Residentes impidieron la tala de 40 árboles

Residentes del corregimiento de Ancón, la Federación de Comunidades Revertidas y ambientalistas impidieron ayer que 40 árboles fueran talados de los alrededores de la Corte Suprema de Justicia.

Algunos moradores atados a los árboles y otros acostados en la calle evitaron el paso de los camiones y de los trabajadores que comenzarían las obras de construcción del nuevo edificio de estacionamientos de esa entidad.

Este proyecto fue adjudicado en abril pasado a Constructora Corcione & Asociados S.A., por un monto de $6.9 millones para edificar una estructura de cinco pisos con 356 estacionamientos.

Los manifestantes llegaron de madrugada al lugar. Luis Bishop fue uno de los residentes de Ancón que desde las 3:00 a.m. empezó la vigilia para impedir que talaran 29 árboles y 11 palmas reales que se encuentran en el terreno donde se desarrollará la obra.

Poco después, a las 5:00 a.m., llegaron al sitio 25 policías que desde cerca vigilaban a los moradores que se mantenían en la protesta. Pero no fue hasta las 9:00 a.m. que dos camiones que transportaban los materiales y herramientas para construir las cercas y talar los árboles fueron detenidos por los residentes.

Incluso el comisionado Manuel Castillo, jefe de la Zona de Policía del Canal, dialogó con los manifestantes para que permitieran el paso a los camiones , pero no hubo acuerdo.

DUDAS EN EL proyecto

Sandra Tapia, una de las dirigentes, informó que la noche del viernes la empresa entregó unos panfletos a los moradores, en los cuales explicaba las modificaciones al proyecto. “Eso lo hicieron para decir que hubo una consulta ciudadana, que nunca se dio; no nos consultaron nada”, afirmó.

Tapia criticó el hecho de que cuando el magistrado Harley Mitchell era presidente del Órgano Judicial la obra costaba $1.5 millón y ahora aumentó a $6.9 millones.

Ambientalistas como Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible, y Alida Spadafora, de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, coincidieron en que esta obra no es compatible con el área protegida del cerro Ancón. También resaltan que el área a deforestar es una zona de amortiguamiento.

Banfield señaló que lo que está pasando con estos 40 árboles es un reflejo del “irrespeto” que hay hacia el medio ambiente.

Spadafora, por su parte, indicó que tienen sospechas de que el estudio de impacto ambiental no es el que corresponde con la obra, por lo que pedirán a los magistrados de la Corte un espacio de participación para poder proponer una alternativa diferente al proyecto actual.

En la empresa no tardaron en reaccionar. Humberto Arellano , gerente de Operaciones del grupo Corcione, explicó que debían comenzar los trabajos de construcción, pero que las acciones de la comunidad entorpecieron los planes.

En un comunicado, la empresa Constructora Corcione & Asociados afirma que tiene todos los permisos legales para operar, además de un plan de manejo ambiental que incluye el rescate de la flora y fauna, la siembra de nuevos árboles y una fachada “verde” hacia los residentes.

Al sitio llegó un notario que levantó un acta para dejar constancia de que, debido a la protesta, la obra no empezó en la fecha establecida en el contrato.

(Con información de Rubén Polanco).

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