CRIMINALIDAD

Revisarán leyes de menores

El ministro de Seguridad dijo que la actual ley, que impide la detención preventiva, incentiva a los delincuentes a reclutar menores.
Por más de seis horas el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, respondió las preguntas de los diputados. El interrogatorio continuará el próximo 22 de septiembre. LA PRENSA/Roberto Cisneros. Por más de seis horas el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, respondió las preguntas de los diputados. El interrogatorio continuará el próximo 22 de septiembre. LA PRENSA/Roberto Cisneros.
Por más de seis horas el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, respondió las preguntas de los diputados. El interrogatorio continuará el próximo 22 de septiembre. LA PRENSA/Roberto Cisneros.

El ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, manifestó que el Ejecutivo estaría dispuesto a “colaborar” con el Legislativo en la revisión de leyes sobre la responsabilidad penal de los adolescentes.

Aguilera compareció ayer en el pleno legislativo junto con el jefe del Servicio Nacional de Migración (SNM), Javier Carrillo y del director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, para responder a cuestionamientos, particularmente sobre la crisis de seguridad en el país, agravada por el asesinato a tiros el fin de semana de cuatro miembros de una familia en La Chorrera.

Los funcionarios también respondieron sobre la política migratoria del Estado y el futuro de la feria ´Crisol de Razas´, entre otros temas.

Impunidad de menores

Las leyes, dijo, permiten que “menores de 14 años queden rápidamente en libertad después de la comisión de un hecho tipificado en la ley”.

Destacó que esta norma genera una especie de incentivos para que las organizaciones criminales recluten a menores en esos rangos de edades porque tienen la posibilidad de escapar de medidas cautelares.

“Nosotros estamos abiertos a modificar estas normas que permiten la salida de estos jóvenes con cierto grado de impunidad”, destacó Aguilera.

Indicó que dentro de su despacho en el Ministerio de Seguridad un equipo de abogados trabaja en la revisión de estas disposiciones.

“Yo creo que es conveniente que la Asamblea revise esas normas y nosotros [en el Ejecutivo] tenemos el deber de cooperar con el Legislativo para participar en el proceso”, señaló.

Desde 1994 hasta el presente, la legislación penal de adolescentes ha sufrido más de 10 reformas. La última, en 2011, redujo la edad de imputabilidad de los jóvenes de 16 a los 12 años.

La Ley 40 de 1999 es la que dicta la responsabilidad penal de menores en Panamá.

El tema ha abierto polémicos debates en el país entre grupos de la sociedad y las autoridades.

Cifras de las autoridades señalan que el 60% de las pandillas que existen en el país está integrada por menores de edad.

sIN POLÍTICA CRIMINAL

Aguilera fue cuestionado por la diputada independiente y exprocuradora Ana Matilde Gómez sobre si el Estado contaba con una política criminal.

El ministro respondió que 18 meses antes de las elecciones del 4 de mayo de 2014, el entonces candidato presidencial Juan Carlos Varela convocó a la sociedad civil a debatir una propuesta de seguridad ciudadana que se llamó “Barrios Seguros”.

El funcionario dijo que en ese programa se contempla la política criminal del gobierno.

Gómez le respondió a Aguilera que el Ejecutivo debe proponer en forma de proyecto de ley esa política criminal para que sea revisada y aprobada por la Asamblea Nacional.

Cifras refutan aumento del crimen

El ministro Aguilera aseguró que comparado con la misma fecha del año anterior, los homicidios y hurtos registran una disminución.

“En julio y agosto hemos logrado una reducción de 24 homicidios en relación con los mismos dos meses del año anterior”.

El ministro se apoyó en estadísticas de la Policía Nacional para manifestar que van cerca de 60 homicidios menos en comparación con septiembre del año anterior.

En cuanto a los hurtos destacó que el año pasado para esta época sumaban 2 mil 505 casos, y en 2014, la cantidad es de 2 mil 145.

Reconoció que los casos de delitos por robo han aumentado en el país en un 7%. Actualmente los casos de robos reportados en lo que va del año suman mil 748, mientras que el año pasado finalizaron con mil 641.

Aguilera reconoció que es difícil cambiar la percepción que tiene el público sobre el aumento de la criminalidad. Indicó que la única forma de bajar esa percepción es mantener en nivel bajo los delitos por un largo período de tiempo.

En ese sentido, abogó por el apoyo de los medios de comunicación social.

defiende ´barrios seguros´

Durante la comparecencia, el ministro defendió el programa Barrios Seguros a pesar de las críticas que hicieron los diputados al plan insignia del gobierno de Juan Carlos Varela, en materia de seguridad pública.

Aguilera destacó que se destinarán $37 millones en el plan de prevención de este programa, ya que con esta iniciativa se busca “minimizar el pandillerismo en Panamá”.

Dijo estar seguro de que este proyecto ayudará a disminuir la delincuencia en el país. A la fecha, un total de mil 80 jóvenes forman parte de este programa.

“Barrios Seguros”, según explicó el titular, aumentará el número de especialistas en temas de prevención.

Dijo que se mantendrán con la filosofía de dar mayores oportunidades a la gente, pero con mano firme.

A la fecha, según el titular, ya existen jóvenes de este programa trabajando en obras de construcción de viviendas en San Miguelito.

Asimismo, explicó que “Barrios Seguros” fue puesto en práctica para reemplazar el programa elaborado en la pasada administración de gobierno de Ricardo Martinelli denominado “Armas por Comida”.

CRISOL DE RAZAS Y DELINCUENCIA

En cuanto a los cuestionamientos sobre el programa “Panamá, Crisol de Razas” y la crisis de seguridad, el ministro de Seguridad dijo que de los 48 mil 333 extranjeros que se han legalizado bajo esta iniciativa solo nueve han incurrido en la comisión de delitos.

Aguilera reiteró que el próximo Crisol de Razas, que se celebrará del 2 al 12 de octubre, será el último que se efectuará en el país. Reiteró que esa es una decisión del Gobierno y que no se va a retroceder en la medida.

¿Política migratoria?

El ministro explicó que ante la suspensión del Crisol de Razas, el Gobierno aplicará algunas medidas de política migratoria en reemplazo del programa que data del gobierno anterior.

Precisó que se va a restringir la entrega de visas por nacionalidad. Ya se ha aplicado esa medida con personas procedentes de Haití y República Dominicana.

También se aumentarán los controles en los aeropuertos para devolver a los extranjeros que no cumplen con el perfil para ingresar al país.

Señaló que se incrementará la cantidad de inspectores de migración para apoyar a los operativos en las calles, a fin de detectar a personas que no cumplen con las normas migratorias.

Ingresos del programa

El total de ingresos de este programa ha sido de $49 millones. Estos fondos, según Aguilera, no los utiliza el Servicio Nacional de Migración, sino que pasan al fisco nacional a través de una cuenta del Banco Nacional.

Por su parte, Javier Carrillo, titular del SNM, manifestó que parte del dinero que entró en las anteriores ferias se utilizó para aumentarles el salario a los funcionarios de la entidad. El salario mínimo en Migración es de $600.

Indicó que en las ferias se han rechazado 26 mil solicitud de regularización de extranjeros.

Dijo que el criterio de regularización de las ferias Crisol de Razas es mucho más “estricto” que los procesos ordinarios de este tipo.

Lavítola, a juicio hoy en Italia

El ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, dijo estar “confiado” en la firma de abogados que representará a Panamá en los casos civiles –si los hubiera– y penales que se desarrollan en Italia vinculados con el escándalo de Finmeccanica.

Aguilera destacó que la firma de abogados Hogan Lovells Studio Legale ha ganado varios casos internacionales de este tipo.

Reiteró que esperan que la firma anuncie el abanico de posibilidades legales que tiene Panamá en torno al contrato suscrito con Finmeccanica para la compra de helicópteros, radares y cartografía por $250 millones.

También informó que recientemente hallaron en un expediente de la Cancillería un contrato firmado hace año y medio con el abogado italiano Franco Coppi, para que representara a Panamá en Italia. Ahora, la firma Hogan Lovells Studio Legale se reunirá con él para que rinda cuentas de sus actuaciones y aporte datos sobre su negociación, incluyendo el monto de sus honorarios.

Mientras tanto, Valter Lavítola, mediador entre Italia y Panamá, y Paolo Pozzessere, exdirector Comercial de Finmeccanica, se sentarán hoy en el banquillo de los acusados en el tribunal de Roma por el contrato, en parte fraudulento. Panamá no podrá constituirse como acusador ya que el gobierno de Ricardo Martinelli se negó rotundamente a serlo.

Cámara rechaza ´discriminación´

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) manifestó su preocupación por el rechazo a los inmigrantes que se ha fomentado entre grupos de ciudadanos panameños.

“Nos llena de tristeza, ver grupos que han manifestado rechazo hacia los extranjeros que aspiran a radicarse dignamente en esta nación, aportando al engrandecimiento de esta y buscando oportunidades, que en muchas ocasiones las ven limitadas en sus países de origen”, aseguró José Luis Ford, presidente de la CCIAP.

Por otra parte, Ford hizo un llamado a quienes buscan hacer de Panamá su patria, así como a las empresas que abren sus puertas a estos, a cumplir con lo que ordena la legislación panameña y mantener el mismo grado de tolerancia y respeto hacia nuestro país.

“Las conductas discriminatorias, históricamente han acarreado situaciones dañinas para las sociedades en las que se manifiestan”, puntualizó el dirigente empresarial.

Mientras que ayer en la comisión Legislativa de Credenciales grupos se manifestaron a favor de un proyecto de ley que propone la eliminación de la feria ´Panamá, Crisol de Razas´.

“No más ferias”... “Panamá para los panameños”, eran las consignas que expresaban los ciudadanos que acudieron a la discusión del proyecto que fue prohijado por la comisión de Gobierno. La iniciativa de la diputada del Partido Revolucionario Democrático, (PRD) Zulay Rodríguez busca modificar y añadir artículos al Decreto Ley 3 de 2008, que regula la política migratoria del país.

“Yo no soy xenofóbica... represento los intereses de los ciudadanos panameños que se sienten ultrajados, vejados y discriminados en su propio país”, expresó la diputada.

“Las ferias del Crisol de Raza son un mercado persa...”, sostuvo la perredista.

En tanto, Jaime Abad, ex jefe de la desaparecida Policía Técnica Judicial, se mostró a favor de una política cerrada en materia migratoria en Panamá. “Soy partidario de cerrar este tipo de permisos temporales de un año o seis meses”.

Aminta Bustamante

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