EXMAGISTRADA ESMERALDA DE TROITIÑO CUESTIONA LA ACTUACIÓN DEL MAGISTRADO ALEJANDRO MONCADA LUNA

´Proyecto está viciado´

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño opinó que el proyecto de ley presentado esta semana ante la Asamblea por el presidente de esa corporación, Alejandro Moncada Luna, que, entre otros aspectos, busca erradicar la corrupción y darle más poderes al pleno, decapita la carrera judicial, viola normas de la Constitución, fue presentado de manera irregular y, además, faculta a las autoridades policiales para incurrir en arbitrariedades.

¿Considera usted que fue correcta la metodología aplicada por el magistrado Alejandro Moncada Luna de buscar la aprobación de la Sala Cuarta de Negocios Generales y no del pleno de la Corte para presentar el proyecto de ley ante la Asamblea, lo cual fue cuestionado por cuatro de sus colegas?

La norma constitucional referente a la iniciativa legislativa de la Corte fue malinterpretada, porque solo el pleno de ese órgano de Estado está facultado constitucionalmente para autorizar la presentación de proyectos de ley ante la Asamblea. A la Sala Cuarta solo le corresponde redactar el acuerdo o la decisión adoptada.

El magistrado Harley Mitchell, miembro de la Sala Cuarta, salvó su voto por no estar de acuerdo en el procedimiento.

Este es un hecho histórico; es la primera vez que esto ocurre. La administración de justicia y un proyecto de tanta envergadura como este no puede estar en manos de solo dos personas. Lo lógico y legal era discutirlo entre los nueve integrantes del pleno.

Según las explicaciones de Moncada Luna, tanto la Constitución como el Código Judicial facultan a la Sala Cuarta para autorizarlo a presentar el proyecto ante los diputados.

Como ya explicamos, la Constitución le concede facultades a la Corte; es decir, al pleno, para esta iniciativa legislativa y el Código Judicial lo que establece son las atribuciones de cada sala del Órgano Judicial. No se debe confundir una cosa con la otra.

A su juicio, ¿es ilegal lo actuado por Moncada?

Lo que hizo está viciado, porque desconoció las facultades constitucionales que tiene el pleno en esta materia y por tanto se debe devolver este proyecto para su discusión ante un pleno extraordinario.

Entonces, ¿la presentación del proyecto antela Asamblea fue un acto ilegal?

No se ajusta a los procedimientos legales establecidos.

¿Qué opina usted sobre el contenido del proyecto presentado?

Este documento decapita la carrera judicial, viola la Constitución y no cumple con los procedimientos internos del Órgano Judicial.

¿Por qué decapita la carrera judicial?

La Constitución es clara en su artículo 209, el cual establece que los magistrados de tribunales superiores son nombrados por la Corte Suprema y a los jueces, por sus superiores jerárquicos; es decir, los magistrados de tribunales superiores. Pero en este proyecto se pretende que los nombramientos de los jueces también sean responsabilidad de la Corte, lo que viola la citada norma.

El proyecto también concede autorización al pleno de la Corte para sancionar a magistrados de tribunales superiores y jueces.

Ese es otro aspecto contradictorio de este documento, en el que se rompe con la carrera judicial porque ya existe un Tribunal Disciplinario y un Código de Ética en esta corporación. En todo caso, debe ser un ente independiente el que cumpla esta función sancionadora.

¿Qué opina del artículo transitorio, relacionado con la retroactividad de los procesos pendientes?

Es bochornoso, porque la interpretación y aplicación de la ley siempre es a futuro y no en pasado. La ley se aplica cuando está vigente. Para atrás implica una posibilidad de arbitrariedad y abuso de autoridad.

¿Esto tiene que ver con la gran cantidad de expedientes ´engavetados´ o estancados?

Exacto. Hay una gran cantidad de expedientes “engavetados”, específicamente los denominados de alto perfil. Magistrados y jueces tienen la responsabilidad de concluir sus expedientes en el tiempo determinado por la ley; hacer lo contrario, es incurrir en corrupción.

¿Los términos en días que plantea el proyecto para tramitar los casos ayudaría a eliminar la morosidad judicial?

Actualmente, la ley especifica los términos para tramitar y concluir los casos y los recursos legales, pero eso no se cumple; por lo tanto, considero que este proyecto en nada va a mejorar esa situación.

De igual forma, se pretende que con solo cinco votos del pleno se pueda aprobar o desaprobar un caso, ¿esto es positivo o negativo?

Esto es peligroso, debido a que solo se necesitan cinco votos para aprobar o desaprobar un caso y no necesitaría la opinión de los otros cuatro magistrados que completan el pleno. Los nueve magistrados tienen el derecho y la obligación de conocer todos los casos que se debaten ante el pleno.

También se habla de un voto dirimente; es decir, que el magistrado presidente de la Corte puede votar dos veces en caso de empate.

Esto es otro aspecto ilógico de este proyecto, porque son 9 magistrados. Nunca va a haber empate. Eso solo aplicaría cuando el pleno aumente a 12 integrantes después de que asuman los 3 magistrados de la nueva Sala Quinta.

¿Esto puede estar relacionado con las dos bancadas que actualmente existen en el pleno, una de cinco magistrados, que apoya al Presidente, y otra de los cuatro que lo adversa?

No hay duda de que esa es la razón para introducir este artículo. Un grupo de magistrados actúa actualmente en favor de intereses personales o ligados al Ejecutivo. Sí hay injerencia del Ejecutivo en este órgano del Estado. Es una situación similar a la que ocurre en la Asamblea, donde se proponen los proyectos de ley porque se sabe de antemano que van a ser aprobados porque se cuenta con la mayoría de los votos de esa bancada. Por eso, es necesario implementar la Corte Constitucional, que es la única que puede fiscalizar la actuación del pleno.

El proyecto también autoriza a las autoridades policiales para realizar allanamientos.

Esto también es delicado, porque las autoridades de Policía, es decir los corregidores y jueces nocturnos, pueden violar los derechos o garantías de los ciudadanos al darles esa facultad para allanar residencias privadas con la participación de la Policía Nacional y sin requerir de autorización de jueces de garantías o fiscales. Con esto, la Policía Nacional solo tendría que buscar a un corregidor para entrar en una residencia o edificio para cualquier fin, lo que viola el Código Procesal Penal y contradice las normas del Sistema Penal Acusatorio, según el cual solo el juez de garantías puede ordenar y ejecutar allanamientos. Además, autoriza a la Policía Nacional para actuar sin los controles jurisdiccionales establecidos por la ley.

Además, se establece que los funcionarios judiciales solo pueden laborar hasta los 65 años de edad.

Eso también viola la carrera judicial, porque no se puede medir la capacidad de un funcionario por su edad. Su rendimiento y productividad debe evaluarse periódicamente mediante métodos modernos y ese aspecto no está contemplado en este proyecto.

Contradice fallo de la Corte

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 12 de agosto de 1994, cuya ponente fue la entonces magistrada Mirtza Franceschi, declaró inconstitucional la segunda parte del artículo 331 del Código Judicial, que establecía períodos fijos para el fiscal auxiliar, los fiscales de circuito, fiscales superiores y personeros, porque al hacerlo se desconocía su inclusión en la carrera judicial, tal como lo establece el artículo 221 de la Constitución.

Esta misma norma se aplica para jueces y magistrados de tribunales superiores, a los que ahora, con el proyecto de ley presentado esta semana ante la Asamblea por el magistrado Alejandro Moncada Luna, se les pretende establecer períodos fijos de 10 años.

En aquel entonces, el artículo 331 establecía (aún está vigente) un período de 10 años para los procuradores de la Nación y Administración, similar al de los magistrados de la Corte. Pero el fiscal delegado de la República, el fiscal auxiliar y fiscales superiores serían nombrados por seis años; en tanto que los fiscales de circuito, por cuatro años; y los personeros municipales, por tres años. La acción de inconstitucionalidad fue propuesta por el abogado Diógenes Alvarado.

Según Rigoberto González, ex secretario general del Ministerio Público, el citado fallo establece que a los funcionarios que forman parte de la carrera judicial no se les puede establecer períodos fijos, sean fiscales o jueces, por lo que el proyecto de ley de Moncada Luna “sería contrario a la Constitución”.

Rubén Polanco

Propuesta crea Estado policial

El secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático, Mitchell Doens, calificó como una aberración jurídica de intenciones oscuras el proyecto de ley que presentó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, ante la Asamblea Nacional. Denunció que este proyecto está creando un Estado policiaco, tirando por la borda preceptos constitucionales fundamentales, como la necesidad de una orden judicial para hacer un allanamiento, y que no quede a criterio de la Policía. “Esto no solo es inconstitucional, sino que es una aberración jurídica”, insistió. Además, dijo que cuatro de los miembros de la Corte Suprema de Justicia están en desacuerdo con la iniciativa que, al final, según su opinión, permitirá que el presidente, Ricardo Martinelli, nombre a los jueces y a los magistrados del Órgano Judicial. “Lo único que le faltaría es nombrar a los curas y a los obispos”, opinó.

Irene Hernández

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