FUNCIONARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO Y ABOGADOS, EN LA MIRA

Revisan venta de fincas del BDA

Por lo menos 75 asentamientos campesinos en las provincias centrales y en Panamá fueron negociados ilícitamente.

La Fiscalía Segunda Anticorrupción adelanta una investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, en la que se acusa a funcionarios del Registro Público y a abogados por el traspaso supuestamente ilegal de 75 fincas pertenecientes al Banco de Desarrollo Agropecuaria (BDA), a 20 sociedades anónimas creadas con datos ficticios o inexistentes.

La investigación se inició a principios de octubre de 2012, luego de una denuncia interpuesta por representantes legales del BDA, en la cual se indicaba que las fincas, ubicadas en las provincias centrales y en Panamá, aparecían en el Registro Público a nombre de otras personas.

De acuerdo con las pesquisas, a cargo de la fiscal Lizzett Chevalier, las propiedades fueron traspasadas sin los documentos que sustentaran el trámite de funcionamiento ante el sistema de registro.

“No existía la escritura pública que justifique el traspaso de los terrenos a estas sociedades creadas en 2009 con datos de personas que no existen”, detalló una fuente vinculada con el proceso.

De hecho, la fiscalía realizó diligencias en el Registro Público y en el BDA, pero no encontró ningún documento que confirmara la titularidad de las tierras a nombre de esas personas.

Los funcionarios acusados laboraban en el Departamento de Calificadores del Registro Público, donde se examinan los asientos que constan en los libros y folios asignados para su posterior estudio y verificación.

Sin embargo, para traspasar los terrenos utilizaban las claves proporcionadas a funcionarios del Departamento de Incluidores, que tienen a su cargo examinar e incorporar a la base de datos del sistema electrónico los documentos que se presentan para ser inscritos.

Según las fuentes, por tales hechos la fiscalía formuló cargos por delitos contra la administración pública a dos funcionarios del Registro Público y a dos abogados, estos últimos por cooperar con la inscripción irregular de las fincas.

Con las investigaciones se trata de determinar, además, si con este delito se causó alguna lesión patrimonial a la entidad bancaria.

DETALLES DEL PROCESO

La denuncia del caso fue interpuesta por representantes del BDA en agosto de 2012 y en ella se indica que las fincas se encuentran ubicadas en distintas zonas del país y habían sido vendidas de manera ilegal.

Según el documento, los ilícitos fueron perpetrados mediante la utilización de la razón social de la institución bancaria.

La trama ilegal quedó expuesta gracias a una serie de notificaciones recibidas en la entidad, que daban cuenta de que estaban circulando documentos con membretes falsos y supuestas resoluciones de subastas públicas efectuadas por el banco.

Las fincas están clasificadas por el BDA como asentamientos campesinos y fueron cedidas de manera irregular en 2009 y 2010.

Fuentes del BDA aclararon a este diario que la institución solo hace subastas públicas mediante procedimientos legales que implican la difusión del remate a través de los diferentes medios de comunicación.

Igualmente, que en el caso específico de los asentamientos campesinos la venta se debe hacer a través de un proceso público de carácter especial.

Otro proceso por traspasos ilegales de tierras del BDA

En la Fiscalía Undécima de Circuito se adelanta otro proceso por la comisión del delito de estafa, en el que se acusa al exasesor del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) Alexis Soto y a otras tres personas por el traspaso, supuestamente fraudulento, de tierras propiedad de la entidad, a través de subastas públicas que nunca se hicieron.

Las pesquisas de este caso, que data de 2012, revelan que se emitieron falsas resoluciones del BDA para vender terrenos en supuestos asentamientos campesinos por un monto de 1.7 millón de dólares.

La fiscalía impuso medidas cautelares de prohibición de salida del país a Carlos Mantilla, dueño de la sociedad El Hijo del Carpintero, por medio de la cual se habría gestionado la venta de los terrenos; a Aldo McBean

y a Celia Díaz.

En tanto, para Soto, quien se encuentra prófugo de la justicia, se emitió una alerta roja a través de Interpol para que sea detenido con fines de extradición a Panamá.

Elio Núñez

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