italiano declaró a un medio local sobre supuesto pago de sobornos

Revisarán video de Velocci

El Ministerio Público (MP) aún no recibe respuesta sobre las asistencias judiciales que envió a Italia.

La Fiscalía Séptima de Circuito programó para hoy una diligencia de inspección a un video en el que aparece Mario Velocci declarando a un canal de televisión local sobre los correos electrónicos intercambiados entre Valter Lavítola y el presidente, Ricardo Martinelli.

Estos documentos fueron entregados por Velocci a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera.

De acuerdo con Osvaldo Gálvez, abogado de Herrera, la diligencia se hará a solicitud de la defensa para que se constituya en prueba fehaciente de que los documentos que mostró su cliente son parte de un proceso que se lleva en Italia a Lavítola. Reveló que la diligencia se debe hacer a eso de las 8:00 a.m. en la sección de criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y en que estará presente Herrera.

En el video mostrado en el noticiero de TVN-2, el 26 de abril, se muestra a Velocci declarando sobre el escándalo por las irregularidades en las contrataciones para la construcción de cárceles modulares. En estas declaraciones indica, entre otras cosas, que desconoce si los correos que entregó a Herrera están relacionados con las pesquisas que lleva la Procuraduría de Nápoles, Italia. Herrera fue denunciada por los abogados del presidente, Ricardo Martinelli, por la difusión de correos electrónicos sobre supuestos sobornos pagados a funcionarios panameños en la negociación para la construcción de cárceles modulares, el 5 de diciembre de 2011.

En tanto, el Ministerio Público informó ayer que las asistencias judiciales enviadas a Italia, Chile, Uruguay y Brasil, desde el 17 de abril, en el caso que se investiga por supuestos sobornos en los contratos para la construcción de cárceles, no han sido respondidas. Confirmaron que el promedio en que se responde una asistencia judicial oscila entre tres y cuatro meses, como mínimo, y de 10 a 12 meses como máximo. La oficina de instrucción adelanta otras diligencias en Panamá y analiza documentos.

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