Reformas darían más poder a la DGI

El poder que tiene la Dirección General de Ingresos (DGI) para escoger arbitrariamente a las empresas que somete a sus auditorías es contrario a toda noción de justicia: la carga de prueba se revierte al acusado (el contribuyente), mientras que el acusador (el Estado) se encuentra en una relación de poder superior.

Así concibe el economista Diego E. Quijano la acción de la DGI y el plan de reestructuración que planea.

Indica que “se trata de un arma que se esgrime, en nombre del Estado, bajo el manto sagrado del deber cívico, pero cuyos límites son tan pobres que el gobierno de turno puede aprovecharla para debilitar a la sociedad civil y expandir sus poderes, al atacar la fuente de sustento de muchas familias y los bienes de las personas”.

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