SEGUNDA ENTREGA

Propuesta de reforma constitucional 2012

Esta entrega completa el recuento del trabajo llevado a cabo por la comisión de notables para la reforma constitucional.

ORGANISMOS COADYUVANTES CON AUTONOMÍA

Se crean formas alternas de la administración de justicia al darle independencia y autonomía a la Defensoría de Oficio y al Instituto de Medicatura Forense.

MINISTERIO PÚBLICO

Ante una solicitud del propio Procurador General de la Nación, se cambió su denominación a Fiscal General de la Nación, y se le garantiza autonomía administrativa y financiera.

DEBERES Y DERECHOS POLÍTICOS

En lo concerniente a los derechos y deberes políticos, se eleva a rango constitucional la prohibición de exigir, para ocupar un cargo en el sector privado o público, la inscripción en un determinado partido político.

Se crea una norma que despeja cualquier duda sobre el tipo de mayoría necesaria para la proclamación de un cargo de elección popular, al señalar que es por mayoría simple.

Como un reconocimiento a las luchas y al aporte de la mujer en la vida política, se instituye el principio de paridad para las elecciones generales, primarias, y otros mecanismos de selección de candidaturas. Se prohíbe que un cónyuge sea suplente, e igualmente se prohíbe que una persona sea postulada para más de un cargo de elección popular.

Se establece que la renuncia al partido al que pertenece cualquier funcionario de elección popular, produce la vacante absoluta del puesto y obliga al Tribunal Supremo de Elecciones a convocar a nuevas elecciones.

Se establece el Estatuto de Oposición para garantizar que a los partidos en oposición se les respete y puedan recibir informes, y hacer publicidad en iguales condiciones que el gobierno.

Se definen cuáles son los mecanismos de participación política ciudadana: elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa de reformas constitucionales, iniciativa legislativa ciudadana, iniciativa ciudadana de acuerdos municipales y la revocatoria popular de mandato.

JURISDICCIÓN ELECTORAL

En la jurisdicción electoral se denomina al Tribunal Electoral, Tribunal Supremo Electoral. Se elimina la referencia a la función de Migración; se instituye un porcentaje fijo de seis décimas del 1% de los ingresos corrientes del gobierno central para la Fiscalía General Electoral y al Tribunal Supremo Electoral. Se deja claramente establecido que contra las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, solo cabe la acción de inconstitucionalidad, por lo que no se admitirán advertencia de inconstitucionalidad ni acción de amparo. Para asegurar la buena práctica de acciones que han consolidado la democracia panameña, se elevan a rango constitucional el traspaso de la fuerza pública a manos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral e igualmente se le da rango constitucional a los delegados electorales.

Como garantía de que las reglas electorales y políticas no serán cambiadas en un proceso electoral, se prohíbe debatir o aprobar leyes de la jurisdicción electoral seis meses antes o cuatro meses después del torneo electoral.

ASAMBLEA NACIONAL

La Asamblea Nacional fue una de las instituciones que mayor tiempo tomó su estudio, y para su fortaleciendo se hicieron las siguientes propuestas de cambios: elección de 10 diputados nacionales, sin alterar la cifra tope de 71 diputados; prohibición de la reelección inmediata de sus integrantes; prohibición de que los suplentes de los diputados sean sus cónyuges; se les devuelve el derecho a presentar proyectos de ley; se les quita la facultad de delegar en el Órgano Ejecutivo la discusión y aprobación de decretos ley; y no podrá ser convocada la Asamblea Nacional por el Órgano Ejecutivo. Entre los requisitos para ser diputado se exige la edad de 25 años, no haber sido condenado por delito doloso, y se debe residir por lo menos un año antes al día de la elección en la circunscripción respectiva. Se les prohíbe a los diputados aceptar puestos públicos remunerados, y aceptar por interpuestas personas contrato alguno con entidades del Estado. Cuando la Asamblea Nacional emita un voto de censura, si este es aprobado por las dos terceras partes del pleno, el servidor público objeto del voto de censura queda separado de su cargo.

ÓRGANO EJECUTIVO

Al mirar en conjunto las reformas propuestas para la integración y funciones del órgano y la limitación de la discrecionalidad en el nombramiento de sus integrantes por parte del Presidente de la República se limita el poder del Ejecutivo, lo cual se ratifica con la eliminación de la promulgación de los decretos ley y la prohibición de convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.

ÁREA LABORAL

En el área de lo laboral, se introducen normas que garanticen que los mismos derechos y deberes de los trabajadores del sector privado, los tengan los del sector público. Se acoge cómo válido el silencio administrativo positivo en los casos de reclamos laborales; además de la aplicación a todos los trabajadores del sector público del capítulo III del título III de la Constitución (salario mínimo, maternidad, organización salarial y derecho a la huelga). Se establece un régimen laboral para el sector público uniforme en salario, jornada de trabajo, protección, derecho de huelga, convenciones colectivas, derecho de sindicalización; se actualiza el principio de igualdad de salarios (la OIT plantea que igual salario por igual trabajo) y se incorpora el artículo 145 del Código de Trabajo a la Constitución, que señala que al trabajador al que se le viole su salario mínimo puede solicitar un nuevo salario al juzgador. Además, se prohíbe expresamente la prueba negativa del embarazo, y se establece el fuero de paternidad, para fortalecer la familia.

Se exige justa causa y autorización judicial previa para destituir a un funcionario que goce de fuero. Se establece la edad mínima para trabajar de 15 años y se prohíbe a los menores de 14 años el trabajo nocturno e insalubre. Los menores entre los 15 y 18 años solo podrán trabajar seis horas en su jornada de trabajo.

Se elimina la prohibición del trabajo de la mujer en áreas insalubres, se prohíbe el despido discriminativo, y este despido es nulo. Ante la prohibición de extranjeros en la junta directiva de los sindicatos, se establece que luego de cinco años de residencia en el territorio nacional puede un extranjero pertenecer a la directiva. Se otorgan garantías expresas a la sindicalización y a las organizaciones sindicales.

Se constitucionaliza el silencio administrativo positivo, si transcurren 15 días y no hay respuesta administrativa. También se lleva a la Constitución el fuero sindical.

Por seguridad pública se pueden restringir en los servidores públicos ciertos derechos; se establece en la relación laboral la participación tripartita, la noción del diálogo y la concertación, derecho a un ambiente que prohíba el acoso moral, acoso sexual y los riesgos psicosociales. Se crea la Sala Social y Laboral en la Corte Suprema de Justicia y se incluyen como parte del bloque constitucional los derechos adquiridos en los tratados internacionales.

ECONOMÍA NACIONAL

El derecho a la propiedad queda igual, salvaguardando su función social y ambiental. En caso de expropiaciones, la indemnización debe hacerse en un término no mayor a tres años. Se amplía el concepto de no prisión por deudas civiles y fiscales; se hace hincapié en la soberanía energética y la protección de los recursos naturales en las comarcas.

Se crea como entidad autónoma el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Se instituye la responsabilidad del Estado derivada del Órgano Judicial, la actividad administrativa irregular y por el funcionamiento de los servicios públicos prestados directamente por el Estado, pago de indemnizaciones que debe incluirse en el presupuesto del Estado y pagado en tiempo no mayor de tres años.

Se hace énfasis en la soberanía alimentaria, derechos posesorios, y se establece una restricción al derecho de enajenación, al aumentar de 20 a 40 años las restricciones al derecho de enajenación, lo cual podría contribuir a flexibilizar algunas operaciones de crédito con garantía real. Se abre la posibilidad del comercio al por menor a los extranjeros, se destina un 10% de los ingresos anuales de los juegos de azar y los dividendos de la notarías a las universidades estatales.

La contratación de deuda pública será autorizada por un comité de deuda y financiamiento, y se establece que las viviendas de interés social no se pueden embargar cuando se trata del único bien de una familia.

Para Contralor General se exige como requisito tener título universitario y experiencia en alguna de las disciplinas de contabilidad, economía, finanzas, auditoría, administración, además de “no haber sido condenado por delito doloso”.

La comisión no introdujo cambios en el preámbulo, el título de la fuerza pública ni el título del Canal de Panamá.

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