Refugiados denuncian acoso

El Centro de Asistencia Legal Popular avala el proyecto de ley que les permitiría optar por el estatus migratorio de residente permanente.
Gustavo Peralta, del Cealp (Izq.), y un grupo de refugiados que se queja por la discriminación. LA PRENSA. Gustavo Peralta, del Cealp (Izq.), y un grupo de refugiados que se queja por la discriminación. LA PRENSA.
Gustavo Peralta, del Cealp (Izq.), y un grupo de refugiados que se queja por la discriminación. LA PRENSA.

Por lo menos 2 mil personas viven en el país en calidad de refugiadas o han solicitado ese estatus, informó Gustavo Peralta, del Centro de Asistencia Legal Popular (Cealp).

De acuerdo con Peralta, la mayoría de estas personas es sometida diariamente a múltiples abusos, que van desde la explotación laboral, la falta de acceso a la educación y a la salud, hasta la ausencia de oportunidades para obtener una vivienda.

Inclusive, dijo que deben enfrentar una gran cantidad de obstáculos y vacíos legales para legalizarse.

Precisó que aunque el Decreto Ejecutivo 23 de 1998 les confiere derechos y entre estos resalta que no pueden ser expulsados al país donde ocurren los hechos por lo que tuvieron que solicitar protección, muchos son deportados pese al riesgo de muerte, lo que se traduce en una clara violación de derechos humanos.

Por su parte, Lucila Galán, que huyó de Colombia por la guerrilla, denunció que el carné que se les expide al llegar a Panamá no vale nada, pues al acudir a alguna entidad del Estado se les niegan los trámites.

Galán dijo que el proceso de seguimiento que se les da es irregular y en ocasiones se convierte en rechazo.

Como le pasó a Francisco Balladares, también colombiano, quien denunció que después de 50 días de trabajo solo le pagaron 35 dólares, y cuando reclamó le dijeron que lo tomara o lo dejara.

Balladares denunció que también laboró en una finca limpiando monte y se le prometió un espacio para construir una casa, pero cuando terminó la limpieza fue expulsado.

Ambos denunciaron que muchos extranjeros son llevados a los albergues del Servicio Nacional de Migración y luego deportados, a pesar de que tramitan el estatus de refugiados.

A otros, dijeron, los han desalojado forzosamente de sus casas por solo tener esa condición legal.

Frente a esa situación, el Cealp saludó el proyecto de ley presentado ante la Asamblea el 7 de este mes por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, que “establece los requisitos para que todos los refugiados y asilados puedan aplicar a la categoría migratoria de residente permanente”.

Según Peralta, se trata de una “luz en el camino”.

En tanto, la directora de la Oficina Nacional para la Atención a los Refugiados (Onpar), Mayra Silvera, afirmó que Panamá cumple con los acuerdos internacionales en materia de refugio y hace “ingentes esfuerzos” para brindar una buena atención a quienes lo solicitan.

Aceptó, empero, que en algunas entidades del Estado y empresas privadas se desconocen los derechos de los refugiados, y por ello la Onpar imparte cursos informativos sobre el tema.

A la vez, dijo que con el proyecto presentado por Mulino se pretende agilizar el proceso para que los refugiados obtengan la condición de residentes.

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