ANTEPROYECTO DE LEY

Protección para los más vulnerables

La Asamblea Nacional acogió una iniciativa que impide el despido de personas que tengan la responsabilidad de un familiar con discapacidad.

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En Panamá no hay estadísticas actualizadas de las personas con discapacidad. La última encuesta se hizo en 2006. En Panamá no hay estadísticas actualizadas de las personas con discapacidad. La última encuesta se hizo en 2006.
En Panamá no hay estadísticas actualizadas de las personas con discapacidad. La última encuesta se hizo en 2006. Archivo

Desde septiembre de 2015 está en la Asamblea Nacional una propuesta que busca impedir el despido de una persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de un familiar con alguna discapacidad.

Se trata del anteproyecto de ley 43, presentado por el diputado panameñista Florentino Ábrego, el cual fue acogido en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea, el pasado 19 de enero.

El documento, de solo dos artículos, plantea una adición a la Ley No. 42 de 1999, “por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad”.

Además, se tiene previsto modificaciones a la Ley No. 46 de 7 de agosto de 2009, que estipula la enseñanza obligatoria de la materia de ética.

el PROYECTO

El primer artículo de la propuesta estipula que a la Ley No.42 se agregará el literal 17A, en el que se indicará que “el padre, madre, tutor, curador u otra persona que tenga el cuidado de una persona con discapacidad, no será despedida o destituida, ni desmejorada en su posición o salario”.

Lo anterior regirá siempre y cuando “el empleador o superior acredite con antelación una causal establecida en la ley que justifique la terminación de la relación laboral”.

Respecto a los servidores públicos se determina que el argumento de libre nombramiento y remoción no será admitido como causal de despido, salvo que “se trate de funcionarios nombrados como de confianza del superior”.

También se fija que en los casos en los que se logre el despido de una persona, previo los recursos legales a que haya lugar y la declaratoria de invalidez de lo actuado, se deberá reconocer el monto de los salarios caídos.

En el segundo apartado de la propuesta se ordena que, a través de la materia de ética, se sensibilice sobre la solidaridad con las personas con discapacidad, dándole un enfoque de deberes y derechos humanos.

De acuerdo con Ábrego, la idea es crear protección en el ámbito laboral de estos individuos, buscando el beneficio de las personas con necesidades especiales en el país.

NECESIDAD REAL

Para Franklin Pineda, presidente de la Federación de Personas con Discapacidad, y Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, la propuesta es positiva y necesaria.

Ambos coincidieron en que por muchos años la Ley No.42 ha sido mal interpretada por autoridades de alta jerarquía en perjuicio del bienestar de familias que tienen como miembro a personas con discapacidad.

Pineda expresó que la norma es sujeto de “constantes violaciones”, ya que en ella no se establece claramente el régimen de protección y de estabilidad laboral a los padres o tutores de una persona con necesidades especiales.

Destacó que “el primer violador de esta norma son las autoridades de Gobierno que, cuando llegan a la administración pública, buscan posicionar a quienes, a través de un partido político, los acompañaron a recoger votos y comienzan a despedir personas indiscriminadamente y se olvidan que están frenando el desarrollo de las personas más vulnerables”.

Tanto Pineda como Berrocal plantean que la ley de discapacidad salvaguarda al trabajador con alguna necesidad especial y es extensiva al padre, madre o tutor; sin embargo, “la norma ha sido mal interpretada por altas autoridades en perjuicio de las personas que la misma ley protege”.

A juicio de Berrocal, debe haber un mayor compromiso de las autoridades correspondientes de cumplir y hacer valer este tipo de normativas.

REFORMA INTEGRAL

Ante este panorama, Nélida Ortiz, directora general de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), explicó que si bien la propuesta es positiva, a través de los aportes hechos ante la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea, su entidad coordina la elaboración de una iniciativa que reforme de manera integral la Ley 42.

Señaló que la norma rige desde 1999 y ya ha quedado desfasada a la realidad de las personas con discapacidad.

En tanto, Magali Díaz, subdirectora de Senadis, expresó que los cambios que se plantean van hacia todas las necesidades básicas del ser humano.

“Lo que se busca es asegurar el acceso de estas personas a derechos como la educación, salud y trabajo, además de establecer las obligaciones del Estado y de la sociedad en general para con esta población”, dijo.

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