DESARROLLO URBANO

Restituyen la potestad de entidades para suspender obras

El Consejo Municipal de Panamá aprobó un acuerdo para reglamentar las suspensiones temporales de los proyectos en la ciudad.

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El objetivo del acuerdo municipal es garantizar que los promotores y constructores de obras tengan mayor cuidado a la hora de edificar sus proyectos. El objetivo del acuerdo municipal es garantizar que los promotores y constructores de obras tengan mayor cuidado a la hora de edificar sus proyectos.
El objetivo del acuerdo municipal es garantizar que los promotores y constructores de obras tengan mayor cuidado a la hora de edificar sus proyectos. Ana Rentería

Los informes técnicos que expida el Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá serán los que avalarán las solicitudes de suspensión temporal de cualquier proyecto en construcción, que sean sometidas ante el Consejo Municipal de Panamá.

Así consta en el Acuerdo Municipal No. 133 del pasado 30 de mayo, aprobado por los miembros del Concejo.

El alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón, indicó que se trata de una facultad que siempre han tenido estas instituciones. Sin embargo, esta capacidad fue eliminada de forma involuntaria cuando el año pasado, por medio del Acuerdo No. 281 del 6 de diciembre de 2016, se actualizaron todos los trámites relativos a edificaciones en el distrito de Panamá.

“Cuando se realizó la reforma al acuerdo sobre construcción, de manera inadvertida se derogó un acuerdo anterior que establecía esa potestad para el Consejo Municipal de suspender obras cuando existiese un informe del Cuerpo de Bomberos de Panamá o del Sinaproc”, explicó.

Al percatarse de la situación, los miembros del Consejo Municipal decidieron aprobar el Acuerdo No. 133, mediante el cual se adiciona el artículo 100 A al Acuerdo No. 281 del 6 de diciembre de 2016.

SOBRE LA NORMA

En el escrito se indica que cuando una obra de construcción, movimiento de tierra, demoliciones y obras de relleno se estén realizando con permiso o sin el permiso respectivo y ponga en peligro la seguridad de las poblaciones vecinas o ponga en riesgo el ambiente, el Consejo Municipal de Panamá podrá ordenar al alcalde o alcaldesa del distrito o al director de Obras y Construcciones de la Alcaldía la suspensión del proyecto.

Lo anterior, siempre y cuando exista un informe técnico del Sinaproc y/o de la oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá y/o de la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía, en el que se indique que la obra que se está edificando es un peligro que puede generar una situación de emergencia pública.

En el mismo artículo se precisa que la resolución de suspensión temporal deberá ser respaldada por las dos terceras partes del Concejo para ser aprobada, y lo mismo aplicará para la revocación de la medida, previo informe favorable de las tres instituciones en cuestión en donde se indique que han cesado las causas que generaron la urgencia y que están dadas las medidas de seguridad para los vecinos de la comunidad y el medio ambiente.

El Concejo está integrado por 23 representantes, es decir, que se necesitarían 15 votos para tomar cualquier decisión.

Actualmente, se espera que la medida sea promulgada para su puesta en ejecución.

MOTIVACIÓN

El presidente del Consejo Municipal de Panamá, Carlos Pérez Herrera, reconoció que fue un “error” haber derogado la medida.

Para Pérez Herrera, esta normativa es importante porque busca garantizar la transparencia a la hora de tomar este tipo de decisiones.

Agregó que no se puede aplicar una medida como esta sin contar con un informe técnico que lo avale, porque de lo contrario la ciudadanía puede pensar que las decisiones son por motivos “personales y arbitrarios”.

El presidente del Concejo manifestó también que con la acción se busca garantizar la seguridad de las personas que viven en las comunidades, y alentar que los promotores y constructores de obras tengan mayor cuidado a la hora de edificar sus proyectos.

Al respecto, María Lombardo, presidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), opinó que la medida no solo es positiva.

“Este tipo de acciones, en donde se toman en cuenta los criterios técnicos, son fundamentales para el buen desarrollo de cualquier proyecto urbano”, manifestó la arquitecta.

Añadió que la medida es necesaria porque ayuda a evitar que cualquier representante de corregimiento solicite la suspensión de un proyecto, de manera antojadiza o discrecional.

Por su parte, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Jaime Villar, afirmó desconocer los detalles sobre este tema.

No obstante, señaló que independientemente de ella, la institución no expide ningún permiso de ocupación si la obra en cuestión no cumple con una serie de normas de seguridad.

De hecho, implica verificar, por ejemplo, que las conexiones eléctricas y de gas estén bien hechas, que en los edificios haya detectores de humo, rociadores y salidas de emergencia, entre otros.

CONTROL PREVIO

El urbanista Gerónimo Espitia señaló que es “correcto” que se incluya este artículo en el Acuerdo No. 281, porque es parte de lo pactado mientras se estaba trabajando en este documento, que rige los procesos referentes a la expedición de los permisos de construcción y ocupación de proyecto en el distrito de Panamá.

No obstante, Espitia manifestó que este tipo de acciones no serían necesarias si existiera un adecuado control, previo a la aprobación de los planos para el desarrollo de los proyectos.

Añadió que en el fondo el problema radica en que no se cumple de forma adecuada con los estudios de impacto ambiental y los análisis que debe hacer el Sinaproc, antes de que se inicie cualquier obra.

Espitia hizo hincapié en que a través de los procesos anteriores se debe descartar cualquier riesgo o impacto significativo para la población y el medioambiente.

Sin embargo, se ha visto que en muchas ocasiones estos procedimientos son “burlados” y se generan situaciones como las que se han visto en varias obras.

Espitia indicó que las autoridades tienen la “responsabilidad” de evaluar todas las situaciones adversas que puede generar una obra, previo a que sean aprobadas y salvaguardar la vida de las personas.

“Ellos no pueden reaccionar con la presión de la ciudadanía, sino pensar de forma integral y evitar los riesgos”, concluyó.

Este medio buscó la reacción del presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Iván De Icaza, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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