la facultad de aplicar la medida cautelar de separación del cargo del funcionario bajo investigación, pero solo por un período de tres meses.

La investigación tendrá un carácter privado y solamente podrán conocer del proceso los abogados y las partes bajo investigación.

A su vez, se instituirá la figura de la defensoría de integridad y transparencia, que ejercerá la representación legal de los funcionarios del Órgano Judicial en las quejas que se promuevan en su contra, y únicamente en caso de que así lo soliciten.

Las quejas contra los funcionarios judiciales deberán presentarse ante la fiscalía por escrito u oralmente, y en ellas se deberá señalar con claridad el nombre del funcionario, los motivos de la acusación, y aportar las pruebas correspondientes.

El citado proyecto establece que quien presente la queja en ningún momento será considerado como parte en el proceso, pero podrá ser llamado por la fiscalía para rendir declaración.

Las decisiones del tribunal podrán ser apelables ante la Sala Cuarta de la Corte.

Causales

En el proyecto se establecen como faltas graves de los funcionarios: la ausencia por tres días sin justificación; el incumplimiento de los actos procesales; los retrasos injustificados en la tramitación de procesos; e incurrir en el manejo negligente de los casos.

Además, como faltas gravísimas se tipifican la participación o afiliación en actividades políticas.

El nuevo tribunal también deberá poner en conocimiento de los consejos de administración de las carreras del Órgano Judicial “los casos en que considere que los cargos, especialmente los de magistrados y jueces, son o han sido presionados o perturbados en el ejercicio de las funciones, a fin de que se interpongan las acciones pertinentes”.

¿Cambio para mejor?

Para el exmagistrado Alberto Cigarruista, el sistema que se usa actualmente para manejar los casos de corrupción en el Órgano Judicial es como el de otras instituciones, en el que los superiores jerárquicos investigan y juzgan a sus inferiores en lo que se refiere a faltas a la ética y faltas administrativas; y no funciona.

Explicó que por ello se incluyó la figura del nuevo tribunal en el proyecto de carrera judicial presentado ante la Asamblea. Según él, “se busca dar más transparencia a estos procesos”.

Cigarruista explicó que se trataría exclusivamente de aquellos casos que no constituyen delito, en los que se imponen sanciones administrativas por mal desempeño en las labores como servidor judicial.

Los casos que sean delitos, dijo, serán llevados a la justicia ordinaria.

Hoy en día, el artículo 289 del Código Judicial establece que “la jurisdicción disciplinaria sobre jueces y magistrados será ejercida por el respectivo superior jerárquico”, y el artículo 291 del mismo cuerpo legal señala que “terminado el procedimiento de investigación, corresponderá al superior jerárquico imponer la corrección disciplinaria o declarará que no es procedente”.

A criterio de Luis Tapia, presidente de la Asociación de Servidores del Órgano Judicial de Panamá (Asojup), con este proyecto se busca adecuar el perfil del servidor judicial.

Tapia explicó que en el proyecto no solo se crea la nueva instancia para investigar y sancionar a quienes incumplen con las normas del servidor judicial, sino que se procura un cambio en la percepción de la comunidad sobre la institución.

Ricardo Fuller, también de Asojup, dijo que el anteproyecto pretende crear un balance en el proceso de selección de los funcionarios judiciales y de la verificación de su desempeño.

Fuller añadió que también se busca dar incentivos a los funcionarios; entre estos, incrementos salariales justos y acceso a becas para mejorar su formación profesional “para evitar los actos de corrupción”.

“El esquema del tribunal de transparencia permitirá dar una mayor celeridad a estos procesos”, opinó.

Dijo que muchos de los 3 mil 337 funcionarios del Órgano Judicial son honestos y que la “percepción en la ciudadanía de corrupción es injusta”.

Por su parte, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, opinó que es necesaria la aprobación de una ley de carrera judicial, para que los jueces y magistrados puedan ejercer de forma independiente sus funciones y se pueda iniciar un proceso de depuración del Órgano Judicial.

Sostuvo que es necesaria una mayor rendición de cuentas y transparencia por parte de los jueces y magistrados en el manejo de los procesos, ya que hay una amplia percepción en la comunidad de que los funcionarios incurren en actos de corrupción y malos manejos.

Precisó que el Gobierno se comprometió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a aprobar la ley de carrera judicial en 2011, pero esto no se cumplió y habrá que esperar a 2012.

´Se debe evitar duplicar esfuerzos en la justicia´

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Molino Mola opinó que el nuevo tribunal de transparencia podría entrar en colisión con la propuesta de crear un Tribunal Superior de la Magistratura, que se encargaría de juzgar a los funcionarios judiciales.

Molino Mola explicó que en la comisión de reformas constitucionales ya se ha conversado sobre la creación de este tribunal superior, que se encargaría de los procesos y trámites que actualmente se llevan a cabo en la Sala Cuarta de la Corte. Según el exmagistrado, el Tribunal Superior de la Magistratura también estaría compuesto por tres magistrados, solo que dicho organismo tendría rango constitucional y estaría por encima de un tribunal de transparencia creado por una ley.

A su juicio, sería prudente esperar el avance de la propuesta del Tribunal Superior de la Magistratura, y no duplicar esfuerzos en esta materia. A juicio de Molino Mola, para el funcionamiento del tribunal de transparencia se requeriría de los mismos fondos que para la Sala Quinta, y por ello se corre el riesgo de ser una de tantas leyes para las cuales no hay fondos.

“El tribunal de transparencia requerirá de secretaría, una fiscalía y funcionarios para investigar los casos, y un espacio físico donde funcionar, para lo que se requiere dinero”, dijo.

Para el exmagistrado, estas son iniciativas que deben ser bien consultadas y analizadas.

Juan Manuel Díaz C.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

KNOCKOUT Julio Escobar: 'A los alumnos con subsidios les va peor que a los que no reciben subsidios'

A los alumnos con subsidios les va peor que a los que no reciben subsidios
Roberto Cisneros

Esta semana se cerró la etapa de pruebas del Concurso por la Excelencia Educativa. Hoy Julio Escobar, su creador, que además preside la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa –que ...

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código