Análisis

Por qué Rafael Guardia, sí y Guillermo Ferrufino, no

Rafael Guardia Jaén y Guillermo Ferrufino enfrentan investigaciones por delitos diferentes que se procesan bajo distintos criterios.

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Guardia Jaén permanece detenido en las celdas transitorias de la Dirección de Investigación Judicial. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga. Guardia Jaén permanece detenido en las celdas transitorias de la Dirección de Investigación Judicial. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.
Guardia Jaén permanece detenido en las celdas transitorias de la Dirección de Investigación Judicial. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.

En distintas esferas, tanto en el seno de hogares, como en las salas de trabajo de muchas empresas la gente hace la pregunta que encabeza este artículo. Para contestarla hay que hacer una reflexión jurídica que nos permita entender las distintas etapas de las diferentes investigaciones.

Debemos asumir la presunción de inocencia y el debido proceso como marcos de referencia, tanto para Rafael Guardia Jaén como para Guillermo Ferrufino. Por lo tanto, ambos son inocentes de toda acusación hasta que un tribunal los condene en firme.

Adicionalmente, estas líneas se escriben sin el conocimiento completo de los expedientes de ambos casos, y con la intención expresa de simplificar el análisis presentado.

Recordemos que el sistema penal acusatorio no se aplica a plenitud en el Primer Distrito Judicial de Panamá, que corresponde a las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, donde aún se aplica el vetusto Código Judicial, Ley 29 de 1984 y su más de medio centenar de reformas.

Sin embargo, no se puede obviar lo que se conoce hasta la fecha y que constituye parte del historial público de ambos casos.

En lo referente a Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y exgerente general del Banco Hipotecario Nacional (BHN), muy probablemente su expediente debe haberse iniciado hace meses atrás con algún tipo de informe o auditoría, ya fuera de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas, del propio PAN o del Ministerio de la Presidencia.

Con ese informe o auditoría, el fiscal que lleva la causa contra Rafael Guardia Jaén debe haber iniciado el acopio de más documentos y haber solicitado a los bancos en Panamá los respectivos informes de movimientos financieros, cuentas bancarias u otras operaciones vinculadas al señor Guardia Jaén.

Con lo encontrado, luego de semanas o meses de investigación, el fiscal empezó a tomar medidas cautelares contra bienes y cuentas bancarias, a la vez que ordenó la conducción a su despacho, y la posterior detención preventiva del señor Guardia Jaén. Esto explica cómo llegó a la cárcel el exdirector del PAN.

En el caso de Guillermo Ferrufino, la actuación del Ministerio Público se da como reacción a informaciones divulgadas por los medios de comunicación y las redes sociales, en las cuales se señalaba, presuntamente, que el señor Ferrufino era dueño, por sí mismo o supuestamente por interpuestas personas, naturales o jurídicas, de un vasto patrimonio de lujosas mansiones, fincas, casas de playa, y múltiples vehículos de todo tipo.

En este caso, el fiscal está reaccionando a lo divulgado en los medios, y no ha tenido tiempo realmente de realizar su investigación o sumario en averiguación, y opta por el camino más obvio, indiciar a Guillermo Ferrufino por presunto delito de enriquecimiento injustificado.

En este delito, junto con el de lavado de dinero, según nuestro actual ordenamiento jurídico, se invierte la carga de la prueba, es decir, es el acusado el que debe probar que no cometió un delito.

Hasta aquí sería un ejercicio de lógica jurídica, salvo que existe una etapa adicional en el caso Ferrufino que lo hace distinto al Guardia Jaén.

Esa etapa ocurre en la Contraloría General de la República, que es la institución que debe aportar una calificación a las pruebas sumarias presentadas por el Ministerio Público para que se acredite que efectivamente existe un enriquecimiento injustificado.

Sin este pronunciamiento por parte de la Contraloría, aunque el acusado tuviera más bienes que Carlos Slim y Bill Gates juntos, no existe el delito.

Esta es la principal razón por la cual Rafael Guardia Jaén está detenido preventivamente y Guillermo Ferrufino, no.

Si en las próximas semanas aparecieran evidencias o testimonios que sirviesen de indicios al Ministerio Público de que el extitular del Mides pudo haber cometido peculado, entonces los fiscales podrían actuar sin esperar a la decisión de la Contraloría General de la República. He allí otra opción que este caso podría tener. De lo contrario, la suerte de Ferrufino está en manos de la Contraloría.

La historia de un sobreseimiento provisional

Seis meses después de alcanzar la mayoría de edad, Guillermo Ferrufino Benítez, amante de los autos y las motocicletas, tuvo que enfrentar a las autoridades por el hurto de un vehículo.

El caso data del 17 de agosto de 1992, cuando Marisol Racedo Antúnez se presentó a la Fiscalía Auxiliar para interponer una denuncia por el hurto de su vehículo Hyundai Excel LS, color blanco, modelo 1991, con placa 8-59444-92.

De acuerdo con el expediente, al que este diario tuvo acceso, la noche anterior, como a las 10:00 p.m., Racedo Antúnez dejó el vehículo estacionado en su residencia y, al día siguiente, ya no estaba.

Según las investigaciones, meses más tarde, los detectives Olmidio Sánchez, Roger Diez y Raúl Rodríguez –de la sección de Hurto de Autos y Accesorios de la Policía Técnica Judicial (PTJ)– a través de un informe, detallaron a sus superiores que después de tener conocimiento “de que un sujeto trataba de vender un vehículo en B/.3,000.00, más B/.700.00 para arreglo de los papeles, efectuaron un operativo, percatándose que se trataba de alguien que “respondía al nombre Ferrufino” , y que el vehículo era un Hyundai Excel, blanco, con matrícula 8-60628-92, el cual trataba de vender en B/.4,000.00”.

En otro informe, fechado 1 de mayo de 1993, los detectives Mario Samudio y César Chiu, de la sección de Hurto de Autos y Accesorios de la PTJ, pusieron en evidencia que “el auto fue ubicado en la casa No. 6051, carretera Interamericana, en poder de Guillermo Ferrufino, quien no pudo presentar documentos que justificara su posesión, por lo que el vehículo fue trasladado a la agencia de la Policía Técnica Judicial de La Chorrera para su custodia”.

Doce días después, el Municipio de Panamá expidió una certificación en la que hacía constar que la matrícula 8-59444-1992 pertenecía al vehículo Hyundai, modelo 1991, motor G4DGL912548, chasis KMHVF21MPMU377198, color blanco, perteneciente a Panamerican de Panamá, S.A. En el expediente se explica que la denunciante del hurto, Marisol Racedo Antúnez, tras recibir 7 mil 400 dólares con 66 centésimos de parte de la empresa, firmó un finiquito en el que renunciaba a todos sus derechos en relación al vehículo denunciado, subrogándose tales derechos Panamerican de Panamá, S.A. De acuerdo con las pesquisas de la época, al rendir declaración indagatoria, Ferrufino Benítez admitió que el vehículo fue hallado en su poder, pero negó los cargos en su contra, afirmando que lo había comprado a un norteamericano llamado Jaeson Smith [sic], a quien conoció a través de Alexis Donado.

Alegó que el auto lo había comprado en B/. 3,000.00 y describió al señor Smith como trigueño, de 1.63 metros de estatura y portador de una esclava (pulsera) que decía Smith. Sin embargo, esta versión es opuesta a la declaración jurada de Alexis Donado, quien “aceptó conocer a Ferrufino, mas no así a Jaeson Smith, a quien, según dijo, jamás lo había oído mencionar”.

Según el proceso, después de la devolución del auto por parte de las autoridades, Jaime Vega, designado por Panamerican de Panamá, S.A. para atender este caso, dirigió una misiva al fiscal Segundo de Circuito de Panamá, en la que desistía de la pretensión punitiva contra Ferrufino.

Por ello, mediante vista fiscal No. 581, el fiscal solicitó el ´sobreseimiento provisional´ de Ferrufino, basado en el artículo 2211 del Código Judicial. La jueza tercera de lo Penal del Primer Circuito de Panamá, Geneva Aguilar Ladrón de Guevara, basada en el desestimiento de la pretensión punitiva del abogado de Panamerican de Panamá, S.A. contra Ferrufino y, porque no se produjeron pruebas que lo vincularan con el hurto del auto, decretó su ´sobreseimiento provisional´.

“Sin embargo, como quiera que el prenombrado fue receptor de un vehículo hurtado, se ordena la compulsa de copias a la esfera municipal para que se investigue el posible aprovechamiento de cosa proveniente de un delito”, concluyó Aguilar Ladrón de Guevara.

Por más de año y medio, este diario ha solicitado una reacción a Ferrufino, pero no respondió.

JULIO CÉSAR RUILOBA

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