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DOS AÑOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Recortes perjudican el modelo

Los presupuestos del Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal fueron reducidos en $176.5 millones.

Dos años después de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, los actores que intervienen en el proceso coinciden en que con su aplicación se han reducido los tiempos de litigación, pero advierten de que la falta de recursos atenta contra el buen desarrollo del modelo.

Este sistema comenzó a funcionar el 2 de septiembre de 2011 en Coclé y Veraguas, y el 2 de septiembre de 2012 en Herrera y Los Santos.

A partir de septiembre de este año se debía empezar a aplicar en Chiriquí y Bocas del Toro, y en 2014 en Colón, Darién y Panamá, pero fue postergado en marzo pasado por iniciativa del Ejecutivo, que alegó falta de recursos.

De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recortó en $176.5 millones los presupuestos del Órgano Judicial (OJ) del Ministerio Público (MP) y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) para 2014.

El OJ había pedido $171.8 millones, pero el MEF le aprobó $105.2 millones.

Por su parte, el MP solicitó $144.1 millones, pero le asignaron $74.2 millones y dentro de su estructura el Imelcf (clave en el sistema acusatorio) registró un recorte por tercer año seguido y obtuvo $22.2 millones de los $62.2 millones pedidos.

Su director, Humberto Mas, reveló que como consecuencia de la falta de recursos tienen problemas para mantener el nivel de inversiones en equipos que se requieren para la aplicación del nuevo sistema y para el pago de salarios al personal especializado.

A causa de esta situación, dijo, han renunciado 314 funcionarios, entre ellos 133 peritos de criminalística y 27 de medicina forense, fundamentales para el nuevo modelo. Además, se fueron 154 empleados administrativos.

Pero, además de la migración del personal, la entidad se ve imposibilitada de comprar los insumos que se requieren en las distintas pruebas periciales, en las que se sustenta el sistema acusatorio.

Para la procuradora de la Nación, Ana Belfon, el problema es que los actores involucrados en la administración de la justicia han sido históricamente la cenicienta en lo que a la asignación de recursos se refiere.

Belfon reconoció que los recortes presupuestarios tendrán un impacto negativo en el trabajo de los operadores de justicia, que, sin embargo, deberán adaptarse a la situación.

RESULTADOS DEL MODELO

De acuerdo con la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio del OJ, el resultado más palpable tras la aplicación del nuevo sistema tiene que ver, como se dijo, con la reducción de los tiempos de litigio.

Prueba de ello es que las audiencias ante los jueces de garantía se redujeron a unos 33 minutos, en promedio.

En Coclé y Veraguas, el proceso penal demora 43.5 días en promedio; mientras que en Herrera y Los Santos dicho tiempo baja a 23 días promedio.

Más allá, el coordinador del Sistema Penal Acusatorio en el MP, Ramsés Barrera, resaltó que, contrario a lo que ha ocurrido en otros países donde se ha implementado el sistema, en Panamá hay un bajo índice de impunidad, lo que se traduce en un alto porcentaje de condenas.

Las cifras del MP dan cuenta de que entre el 2 de septiembre de 2011 y el 30 de junio de 2013 se dictaron 850 sentencias condenatorias, 29 absolutorias y tres sentencias mixtas en Coclé y Veraguas.

Entre las condenas más frecuentes figuran las de casos de violencia doméstica, con 129; seguidas de los casos de delitos contra la seguridad colectiva (drogas), con 133.

En Coclé y Veraguas, el MP reporta un promedio de 87.47 días para la tramitación de los casos, cifra que baja a 52.9 días en Herrera y Los Santos.

Con el sistema inquisitivo, el promedio era de 172.6 días en Coclé y Veraguas, y de 124.9 días en Herrera y Los Santos.

Hay dos sistemas de justicia en Panamá

La secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo, advirtió de que la posposición de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Panamá y Darién, por falta de presupuesto, ha dejado al país con dos sistemas de administración de justicia. Expresó que esta situación es totalmente atípica, ya que un sector de la población tiene un sistema más eficiente y transparente; mientras que el resto debe someterse a uno lento.

Precisó que desde el principio se sabía que el sistema penal acusatorio requeriría mayor inversión de recursos económicos, y el Gobierno no los asignó, a pesar de que a otras instituciones, como el Ministerio de Seguridad Pública, las ha dotado de más fondos que a todo el sector justicia. “Queda demostrado que no existe la voluntad política de transformar el sistema de justicia”, manifestó la Secretaría de Alianza Ciudadana.

Juan Manuel Díaz C.

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Cortesía/Sinaproc

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