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PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Reclamo millonario a residentes

La empresa responsable de la construcción del edificio Wind Rose, en San Francisco, interpuso una demanda civil contra vecinos de Coco del Mar.

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El pasado 14 de julio de 2015, los moradores de Coco del Mar presentaron una demanda para declarar nulo por ilegal el permiso de construcción emitido por la Dirección de Obras y Construcciones, pero fue rechazada. El pasado 14 de julio de 2015, los moradores de Coco del Mar presentaron una demanda para declarar nulo por ilegal el permiso de construcción emitido por la Dirección de Obras y Construcciones, pero fue rechazada.

El pasado 14 de julio de 2015, los moradores de Coco del Mar presentaron una demanda para declarar nulo por ilegal el permiso de construcción emitido por la Dirección de Obras y Construcciones, pero fue rechazada. Foto por: Gabriel Rodríguez

En los últimos años los vecinos del área han protestado contra varias edificaciones. En los últimos años los vecinos del área han protestado contra varias edificaciones.

En los últimos años los vecinos del área han protestado contra varias edificaciones. Foto por: Archivo

Miembros de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, en el corregimiento de San Francisco, quienes durante los últimos años han denunciado anomalías en proyectos de construcción, fueron demandados civilmente por Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A., del Grupo Suárez, empresa responsable de la construcción del edificio Wind Rose, ubicado en Coco del Mar.

Todo comenzó el pasado 14 de julio de 2015, cuando los moradores de esa comunidad presentaron una demanda contencioso-administrativa, a fin de que se declarara nulo por ilegal el permiso de construcción emitido por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá.

No obstante, el pasado 28 de marzo de 2016, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la ponencia del magistrado Abel Zamorano, rechazó la demanda de los residentes.

Según los vecinos, la demanda tenía como finalidad, “en ejercicio de un derecho ciudadano”, que la CSJ examinara si dicho acto administrativo había sido dictado cumpliendo la normativa urbanística y ambiental. De hecho, detallaron que fueron presentadas otras solicitudes de carácter administrativo a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y el Municipio de Panamá.

Antes de que la Sala Tercera rechazara la demanda, cuenta Eduardo Guevara, abogado de los moradores, Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A. presentó ante el Ministerio Público, el 8 de enero de 2016, una querella contra el presidente de la Asociación, Steven Kardonski, por la presunta comisión del delito contra la fe pública y se solicitó la detención preventiva de los activistas.

Guevara detalló que en este caso la Fiscalía Decimoquinta del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá solicitó un sobreseimiento provisional. En estos momentos, este proceso aún no se ha cerrado y el expediente se encuentra pendiente de una decisión en el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá.

Catia Rojas, secretaria de de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, subrayó que Grupo Suárez ha tomado represalias por medio de distintos actos en el plano judicial, como forma de “intimidación en contra de defensores y defensoras de derechos humanos”.

DEMANDA CIVIL

Ahora, este conflicto pasó al ramo civil. De eso da cuenta Juan Manuel Suárez, representante legal de Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A., quien explicó que la demanda civil busca el resarcimiento de los daños y perjuicios, ya que el proyecto Wind Rose fue detenido por varios meses.

Narra Suárez que la afectación alcanza directa e indirectamente a más de 500 familias “que perdieron su sustento por más de seis meses, producto de las falsedades señaladas en la demanda presentada por la Asociación”. A la vez, argumentó que como empresa sufrieron pérdidas económicas que a la fecha se están evaluando financieramente, “sin hablar” del daño a la imagen del proyecto.

“El proceso civil que nosotros hemos presentado contra las personas que causaron los daños y perjuicios, está en su etapa inicial”, sostuvo el empresario.

Afirmó, que los hechos en los cuales se fundamentaron los residentes de Coco del Mar, en relación al proyecto Wind Rose, “eran falsos”. “El referido proyecto cuenta con todos los permisos de ley, el mismo no se encontraba en área de manglar, ni en zona de amortiguamiento, y por ende, el mismo no se desarrolla en un área protegida”, agregó.

En ese sentido, puntualizó que en el proceso de investigación la CSJ practicó una diligencia de inspección ocular y “comprobó” que la obra no estaba en área de manglar, y que el proyecto cumplía con todos los permisos y exigencias legales.

Suárez suministró una nota de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá del 31 de agosto de 2015, que señalaba que “en el área en concesión no se ha iniciado ninguna actividad por parte del promotor, y que dicha área no corresponde a un humedal”.

LAS CRÍTICAS

María Chávez, coordinadora de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, sostuvo que estos ataques contra la sociedad civil suceden cuando hay personas con cierto poder que tratan de “intimidar” a quienes defienden los derechos humanos. “Esto también ocurre cuando las autoridades no aplican las normas establecidas, pero nunca nos van a callar”, manifestó Chávez.

La activista calificó como “peligroso” que se demande a la población que trata de velar porque se cumplan las normas urbanas.

Magaly Castillo, miembro de la Red de Derechos Humas y de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, expresó que hay “mucha preocupación” alrededor de este tema, y que le están dando seguimiento a este tipo de intimidaciones.

“En Darién, la ambientalista Ligia Arreaga tuvo que salir del país, y ahora se quiere afectar a los moradores de Coco del Mar, que emprendieron una lucha por sus derechos”, argumentó.

Castillo informó que esto sucede cuando hay entidades, como el Ministerio de Ambiente o el Municipio de Panamá, “indiferentes” a luchar por los derechos de la población en general. “Vamos a acompañar a estas comunidades. No nos gusta lo que está pasando”, aportó.

A raíz de esto, la activista mencionó que están sosteniendo reuniones en la Defensoría del Pueblo para definir un protocolo de atención en estos casos.

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