Red usurpó fincas privadas en Coclé

Fiscal Roberto Moreno LA PRENSA/Archivo. Fiscal Roberto Moreno LA PRENSA/Archivo.
Fiscal Roberto Moreno LA PRENSA/Archivo.

La Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada formuló cargos a tres personas, una de ellas prófuga, por el delito de falsedad y asociación ilícita para delinquir, tras la adquisición de fincas, de manera irregular, en la provincia de Coclé.

Fuentes judiciales informaron que se trata de un grupo que aprovecha los bienes de personas fallecidas, campesinos o extranjeros para venderlas al mejor postor, utilizando datos falsos.

Una de las personas a las que se les formularon cargos es una funcionaria de apellido Trujillo, que laboraba para una notaría, en donde se falsificaban las escrituras públicas para vender las propiedades.

Igualmente, se imputó a un hombre de apellido Rodríguez, considerado por la fiscalía, a cargo de Roberto Moreno, como el cabecilla de la organización.

A estas personas se les acusa de la venta irregular de propiedades de un extranjero en Coclé. Sus familiares descubrieron que, luego de su deceso, la red había donado sus bienes y, posteriormente, fueron ofrecidos al mejor postor.

De acuerdo con la fuente este grupo sobrevaloraba los terrenos, hacía doble titulación de una parcela, tramitaba préstamos en entidades financieras locales mediante la hipoteca de títulos falsos, hurtaba semovientes de los dueños estafados y falsificaba traspasos de lotes.

El informante detalló que se trata de un grupo vinculado con hechos delictivos que ya han sido investigados por las autoridades del Ministerio Público (MP), entre estos, la compra de lotes que llevó a cabo el pastor evangélico Cleotaldo Edwin Álvarez, líder de la comunidad Hossana.

Este caso lo investigó la Fiscalía de Circuito de Herrera y luego fue enviado a la Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada donde actualmente se mantiene.

Álvarez fue implicado, en agosto de 2013, en la falsificación de documentos en el Registro Público para apropiarse de 13 hectáreas de tierras en Boquerón, provincia de Chiriquí, y por las que pagó $320 mil.

Estos terrenos serían utilizados para realizar campamentos, retiros y otras actividades que no se hacen en los templos. Sin embargo, eran reclamados por el ganadero Ricardo Sittón.

Las tierras fueron traspasadas a otras cuatro personas antes que fueran obtenidas por Álvarez, quien enfrentó un proceso penal.

Al pastor se le impusieron medidas cautelares de país por cárcel, pero fue absuelto, junto a siete imputados, “por haber sido sorprendidos en su buena fe”.

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