Exigen que sea el Órgano Judicial el que pida su derogatoria y no el Ejecutivo

Rotundo rechazo a la Sala V

La Concertación Nacional para el Desarrollo aprobó ayer rechazar por unanimidad la Sala V de Garantías Constitucionales, toda vez que es una exigencia ciudadana y contraria al Pacto de Estado por la Justicia.

Este foro también avaló solicitar a la directiva de la Corte Suprema de Justicia la elaboración de un proyecto para que sea este ente, y no el Ejecutivo, el que proponga ante la Asamblea Nacional la derogación de este despacho, el próximo 2 de julio, explicó Jaime Jácome, secretario de la Concertación.

De igual forma, se acordó pedir a las diferentes bancadas de diputados de la Asamblea Nacional la consideración de este proyecto, a fin de que con la debida participación ciudadana y con urgencia notoria se proceda a la consulta, debate y aprobación de la derogación de dicha Sala.

La decisión de la Concertación se dio una hora después que el presidente, Ricardo Martinelli, se comprometiera a enviar a la Asamblea (en sesiones ordinarias) un proyecto de ley que derogue la controvertida Sala V de la Corte Suprema.

Al comunicar esta decisión durante una breve rueda de prensa en el Palacio de las Garzas, el mandatario también lanzó un reto a la oposición política. “Esperamos que los partidos políticos, así como ha hecho el gobierno, nos comprometamos de aquí en adelante para no crear jamás esta Sala”.

Martinelli estaba acompañado del arzobispo José Domingo Ulloa, y el obispo de la Diócesis de Chiriquí, José Luis Lacunza, con los que se reunió para hablar sobre la Sala V y la iniciativa que permite la venta de la acciones de las empresas mixtas.

Ulloa confirmó que durante el encuentro el presidente Martinelli les informó que enviará la propuesta de derogación de la Sala, con el compromiso de que la firmen los partidos políticos, “para que ya se le pueda dar muerte total a esta problemática Sala”.

LO QUE DESCONOCE MARTINELLI

Martinelli hizo este anuncio de la derogación pese a lo establecido en el fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia el 25 de enero de 2011, que revivió la Sala de Garantías Constitucionales, el cual fue avalado por ocho de los nueve magistrados, y en el que se establece que según el artículo 203 de la Constitución Nacional:“El Órgano Legislativo puede crear nuevas Salas en la Corte a razón de tres magistrados por cada Sala, pero no está facultado para suprimir cualquiera de las Salas –todas han sido creadas por ley– ni tampoco dejar sin efecto los nombramientos de los magistrados que la integran (...)”.

JURISTAS OPINAN

El destino de la Sala V de Garantías Constitucionales parece incierto, luego que el presidente Martinelli decidiera suspender su vigencia a raíz de las protestas registradas estas semanas por grupos de la sociedad civil.

Y es que ahora se produce una incertidumbre jurídica sobre el método que debe utilizarse para su derogatoria definitiva hasta que se produzca un acuerdo en la Concertación Nacional.

En este sentido, César Ruiloba, presidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que el Ejecutivo está imposibilitado para presentar un proyecto que derogue la Sala V, como aseguró Martinelli.

“El Ejecutivo está atado jurídicamente. El fallo que declaró inconstitucional la ley que derogó la creación de esta Sala, establece que solo por iniciativa del Órgano Judicial es como esta Sala puede ser eliminada y no a través del Ejecutivo”, argumentó.

De acuerdo con el exprocurador de la Nación Rogelio Cruz, la decisión del mandatario de presentar una nueva ley para derogar la Sala V es un “absurdo jurídico”, ya que, a su juicio, cualquier persona podría acudir ante la Corte y presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta propuesta y se produciría el mismo fenómeno que se dio cuando la expresidenta Mireya Moscoso expidió la Ley 49 de 24 de octubre de 1999, por la cual se derogó esa instancia por primera vez.

Según Cruz, si Martinelli envía a la Asamblea Nacional una nueva ley para derogar la recién creada Sala, “sería como volver al pasado, ya que serían casi los mimos hechos que se irían repitiendo”.

Creo que los asesores jurídicos del Órgano Ejecutivo, recalcó Cruz, deben advertir al mandatario de esta situación y evitar situaciones que ocasionarán una especie de “enredo jurídico”.

A su juicio, lo más recomendable es esperar a que las reuniones en la mesa de la Concertación Nacional produzcan algún resultado en cuanto al destino de la Sala V, para entonces tomar alguna acción legal al respecto, pero no sin antes haber alcanzado un consenso sobre este controvertido tema.

Por su parte, la exmagistrada de la Corte Esmeralda de Troitiño estimó que luego del fallo del 25 de enero 2011, que declaró inconstitucional la ley derogatoria de la Sala V, la Asamblea Nacional debió emitir una nueva legislación para revivir la norma derogada.

Sin embargo, advirtió que como eso no se hizo “no es necesario que el presidente Martinelli presente una nueva ley para derogar algo que no ha existido”.

De Troitiño coincidió con el exprocurador Cruz en el sentido de esperar el resultado de las discusiones dentro de la Concertación Nacional, antes de tomar alguna decisión al respecto.

Alegó que este es un tema que requiere de un análisis jurídico profundo.

A su vez, el también exmagistrado de la Corte Edgardo Molino Mola planteó que es perfectamente viable que la Asamblea Nacional pueda, a través de una ley, derogar la norma que creó la Sala V, aunque reconoció que hay juristas con una visión diferente.

Molino consideró que la decisión más viable es dejar sin efecto el nombramiento de los magistrados que iban a integrar el despacho.

Explicó que existe el precedente de una situación similar, señalando que desde hace 11 años se creó la Sala de Casación Laboral y no se ha nombrado a ninguno de los magistrados.

En tanto, ayer el magistrado presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, no dio declaraciones sobre la decisión de Martinelli, de suspender el nombramiento de los magistrados de la Sala.

Luego de concluido un acto donde se presentó la Carta de Derechos de personas, en la que se busca acercar a los ciudadanos a la justicia garantizando el respeto a sus derechos, Moncada Luna se retiró sin atender a los periodistas.

En su lugar, Roberto Zúñiga, jefe de la oficina de Protocolo y Relaciones Internacionales del Órgano Judicial, leyó un escrito en nombre de Moncada Luna, en el que decía que “dados los acontecimientos ocurridos en el país, considera conveniente no hacer declaraciones que pudieran ser interpretadas como adelanto de criterios ante situaciones que en el futuro podrían corresponderle atender y decidir como magistrado de la Corte”.

El pasado lunes 18 de junio, el abogado Juan de Dios Hernández presentó ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra tres artículos de la Ley 32 del 23 de julio de 1999, que creó la Sala V.

Esta demanda es contra los artículos 8, 15 y 17 de la citada ley, que da la potestad a sus magistrados para llevar los recursos de hábeas corpus, amparo de garantías y solicitud de interceptaciones telefónicas.

(Con información de Juan Manuel Díaz, Isidro Rodríguez, José González y Rubén Polanco).

Historia de la Sala V

23 junio 1999

Pérez Balladares emite la Ley 32 que crea la Sala V.

1 julio 1999

Nombran a los magistrados.

24 octubre de 1999

Mireya Moscoso la deroga.

25 enero 2011

Corte revive la Sala V.

23 febrero 2011

Corte pide $2 millones para sede de la Sala V.

30 enero 2012

Moncada Luna exige cumplir fallo que revivió la Sala V.

31 enero 2012

Moncada Luna envía carta a Martinelli y pide celeridad.

14 junio 2012

Designan a magistrados.

17 junio 2012

Crece rechazo a Sala V.

19 junio 2012

Martinelli anuncia derogación de Sala V.

´Asamblea no puede derogar la Sala V´

El fallo del 25 de enero de 2011 por el cual la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 49 de 1999 que derogó la Sala Quinta, señala que el Órgano Legislativo no está facultado para suprimir ni derogar ninguna de las salas que componen el Órgano Judicial.

La decisión, que tuvo como ponente al hoy presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, además establece que el artículo 203 de la Constitución es claro al señalar que la Asamblea Nacional puede crear nuevas salas en la Corte, pero de ninguna forma eliminarlas, porque afecta directamente la seguridad e independencia de ese otro órgano del Estado. Plantea que el Legislativo no puede exceder los límites que le ha impuesto el poder constituyente y lo mismo ocurre con los otros dos órganos del Estado (Ejecutivo y Judicial). Añade el dictamen la necesidad de prever por Constitución Política, un sistema de control de ejercicio de la actividad de los poderes constituidos.

El fallo también plantea que haber dejado sin efecto el nombramiento de los entonces magistrados de la anterior Sala Quinta, Elitza Cedeño, Mariblanca Staff y Oscar Ceville, vulnera de forma directa la Constitución Política en cuanto a la estabilidad de dichos funcionarios. De igual forma se señala que la única forma de dejar sin efecto el nombramiento de un magistrado de la Corte Suprema es a través de juzgamiento de la Asamblea Nacional, y no por medio de una ley.

Además estipula que la decisión de derogar la Sala V de Garantías Constitucionales a través de una ley, atenta contra la estabilidad judicial e independencia de uno de los tres órganos del Estado.

Sin embargo, el fallo estableció que no era de su competencia pronunciarse sobre los emolumentos dejados de percibir por los tres magistrados cesados, tras la derogatoria de la ley que creó la Sala V y estimó que este aspecto debía tramitarse en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte.

Contra la Ley 49 que derogó la Sala V se presentaron cuatro demanda de inconstitucionalidad: la primera de ellas en noviembre de 1999, la segunda en junio de 2000, la tercera el 28 de junio de 2000 y la última el 17 de abril de 2001, por considerar que violaba varios artículos de la Constitución.

El fallo del 25 de enero de 2011 no logró poner en funcionamiento la Sala V de Garantías Constitucionales, a pesar de que el Ejecutivo designó a los tres magistrados que la debían componer.

Juan Manuel Díaz C.

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