Regulación del periodismo trae arbitrariedad

El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió que el anteproyecto de ley viola la Convención Americana de Derechos Humanos.

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Edison Lanza Edison Lanza

Edison Lanza

El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza (al centro), calificó como preocupante la iniciativa de regular el ejercicio del periodismo en Panamá. El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza (al centro), calificó como preocupante la iniciativa de regular el ejercicio del periodismo en Panamá.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza (al centro), calificó como preocupante la iniciativa de regular el ejercicio del periodismo en Panamá.

Danilo Arbilla Danilo Arbilla

Danilo Arbilla

Diego Cornejo-Menacho Diego Cornejo-Menacho

Diego Cornejo-Menacho

El anteproyecto de ley que presentó ante la Asamblea Nacional el diputado Juan Moya, en julio pasado, abriría un “enorme campo de arbitrariedades y censura”, advirtió el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

Además, dijo que esta iniciativa significaría un gran retroceso en Panamá sobre la libertad de expresión.

Por su parte, el presidente Juan Carlos Varela se distanció del proyecto y afirmó que “no le ve futuro”.

Empeora la libertad de expresión

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, advirtió que las fisuras en los temas de libertad de expresión en América Latina han empeorado en el último año.

Durante la 71 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, el jurista uruguayo afirmó que existe una enorme preocupación por la violencia que se genera en la región contra los periodistas, especialmente en México, Honduras, Venezuela, Brasil y Paraguay.

“Uno pensaría que deberíamos tener más gobiernos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión en el resto de la región, pero esos ejemplos no abundan”, indicó Lanza.

Además, el relator especial hizo hincapié en los efectos que producen los monopolios y oligopolios mediáticos en Latinoamérica. “La concentración de medios tiene un efecto negativo para la libertad de expresión, la democracia y la creación de contenidos periodísticos de calidad”, afirmó.

Lanza también advirtió que esta práctica comercial “reduce las voces críticas, el debate de ideas y la circulación de la información”.

El uruguayo explicó que en los últimos meses, la Relatoría que él dirige desde el 8 de octubre de 2014 ha agrupado los distintos mecanismos de operación que utilizan los gobiernos para garantizar su ventaja mediática a través de los monopolios u oligopolios.

“Hay gobiernos que decidieron mantener el esquema de grupos concentrados, pactar con ellos, no tocar esa estructura y evitar medidas adecuadas para garantizar el pluralismo. El caso más escandaloso es Brasil, que con 200 millones de habitantes posee una cadena y media de televisión”, afirmó el uruguayo.

Según el relator, el segundo grupo está compuesto por los gobiernos que utilizan las leyes para cercenar a los medios críticos. Ese es el caso de Ecuador y Venezuela.

“Otra modalidad es la existencia de empresarios amigos del poder. La SIP ha denunciado a Ángel González, quien ha patentado este modelo en varios países de la región, que consiste en acaparar frecuencias a cambio de garantizarle a los gobiernos tranquilidad, un espacio de docilidad y de falta de crítica en sus medios”, manifestó el relator.

Detalló que eso ha ocurrido en países como Guatemala, Nicaragua, Ecuador y México. “En Guatemala acapara 6 frecuencias de televisión, y más de 30 de radio. Además, de cada $10 que el Gobierno invirtió en los últimos cinco años en publicidad oficial, $8 fueron para los medios de González”, añadió.

Algo similar a lo que ocurrió en el gobierno de Ricardo Martinelli, en el que el presidente no solo poseía varios medios escritos, televisivos y radiales, sino que los favorecía con la publicidad estatal.

Por su parte, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión para Libertad de Prensa e Información de la SIP, manifestó que “los monopolios y oligopolios en los medios privados afectan la libertad de expresión, mientras que en los medios estatales tienen el potencial de conducir al totalitarismo”.

SITUACIÓN EN PANAMÁ

Lanza se refirió al anteproyecto de ley que presentó el diputado panameñista Juan Moya para regular el ejercicio del periodismo en Panamá. “Seguimos con preocupación el tema de Panamá, porque algunas disposiciones violan abiertamente la Convención Americana de Derechos Humanos y los fallos de la Corte Interamericana que afirman que la colegiación obligatoria es una restricción indebida”, dijo Lanza. “Los periodistas ejercen su profesión al conjugar verbos en los artículos que consagran la libertad de expresión, buscan, reciben y difunden información, y poner trabas a eso es limitar la libertad de expresión”, agregó.

Sobre la colegiación obligatoria que propone el anteproyecto de ley y que establece que un comité decide a quién se acredita o a quién no, Lanza dijo que se “abre un campo enorme de arbitrariedad y censura”.

“Este anteproyecto configuraría un retroceso para Panamá en materia de libertad de expresión”, aseguró Lanza, quien agregó que el país debería avanzar en una legislación que vaya acorde con los estándares internacionales sobre la regulación periodística.

Precisamente, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se refirió ayer a la iniciativa presentada por su copartidario Juan Moya y tomó distancia.

“Ese anteproyecto es un tema totalmente aislado de un diputado, a quien, a nivel de partido, se le comunicó que había un desacuerdo”, señaló Varela. Además, el mandatario afirmó que si bien hay una separación de poderes y que hay que respetar la capacidad legislativa de un diputado, “se dejó claro que estamos en total desacuerdo con ese proyecto”.

“Lamento que nuestro país sea expuesto [en un tema como este] cuando hay un gobierno totalmente respetuoso de la libertad de expresión, que a la vez le toca respetar las iniciativas legislativas que tienen los diputados, pero ese anteproyecto no ha tenido ningún tipo de avance ni lo tendrá”, reiteró.

Por su parte, Moya valoró como positiva la actitud del Gobierno por el hecho de alejarse de una iniciativa que consideran nociva, pero advirtió que no tiene nada que ver con el Ejecutivo. “Si el Gobierno me tiene que decir a mí qué debo hacer, entonces para qué soy diputado”, manifestó.

Moya repitió que la iniciativa “es un tema social y reivindicativo para los periodistas panameños”, y que solo se ha valorado una parte de la misma, cuando también incluye ajustes salariales a los periodistas. “El anteproyecto está aguantado, precisamente, para recibir recomendaciones”.

Sin embargo, el diputado reconoce que los gremios periodísticos no han debatido este anteproyecto, por lo que en los próximos días decidirá si lo retira o no. “Los gremios involucrados parecieran no ponerse de acuerdo, lo que es lamentable”, afirmó.

Además, señaló que aun si no lo retira, el anteproyecto “muere solo” al cumplirse una legislatura (un año) desde su presentación ante la Asamblea Nacional sin que este haya sido prohijado.

El anteproyecto fue presentado ante el pleno legislativo a finales de julio pasado y la comisión de Comunicación y Transporte aún no lo ha acogido.

OTRAS REACCIONES

El uruguayo Danilo Arbilla, expresidente de la SIP, también criticó la propuesta legislativa panameña. “Atenta incluso con el orden institucional de Panamá, ya que establece disposiciones prohibidas de la CIDH”, sostuvo.

También objetó que el diputado haya presentado la iniciativa sin siquiera ser discutida por los gremios periodísticos. “Es como tirar una semilla de una mala planta a ver si germina. Si cree que es buena, que vaya para adelante, y si no es buena, que la retire”, sentenció.

En tanto, el director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador, Diego Cornejo-Menacho, advirtió que el anteproyecto panameño tiene muchas similitudes con el que se introdujo en Ecuador hace dos años y que ha producido una crisis mediática en el país. “Si se aprueba es muy regresiva, ya que restringe derechos”, indicó.

GOBIERNOS QUE ESPÍAN

Durante la asamblea de la SIP también se trató los alcances de la plataforma de interceptación conocida como ‘Puma’ en Colombia, cuya operación fue revelada a través de contratos entre la empresa Hacking Team y la Policía Nacional de ese país.

Según una encuesta realizada por el Proyecto Antonio Nariño, en la sociedad colombiana existe el temor de que estas herramientas se hayan utilizado para monitoreos ilegales de la actividad periodística.

Esta empresa también tuvo su paso por Panamá durante la gestión Martinelli, con quien trabajó por tres años a un costo de $750 mil, según reveló el portal Wikileaks. El Ministerio Público de Panamá inició una investigación sobre este tema.

El aparato de espionaje de esta compañía fue uno de los tres que desapareció cuando Martinelli abandonó el poder.

DESPEDIDA DE MOHME

El periodista peruano Gustavo Mohme presentó ayer el respectivo informe del final de su gestión, como presidente de la SIP.

Mohme destacó que si bien existen escenarios adversos para el periodismo en la región, todavía “hay esperanza”.

Además, sostuvo que las verdaderas convicciones periodísticas son las que llevarán a la libertad de esta profesión. “Tarde o temprano los hombres recuperan su naturaleza esencial, que es la libertad”, finalizó.

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