REGULACIÓN A LAS AGENCIAS PRIVADAS DE SEGURIDAD

Proyecto sin controversias

La nueva norma no fija tarifas para los servicios de vigilancia ni obliga a que conserjes, porteros y aseadores sean agentes privados.

El proyecto de ley que regula las empresas y los servicios de seguridad privada, presentado ante la Asamblea el 27 de febrero por el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, elimina los aspectos controvertidos que provocaron la suspensión de la Ley 56 de 2011 desde su entrada en vigencia, en junio de 2012.

Una revisión a la propuesta, identificada con el número 577, permite ver que esta vez no incluye, por ejemplo, ningún artículo relacionado con las tarifas que deben cobrar las empresas dedicadas al ramo ni fija un cobro mínimo por los servicios de 24 horas, como sí lo establece la Ley 56.

Este había sido uno de los elementos que desató más controversia en la opinión pública antes e inmediatamente después de la entrada en vigencia de la ley, considerado como un “gol” por los representantes de la Cruzada por la Paz y de la organización Jóvenes en pro de la Seguridad Ciudadana, que impulsaron la aprobación de una norma que regulara las agencias privadas de seguridad después del asesinato, en 2007, de la joven Ana Mercedes Medina, a manos del vigilante de su edificio.

Por otro lado, el nuevo proyecto tampoco obliga a que los porteros y conserjes de edificios, los escoltas de vehículos comerciales, los custodios de instituciones del Estado y los escoltas privados sean empleados de las agencias de seguridad, como sí lo hace la Ley 56.

Esta obligatoriedad había sido considerada por la sociedad civil como un exabrupto, que crearía una especie de monopolio, encarecería los gastos de los edificios y promovería la inseguridad, ya que llevaría a los inmuebles a prescindir de conserjes y empleados de mantenimiento al no poder pagarles a vigilantes con las tarifas establecidas en la ley.

Otro punto rechazado en la Ley 56 era la obligación de las empresas de apoyar a los organismos de seguridad del Estado, “con el fin de atender casos de calamidad pública” y en la “investigación de actos delictivos”, lo cual, según los juristas, riñe con la Constitución, pues se trata de funciones indelegables de la fuerza pública.

En el proyecto de ley 577 ya no se incluye la obligación, aunque el artículo 5 dice: “Las empresas de seguridad privada colaborarán con la fuerza pública y con cualquiera otra institución de seguridad pública del Estado para coadyuvar en el mejor ejercicio de sus funciones para el beneficio de sus ciudadanos. En este sentido, se creará un centro de comunicación entre las empresas de seguridad privada y los distintos estamentos de seguridad del Estado. El reglamento de esta ley dispondrá los mecanismos”.

Asimismo, el artículo 43, inherente a las funciones de los agentes, dice: “En caso de que le sea solicitado o necesario (sic), coadyuvar con las actividades de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia, sin menoscabo de sus responsabilidades”.

En lo que respecta al artículo 29 de la Ley 56, considerado discriminatorio porque prohíbe a miembros separados de la fuerza pública ser agentes privados, la nueva iniciativa lo elimina y aclara en el artículo 38, en lo que respecta a las prohibiciones para las compañías, que “los miembros activos de la fuerza pública no podrán ser parte de una empresa de seguridad privada, ya sea en calidad de propietarios, beneficiarios económicos y/o accionistas, o parte operativa y administrativa”.

El nuevo proyecto mantiene, sin embargo, una de las quejas planteadas por la sociedad civil, y así queda establecido en el artículo 87, que fija multas de entre 500 dólares y 3 mil dólares para toda aquella persona natural o jurídica que contrate empresas de seguridad privada sin antes solicitar al ministerio copia del resuelto de operaciones y el comprobante de “paz y salvo” expedido por la Caja de Seguro Social (CSS) respecto al pago de las cuotas obrero patronales.

Otras modificaciones

Si bien la Ley 56 endureció los requisitos para ser agente, que fue uno de los clamores de la sociedad civil después del homicidio de Medina, el nuevo proyecto mantuvo la mayoría de esas condiciones e incluyó cambios.

Por ejemplo, ya no fija la edad mínima para ser agente, que en la Ley 56 se elevó a 21 años.

Al respecto, el primer ordinal del artículo 31 del nuevo proyecto, dice: “ser de nacionalidad panameña, poseer estudios hasta noveno grado completos”.

Asimismo, el ordinal cuatro del artículo 31 obliga a los aspirantes a presentar una prueba antidopaje expedida por un laboratorio de un centro de salud público, en la que conste que en los últimos tres meses no ha consumido drogas prohibidas. En la Ley 56, la vigencia del certificado es de seis meses.

Por lo demás, el nuevo proyecto también los obliga a obtener la licencia correspondiente expedida por el Ministerio de Seguridad, para lo cual no deben tener antecedentes penales, según certificado de la Dirección de Investigación Judicial; y deben superar pruebas sicológicas, de capacidades físicas y de conocimientos. Al mismo tiempo, hacer un curso de capacitación obligatorio.

Sobre este último aspecto, el proyecto delega en la empresa privada la formación de los aspirantes, responsabilidad que en la Ley 56 sería asumida por el Estado a través de la creación de un centro de capacitación del Ministerio de Seguridad.

En el nuevo proyecto, además, se norman los requisitos para ser jefe de seguridad; entre estos, ser licenciado o técnico superior u otros equivalentes en materia de seguridad; y “no haber sido condenado por delito doloso o haber sido sancionado por faltas o infracciones administrativas en el ejercicio de la actividad de seguridad o contra los derechos humanos”.

Empresarios

En lo que toca a la prestación de los servicios, bien sea por parte de personas naturales o jurídicas, el proyecto restringe la actividad para los panameños residenciados en el país.

Entre otros requisitos también se les obliga a presentar certificado de antecedentes penales e incluye a los dignatarios, directores, accionistas y representantes legales de las empresas, cuyas acciones solo serán nominativas a nombre de personas naturales.

Se les obliga a “no exceder los límites legales de las jornadas de trabajo establecidas en el Código de Trabajo de Panamá, estando obligadas a hacer el pago efectivo de todas las horas, regulares y extraordinarias con los recargos dispuestos en el referido Código, lo cual será reportado a la CSS, según el salario que perciba el trabajador”.

La norma considera una falta grave de las empresas contratar a extranjeros y no “cumplir con su obligación de proveer a los trabajadores de la respectiva cobertura de la seguridad social, colectiva de vida y, pagar puntualmente las cuotas empleado-empleador de la CSS, prestaciones laborales de los agentes de seguridad, salarios y recargos de horas extraordinarias”.

El tema del incumplimiento del pago de los salarios y horas extras había sido excluido en la Ley 56.

Por la comisión de faltas leves, los empresarios deberán pagar multas de entre $500 y $3,000; por las graves de entre $3,001 y $10,000; y por las gravísimas de entre $10,001 y $20,000. Por estas últimas, se les cancelará la licencia.

De aprobarse el proyecto 577 quedarán derogados los decretos ejecutivos 21 y 22 de 1992, y la Ley 56 de 2011.

La moratoria de la Ley 56 venció el 1 de este mes, pero Mulino también presentó ante la Asamblea un proyecto para prorrogar por seis meses la vigencia de la Ley 37 de junio de 2012, con la que se suspendió la Ley 56.

Un artículo sin consenso

Rafael Zevallos, de la organización Jóvenes en pro de la Seguridad Ciudadana, reconoció que el proyecto presentado por el ministro Mulino es resultado del consenso.

Precisó que el Ministerio de Seguridad los convocó a finales de noviembre de 2012, y desde entonces se reunieron los martes y miércoles de cada semana hasta mediados del pasado mes de febrero.

El primer pacto en la mesa de trabajo fue respetar los acuerdos que quedarían plasmados en la propuesta que sería llevada al Legislativo.

Destacó que al principio les sorprendió que la institución presentara una iniciativa totalmente nueva, sin incluir la Ley 56 y los aportes hechos por los sectores involucrados en el diálogo surgido, a partir de la marcha por la paz en 2010. No obstante, indicó que después del debate hubo consenso en todos los artículos, excepto el 11, que dice: “La autorización de funcionamiento como empresa de seguridad privada tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser renovada por períodos iguales. El reglamento de esta ley determinará el procedimiento de renovación y los costos de la misma”.

Según Zevallos, los empresarios y sindicatos se opusieron al artículo, y la sociedad civil los apoyó, porque argumentaron que una vigencia de cinco años traerá consigo inestabilidad y afectará las posibilidades crediticias de todos.

Precisó que también hubo debate sobre la escolaridad mínima que deben tener los agentes, ya que los sindicatos pedían la primaria, y el ministerio, la secundaria. Al final, se acordó el noveno grado.

Aclaró que el proyecto no fija la edad mínima requerida para ser agente, porque esta, de 21 años, se establece en la nueva ley de armas.

“A nosotros nos interesaba el tema de los controles mediante pruebas sicológicas y antidopaje, y la verdad nos sentimos bastante cómodos con el resultado. Ahora nos toca estar vigilantes para que estos acuerdos no sean cambiados en la Asamblea, como con la Ley 56”, expresó. En tanto, Rolando Carrizo, de la Cruzada por la Paz, manifestó que solo participó en dos encuentros, porque consideró una falta de respeto que la discusión eliminara los acuerdos previos alcanzados por los diferentes sectores en un año de diálogo. Según su criterio, la discusión debió haber partido de la ley original. Por su parte, Aníbal González, de la Unión Nacional de Trabajadores de Agencias de Seguridad, coincidió con Zevallos en que el proyecto es positivo, pero resaltó la falta de consenso con el artículo 11.

Señaló que ese artículo afectará los intereses de los cerca de 18 mil agentes, a los más de 8 mil empleados administrativos de las agencias y abrirá la puerta a la corrupción, ya que deja a discreción del ministerio renovar las licencias.

Además, criticó que el Gobierno haya demorado nueve meses en presentar una nueva norma, porque, según su opinión, el tema de las agencias de vigilancia privada es un asunto de seguridad de Estado y no debió dejarse tanto tiempo sin control. Mientras, el presidente de la Cámara Panameña de la Seguridad Privada, José Fernando Roquer, reconoció que aunque no hubo acuerdo con el artículo 11 y el Ministerio de Seguridad impuso su criterio, la nueva ley permitirá aplicar mayores controles a las agencias y a los agentes, lo cual, en definitiva, es positivo. Dijo, empero, que plantearán sus objeciones en el primer debate en la Comisión de Gobierno, siempre que los dejen hacerlo. “La última vez cambiaron todo”, afirmó.

Rafael Luna Noguera

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