LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RSE y el ´nuevo estado de cosas´

El experto en RSE Dante Pesce explica cómo el Estado puede empujar con el ejemplo acciones responsables.
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El significado de estas siglas remite al ámbito de la empresa privada; sin embargo, la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) también toca al Gobierno, ya que al gestionar proyectos, obras y programas con dinero que sale de los impuestos de los panameños está todavía más obligado a rendir cuentas sobre lo que se gasta e invierte del erario, así como del impacto que sus acciones tienen sobre el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

Tres elementos comunes de toda definición que explican el significado de estas siglas tan en boga son: nuevo paradigma, nueva ética y nueva forma de gerenciar. Sin embargo, lo que subyace no es nuevo, tiene que ver con valores, formas de actuar que no afecten a terceros ni el ambiente; con respetar la ley y ser coherentes entre lo que se hace y lo que se pregona y se exige hacia afuera.

Es una filosofía que tenía vigencia ayer y la tiene hoy. La diferencia es que hoy más personas se atreven a exigir cuentas a las empresas por cómo hacen sus productos (cómo se produce o extrae la materia prima y en qué condiciones laboran las personas, y eso influencia su decisión de compra), por ejemplo; y del lado público demandan de sus gobiernos con más fuerza honradez en el manejo del dinero, condenan la corrupción e increpan a los políticos.

Y es por estos últimos aspectos que se puede afirmar que el papel del Estado –representando por el gobierno de turno– en materia de RSE va más allá de ser regulador y gestor de leyes, políticas y buenas prácticas. Dante Pesce, CEO de Vincular (Centro para la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible), de Chile, lo explica: “El Estado tiene trabajadores, el Estado puede ser más o menos corrupto, más o menos transparente, más o menos competente en usar los recursos de todos los panameños, o de todos los chilenos, y allí hay una dimensión organizacional”.

Para Pesce es un hecho que la otra dimensión del Estado también requiere de prácticas responsables. “El Estado también es dueño o controlador de empresas, entrega concesiones a terceros, a privados, por ejemplo para administración de carreteras o administración de servicios, etc. También es un gran comprador de bienes y servicios a través de, por ejemplo, PanamáCompra, y también el Estado tiene fuerzas de defensa o seguridad, que es un campo donde se genera consumo, se ponen órdenes de compra. Por lo tanto, el Estado tiene una dimensión organizacional y una promotora. No es solo promotor de terceros sino que también puede practicar para consigo mismo”.

Y hay estudios internacionales que sustentan el peso que la dimensión organizacional del Estado tiene y al analizarlos, afirma Pesce, se puede percatar que si el Estado estableciera y aplicara criterios mínimos de comportamiento responsable se estaría empujando una porción muy grande de la economía de un país. Y ello es así, según Pesce, porque las concesiones y las compras directas de organizaciones estatales y de seguridad equivalen entre el 22% y 30% del producto interno bruto de un país y al incentivar el Gobierno estas prácticas luego serán asumidas por contratistas y proveedores. Será una cadena que llegará a todo el país.

Si dimensionamos el peso del Estado panameño con el renglón de las compras, entre el 28 de diciembre de 2006 (cuando se creó PanamáCompra) y el 31 de agosto de 2012 se realizaron 644 mil 508 actos públicos que involucraron $14 mil 422.2 millones, unos $2 mil 60 millones por año. De septiembre 2012 hasta hoy se han producido al menos 122 mil 110 actos públicos más en ese portal. Estas compras no incluyen las relativas a los estamentos de seguridad, las cuales, según un reporte del Ministerio de Seguridad de enero de 2013, significaron erogaciones por $561 millones entre 2010 y 2012.

En países como el nuestro y otros de Latinoamérica, donde la sociedad cuestiona la corrupción, falta de transparencia y manipulación de licitaciones, ¿cómo legitima el Gobierno las políticas de este tipo que impulse?

Eso es un problema presente en todo el mundo, con distinta intensidad. Si los gobiernos son electos por el pueblo y resulta un gobierno poco competente o corrupto o carente de legitimidad es también por culpa de uno mismo, porque uno es el que elige a sus autoridades. Ahora, gobiernos más competentes y más serios o más responsables en su gestión, van a generar un marco de actuación más transparente, más abierto a la ciudadanía y donde la temática de la RSE va a tener un campo de desarrollo expedito y favorable. En gobiernos donde se genere lo contrario la van a tener difícil.

Acuerdos internacionales que los distintos países hemos venido suscribiendo empujan la intención de reconocer el desarrollo sostenible como un mandato y el comportamiento empresarial responsable como algo deseable. De hecho Panamá en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea firmó y aceptó un capítulo de desarrollo sostenible y una cláusula de RSE para ser conversado y revisado por los representantes europeos y panameños cada año; también en el caso de Panamá suscribió los acuerdos de CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños] con la finalidad de construir un marco de políticas públicas que incentiven la RSE y mostrar sus resultados [de esta política] y compararlos con los demás países cada dos años. La próxima reunión de CELAC-Unión Europea será en dos años [2015] en Bruselas y el Gobierno panameño tendrá que mostrar cuáles son los avances de políticas públicas y las acciones que se han tomado como respuesta a los acuerdos suscritos. Y eso lo tenemos todos. Ahora, hay gobiernos que firman los acuerdos sin leer el contenido, otros que lo leen con más detalle, ahí varía, y no es un mundo perfecto, pero al menos hay una tendencia internacional a generar compromisos para tener políticas de largo plazo y actuar concretamente.

¿Cómo la RSE puede ayudarnos a que los altos niveles de crecimiento de los países, entre ellos Panamá, sean sostenibles y que haya equilibrio a largo plazo?

Está claro que el ritmo de crecimiento que estamos teniendo en el mundo está generando un efecto positivo: superación de pobreza, pero es un efecto positivo con desequilibrio desde el punto de vista ambiental, de la equidad en la distribución de ingresos, entre regiones pobres y ricas dentro de un mismo país, etc., y por lo tanto es un crecimiento que es bienvenido y que genera riqueza y efectivamente ayuda a superar pobreza pero no es un desarrollo suficientemente equilibrado y desde ese punto de vista es un desarrollo que tiene riesgos de no poder sostenerse en el largo plazo.

Si uno le pregunta sinceramente [a alguien]: ´Crees tú que le vamos a heredar a nuestros hijos y nietos un mejor planeta que el que recibimos´, yo creo que con la mano en el corazón muy poca gente podría decir que sí, excepto desde el punto de vista de la generación de riqueza y probablemente algún nivel de superación de pobreza, pero más inequitativo, más inestable, con un cambio climático, con daño ecológico, etc.

Entonces, lo que tenemos por delante como sociedad es buscar un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social y medioambiental, y en eso todavía tenemos desafíos. Ahora, la propuesta y los consensos que hay en el nivel internacional es que un desarrollo sostenible para las empresas es posible en la medida en que las organizaciones se hagan responsables de sus impactos negativos y los gestionen de manera proactiva, de manera que contribuyan a un desarrollo equilibrado desde lo social y lo ambiental y no solamente un crecimiento desde lo económico.

¿Y eso es posible?

Digamos que no hay alternativa. Yo quiero ser optimista y, por lo menos, hay indicación de que aquellas organizaciones que se lo han propuesto más deliberadamente lo están logrando.

Sobre las barreras para el ejercicio de la RSE en las empresas públicas, Francisco Legizamón señala en el libro, La Responsabilidad Social de la empresa en América Latina que una de las más dañinas es la corrupción y para removerla propone normas de conductas para el funcionario, orientadas a prevenir conflictos de interés y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos; crear sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos por parte de los funcionarios; fortalecer los procedimientos de auditoría interna y contratación; eliminar los beneficios tributarios a cualquier persona o empresa que efectúe pagos en violación de la legislación contra la corrupción; establecer sistemas para la adquisición de bienes y servicios y asegurar su equidad y eficiencia”.

Lo segundo a lo que apunta es a desarrollar el capital humano, y pone como ejemplo que cuando el Senado de Estados Unidos discutía la reversión del Canal de Panamá algunos se preguntaban si los panameños podrían manejarlo, y que hoy los resultados contrastan con esa preocupación, producto de la apuesta que la Autoridad del Canal hizo al desarrollo de su gente.

Panamá y las compras sustentables

Panamá es uno de los países que integra el proyecto regional de compras públicas sostenibles y eco-etiquetado. La inclusión fue hecha por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que impulsa la iniciativa en países en desarrollo. Para llevar adelante el proyecto, la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) firmó un convenio con el Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (Cegesti), de Costa Rica, que capacitará a los funcionarios panameños y ayudará a implementar criterios de sostenibilidad en los convenios. Funcionarios de la DGCP y Cegesti también se reunieron con la Autoridad Nacional del Ambiente. Lineth Arcia, directora de Protección de la Calidad Ambiental, explicó que se aprobó el programa; que PanamáCompra y Anam serían el punto focal del proyecto y trabajarían coordinadamente; que los fondos y contratos son competencia de PanamáCompra, y la Anam solo dará los visto bueno.

Sobre el eco-etiquetado, Arcia indicó que en la reunión se presentaron las características y requisitos que deben satisfacer los productos para adquirir la etiqueta de amigable con el ambiente. Según el Pnuma, las compras sustentables “son aquellas en las que se adoptan criterios ambientales y sociales, además de los económicos, como condición para las compras y contrataciones de bienes y servicios”. En el caso de las empresas públicas se justifica su introducción, porque mejoran la imagen pública, la eficiencia y obtienen altos niveles de sustentabilidad.

CECILIA FONSECA S.

PERFIL

DANTE PESCE.

Es CEO del Centro para la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de Valparaíso. Trabajó en la elaboración de la Norma ISO 26000, que compila varias iniciativas elaboradas para que organizaciones y empresas se midan con base en indicadores. Es miembro del Consejo Asesor de la Presidencia de ISO 26000, así como del Consejo de Stakeholders de Global Reporting Initiative. En Panamá imparte cátedra en el Diplomado de Gestión de la Responsabilidad Social que se dicta cada año y que en 2013 se inició en agosto.

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