Reclaman igualdad para el proceso de esterilización

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Los gremios sostienen que no se pueden establecer edad o limitaciones a la salud reproductiva de una persona. Los gremios sostienen que no se pueden establecer edad o limitaciones a la salud reproductiva de una persona.

Los gremios sostienen que no se pueden establecer edad o limitaciones a la salud reproductiva de una persona. Foto por: Gabriel Rodríguez

La norma fija los requisitos para someterse al procedimiento. La norma fija los requisitos para someterse al procedimiento.

La norma fija los requisitos para someterse al procedimiento.

Esterilización enciende el debate Esterilización enciende el debate

Esterilización enciende el debate

La desigualdad de edades para someterse a una esterilización vuelve a generar debate. Grupos defensores de los derechos de la mujer denuncian que los hombres pueden optar por no tener hijos a los 18 años, mientras que las mujeres deben esperar hasta los 23 años. Una demanda fue presentada en la Corte Suprema.

Esterilización enciende el debate

El marco regulatorio para la esterilización femenina, establecido en la Ley 7 de marzo de 2013, vuelve a generar opiniones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, ya que, según estas, muestra desigualdad de género y oportunidades.

Se trata del artículo 3 y el numeral 2 del artículo 4 de la norma, en los que se fijan los requisitos para que una mujer solicite la esterilización en los centros de salud u hospitalarios del sector público, a partir de los 23 años y con dos hijos. Además, por recomendación médica (ver facsímil).

Para los hombres, la ley señala que pueden decidir no tener hijos a los 18 años, a través de la vasectomía.

El desacuerdo llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando la abogada y miembro de la Fundación para la Equidad de Género (Fundagénero) Haydée Méndez Illueca presentó, a título personal, una demanda para declarar inconstitucional el artículo 3 y el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 7.

Méndez Illueca sostiene que ambos aspectos de la norma son violatorios de los artículos 4, 17, 19, 109, 110 y 112 de la Constitución Política de la República de Panamá vigente y principios universales de derechos humanos, consignados en convenios internacionales ratificados por Panamá.

Destacó que la solicitud de modificación no se presentó el año de la aprobación de la ley, debido a que esperaban la inclusión de los cambios en el proyecto de ley de educación sexual y reproductiva, pero, como no ha sido aprobado, se decidió interponer el recurso.

La regulación del tema de la salpingectomía surgió para derogar la Ley 48 de 13 de mayo de 1941, calificada como discriminatoria porque solo podían optar por la esterilización mujeres mayores de 33 años y con cinco hijos.

SIN PRIVILEGIOS

La vicepresidenta encargada de Fundagénero, Gilma De León, manifestó que la posición del grupo es que se cumpla con la Constitución Política de la República de Panamá, que señala, en su artículo 19, que no habrá fuero o privilegio personales ni discriminación por raza, nacimiento, sexo, religión o afinidad política.

Expresó que la actual ley mejoró la normativa de 1941, sin embargo, los dos artículos evidencian una inequidad y privilegio, en razón de la edad en la que el hombre puede someterse a una esterilización sin permiso y la mujer debe esperar hasta los 23 años.

Ante este hecho, De León afirmó“que la maternidad no puede ser forzada. La mujer debe decidir cuándo esterilizarse, cuántos hijos tener o si no desea tener hijos”.

Fundagénero pide a la CSJ ejercer la uniformidad de derecho, la equidad de derecho y declarar inconstitucional los dos artículos.

Por su parte, Joyce Araujo, consultora de derechos humanos, destacó que lo que se quiere en Panamá es igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

“Lo ideal sería que a los 18 años, cuando la persona es adulta, pueda tomar la decisión de practicarse una salpingectomía en el sistema de salud público. Mientras que si la persona tiene suficientes recursos económicos, puede esterilizarse sin ninguno de los requisitos establecidos, explicó.

Las dirigentes de los gremios de mujeres sostienen que este país debe cumplir los compromisos adquiridos a nivel internacional y elaborar políticas públicas en igualdad de oportunidades.

Algunos de los acuerdos internacionales que se deben cumplir son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará), entre otros.

salpingectomía

En la Asociación Panameña para el Planeamiento Familiar (Aplafa), dedicada a brindar servicios de orientación y educación de salud sexual y reproductiva, también se brinda el servicio de esterilización.

Esta agrupación también está a favor de revisar la ley, ya que considera que hay desigualdad de oportunidades.

Nischma Villarreal, directora ejecutiva de Aplafa, indicó que la ley anterior establecía mucha desigualdad, pero con la nueva ley se mantiene en menos escala

“Consideramos que se debe igualar la edad y los requisitos para hombres y mujeres”, expresó.

Solo en la clínica de La Locería de Aplafa practican cirugías ambulatorias de esterilización. Desde 2010 a 2014 se hizo este procedimiento a 441 mujeres y la vasectomía, a 410 hombres.

En su mayoría, los pacientes que se practican esta cirugía ambulatoria son parejas, es decir, casadas o unidas.

INCONSTITUCIONALIDAD

El constitucionalista y catedrático Miguel Antonio Bernal explicó que si la demanda presentada contra los artículos 3 y el numeral 2 del artículo 4 cumple con las formalidades, la CSJ deberá darle curso.

De acuerdo con Bernal, si en efecto los citados artículos de la legislación violan las normas internacionales de protección a la mujer, de las que Panamá es signataria, entonces sí se violaría el artículo 4 de la Constitución, que dicta que se acatarán las normas de derecho internacional.

Señaló que el promedio para resolver este recurso va desde 4 a 5 años, debido a los vacíos jurídicos que existen.

Mientras la Corte haga el análisis e investigación, la ley debe seguir cumpliéndose sin ningún inconveniente, sentenció.

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