ESCUCHAS TELEFÓNICAS ::::: INVASIÓN A LA INTIMIDAD

Reclaman a Mejía actuar ‘sin temor’

Magistrado fiscal sustentó que Martinelli dio órdenes a miembros del Consejo de Seguridad Nacional para realizar la interceptación de comunicaciones.

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Jerónimo Mejía. Jerónimo Mejía.

Jerónimo Mejía.

Al expresidente Ricardo Martinelli, quien está fuera del país desde hace nueve meses, se le acusa de violar las comunicaciones de al menos 150 ciudadanos. Al expresidente Ricardo Martinelli, quien está fuera del país desde hace nueve meses, se le acusa de violar las comunicaciones de al menos 150 ciudadanos.

Al expresidente Ricardo Martinelli, quien está fuera del país desde hace nueve meses, se le acusa de violar las comunicaciones de al menos 150 ciudadanos.

El magistrado Jerónimo Mejía es el juez de garantías en el caso de los pinchazos. El magistrado Jerónimo Mejía es el juez de garantías en el caso de los pinchazos.

El magistrado Jerónimo Mejía es el juez de garantías en el caso de los pinchazos.

Representantes de la sociedad civil organizada y un expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitan al magistrado Jerónimo Mejía, quien actúa como juez de garantías en el proceso que sigue la CSJ al expresidente Ricardo Martinelli por los “pinchazos”, que cumpla con su responsabilidad en el rol de juez imparcial, respetuoso de la ley y sin temor a tomar decisiones.

“Me parece que es una persona con bastante conocimiento de la parte penal, ¿cómo lo hará en este caso?, ya es cosa de cada uno. Yo confío en que tendrá una buena actuación”, dijo el expresidente de la CSJ Carlos Lucas López.

El fiscal del caso, Harry Díaz, acusó a Martinelli por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y contra la administración pública, por esta investigación. Díaz solicitó a Mejía la apertura del juicio oral a Martinelli y remitió a la Dirección de Investigación Judicial una notificación para que a través de Interpol se emita una alerta azul para ubicar al expresidente.

Actuación de Mejía en caso de pinchazos, bajo la lupa

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jerónimo Mejía está en el centro de las miradas de la sociedad civil y de las víctimas de los pinchazos telefónicos que se gestaron en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Mejía es el juez de garantías en el proceso que le sigue la Corte al exgobernante por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública.

Esto, a raíz de la interceptación de comunicaciones presuntamente ilegales a al menos 150 personas durante el pasado quinquenio. Por ello, a Mejía le exigen que actúe “con mano firme y no permita que queden impunes hechos tan graves”.

‘HAY BASES’

“Yo pienso que en este caso sí hay bases para por lo menos llevar a causa criminal la actuación de Martinelli, pero ya lo que decida el juez de garantías es decisión personal de él”, aseguró el expresidente de la Corte Carlos Lucas López.

“Pienso que es difícil que se pueda probar que no hubo delito. Yo sí creo que hay bases suficientes para llamar a juicio al expresidente”, agregó.

Sostuvo que lo que menos le conviene a Martinelli es, a través de sus abogados, alargar un proceso que se puede “ir quién sabe hasta cuándo”. “Yo no veo allí que haya una causal de nulidad realmente juiciosa”, argumentó.

“Confío mucho en la forma como actúa el magistrado Mejía. Me parece que es una persona con bastante conocimiento de la parte penal, ¿cómo lo hará en este caso?, ya es cosa de cada uno. Confío en que tendrá una buena actuación”, planteó.

Mientras que Anette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), organización civil que impulsa la campaña #justiciaorenuncia para pedirle a los magistrados de la Corte que agilicen las investigaciones en las que se vincula al exgobernante, manifiesta que como grupo no pueden decirle al juez de garantías que falle a favor o en contra, pero argumentó que sí le solicitan “sea un proceso transparente y expedito”.

“Estaremos vigilantes y pendientes. Lo importante es mantener la transparencia del proceso y que se sepa ¿cuándo va a hacerse la audiencia de imputación?, ¿cómo se le va a notificar al expresidente Martinelli? y si se tomará alguna medida cautelar, porque estamos hablando de una pena de hasta 21 años y, siendo tan grave, debería venir acompañada de una medida cautelar”, afirmó.

Recordó que el juez de garantías, luego de recibir el escrito de acusación, tiene un tiempo para decidir si llama a la audiencia de imputación.

“Esperamos que los tiempos sean acordes con la importancia del tema. Que no se prolongue el caso más allá de lo debido”, dijo.

El viernes 9 de octubre, un día después que declaró cerrada la investigación, el magistrado fiscal del caso, Harry Díaz, acusó [ante Mejía] a Martinelli de la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública.

Díaz sustentó que el exgobernante, fuera del país desde el 28 de enero pasado, ordenó a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) realizar las interceptaciones de comunicaciones.

Destacó que Martinelli estableció un aparato organizado de poder, a través del cual giraba instrucciones al CSN para ejecutar “estas actividades ilícitas que violaban los derechos humanos”.

Además, pidió a Mejía un juicio oral y remitió a la Dirección de Investigación Judicial una notificación para que, por medio de Interpol, se emita una alerta azul para ubicar a Martinelli.

De allí que activistas de la sociedad civil, como Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, exijan que Mejía “cumpla con su responsabilidad ajustada a derecho”.

En tanto, Magaly Castillo, también de esa agrupación, afirmó que “espera un rol de juez imparcial, respetuoso de la ley y sin temor a tomar decisiones. Un juez que actúe con mano firme y que no permita que queden impunes hechos tan graves”.

Mientras que el presidente del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez, resaltó que Mejía “es conocedor del tema penal”, por lo que debe tomar, en primer lugar, “una decisión a la mayor brevedad posible, pero respetando el debido proceso”.

“Los ojos del país y de buena parte del mundo están puestos sobre él [Mejía], su decisión será luz de esperanza o frustración”, indicó.

Mientras que la dirigente del Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera recordó que le corresponde al juez de garantías determinar el imputarle los cargos, localizar a Martinelli notificarle para que venga y enfrente los cargos.

“Cuando hay un fiscal que ha entrevistado en este proceso a las víctimas y tiene los elementos suficientes [para acusar], creo que ya el juez de garantías debe responder a una realidad. Se supone que este sistema de proceso penal es más rápido. Espero que el magistrado Mejía asuma su rol”, afirmó Herrera, una de las víctimas del espionaje en la era Martinelli.

Por su lado, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal dijo que ahora le compete a Mejía “respetar la ley, que es lo que le corresponde como magistrado de este país, y actúe sin ningún tipo de favoritismo”.

LA LEY

Las competencias del juez de garantías están contenidas en el artículo 44 del Código Procesal Penal.

De acuerdo a esta disposición, quien ejerza esta figura “es el que debe pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales de los imputados o de la víctima”, y entre otras cosas “de la admisión o inadmisión de las peticiones de pruebas anticipadas y de su práctica”.

Otras de sus funciones son elevar la causa a juicio, dictar sobreseimiento o medida procesal. Entre las tareas se destaca la de establecer las medidas cautelares personales o reales.

DERECHOS HUMANOS

Con la interceptación de comunicaciones se violaron disposiciones de la Constitución Política de Panamá, tratados y convenciones Internacionales de derechos humanos, entre otras disposiciones, que protegen el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

El artículo 29 de la Carta Magna establece, por ejemplo, que “todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial (...)”.

Mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, señala que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o reputación”.

Por otro lado, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada ...”.

Además, la Fiscalía Auxiliar, ente del Ministerio Público que comenzó la investigación por la interceptación de comunicaciones y que formuló cargos a los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, argumentó que con estas acciones [los pinchazos] se vulneraron las garantías fundamentales de un número plural de ciudadanos, al intervenirse sus comunicaciones, “sin la respectiva autorización judicial”.

El magistrado Díaz, en su acusación, recordó que entre 2012 y mediados de mayo de 2014, funcionarios del Consejo de Seguridad, “por órdenes impartidas por el entonces presidente y hoy diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli, realizaron intercepciones ilícitas de las comunicaciones de un número plural de ciudadanos”.

Manifestó que se hicieron a través de correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, grabación de conversaciones confidenciales y personales de teléfonos celulares y fijos, además de fotografías, y de la vigilancia y seguimiento de personas. En ese grupo se encontraban activistas, empresarios, y líderes políticos, dirigentes sindicales y de gremios profesionales.

Díaz presentó 11 elementos que, a su juicio, vinculan al expresidente Martinelli con la supuesta comisión de los delitos y aporta los testimonios de decenas de víctimas.

Otro testimonio es el del exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu, otrora “mano derecha” de Martinelli.

Papadimitriu le afirmó al fiscal que la política de seguridad del Estado era “responsabilidad del Presidente de la República”.

Opinión similar esgrimió otro de los que un día fue “hombre de confianza” de Martinelli. Se trata del también titular de la Presidencia Roberto Henríquez.

(Con información de Eduardo Mendoza)

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