IRREGULARIDADES EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Rubén De León guarda silencio

El magistrado de la Corte, Cecilio Cedalise, es el ponente en la denuncia interpuesta en la Corte contra el presidente de la Asamblea Nacional.

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El presidente del Legislativo, Rubén De León, es el único que puede avalar todo tipo de aportes que los diputados deseen hacer. El presidente del Legislativo, Rubén De León, es el único que puede avalar todo tipo de aportes que los diputados deseen hacer.
El presidente del Legislativo, Rubén De León, es el único que puede avalar todo tipo de aportes que los diputados deseen hacer. Archivo

Un día después de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el Decreto 441 del 25 de octubre de 2016, de la Contraloría General de la República para limitar y regular los donativos y subsidios que entregan los diputados de la Asamblea Nacional con fondos públicos, Rubén De León, presidente del Legislativo, optó por el silencio.

De León asistió ayer viernes al foro “El rol de los parlamentos en la responsabilidad social y la sostenibilidad”, efectuado en la comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea.

Allí, el diputado perredista habló de diversidad, de responsabilidad social, y de la función de contrapeso de los órganos del Estado.

Saludó a los dos expositores de la actividad: Alejandro Romero, CEO de Llorente & Cuenca América Latina; Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos. Pero una vez terminó el evento, De León salió a paso veloz del salón Azul, donde se llevó a cabo la actividad. Así evitó las preguntas de los medios, quienes lo siguieron hasta el lugar donde estacionó su carro. Ignoró las grabadoras, cámaras y micrófonos, y a las 11:00 a.m. encendió su vehículo y abandonó el Palacio Justo Arosemena.

Esto, pese a que La Prensa le solicitó una entrevista hace más de un mes para que hablara de las donaciones y contratos. Quien sí se pronunció sobre la decisión de la Corte fue el primer vicepresidente de ese órgano del Estado, Luis Eduardo Quirós, del Partido Panameñista. “Nosotros simplemente conocemos el informe de prensa que ha emitido la Corte. No conocemos el fallo en su totalidad (...) no sabemos hasta dónde nos afecta. No sabemos si tiene que ver solamente con el tema del decreto de la Contraloría, o con lo aprobado en la ley de presupuesto, así que estaremos atentos al fallo para conocerlo en detalle”, sustentó.

Según Quirós, la junta directiva de la Asamblea no se ha reunido para hablar en detalle del tema. “Solo hemos estado atentos a las informaciones que se han emitido”, expresó.

“El decreto es inconstitucional porque regula una materia que es inconstitucional”, aseguró a este medio el magistrado Harry Díaz, ponente del fallo. Díaz, en una carta del pasado 6 de marzo, enviada al presidente de la Corte José Ayú Prado, había advertido que la Asamblea entrega estas donaciones sin que exista “ninguna disposición constitucional, legal, ni reglamentaria”. La decisión de la Corte surge en medio de un escándalos suscitado por una serie de publicaciones de La Prensa que dejaron al descubierto que entre julio de 2014 al 3 de marzo de 2017, el Legislativo gestionó $14 millones en donaciones y subsidios que en muchas ocasiones no fueron a dar a sus beneficiarios.

El decreto de la Contraloría había sido demandado por Ernesto Cedeño, el mismo abogado que el miércoles 15 de marzo denunció penalmente ante la Corte a De León, por la gestión de $14 millones en donaciones y otros $68 millones en contratos. El ponente de la denuncia es el magistrado Cecilio Cedalise, quien junto con sus colegas José Ayú Prado y Efrén Tello [suplente de Luis Ramón Fábrega] se abstuvo al momento de votar cuando analizaban la demanda de inconstitucionalidad del Decreto 441 de la Contraloría.

REACCIONAN

El fallo de la Corte generó aplausos por parte de distintos sectores de la sociedad civil. Por ejemplo, el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, dijo que el fallo es “acertado”. “No hay duda de que entre las facultades de la Asamblea Nacional no está la de estar repartiendo dinero público a sus electores ni, además, hacerlo como lo ha estado haciendo, con poca transparencia”, sustentó.

“Desde ese punto, lo que dice el fallo invita a comenzar a poner orden en la casa”, añadió el fiscal.

Por su parte, Fernando Aramburú Porras, exministro de Economía y presidente de la Fundación Belisario Porras Barahona, alegó que este fallo “es una gran contribución para que el país se vaya adecentando de una vez por todas”.

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Rubén De León guarda silencio

“Los ciudadanos estamos realmente asqueados de esta situación, de esta corruptela, de los funcionarios que de parte y parte se aprovechen de su posición, de su acceso y poder a recursos públicos para beneficiarse a través de su clientelismo o personalmente”, argumentó.

Mientras que Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, aseguró sentirse “satisfecho”. “Lo que sí no quiero es que se malinterprete esta acción (...)  no solo es declarar inconstitucional un decreto, es que las donaciones, como tal, no forman parte de las actividades de un diputado”.

El fallo, de acuerdo con fuentes de la Corte, solo aplica para las donaciones y subsidios que otorga la Asamblea, porque no tienen fundamento en el artículo 159 de la Constitución, y están “expresamente prohibidas en el artículo 163, numeral 3. Todo el resto de las donaciones y subsidios que ejecuta el Ejecutivo a través de sus diferentes instituciones se mantienen vigentes”.

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que fue remitido a la Corte, revela los montos de los pagos en donativos y subsidios benéficos que recibió la Asamblea entre los años 2014 y 2017 ( ver tabla).

Entretanto, Troncoso reiteró su descontento con la comisión del Legislativo que investigará las anomalías en las donaciones y contratos, y que está conformada por los diputados Juan Carlos Arango, del Partido Popular; Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático; y Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático.

Arango habría gestionado $30 mil en donación para usarlos a su discreción mediante la oenegé Saic Panamá, según denunció su vicepresidente y fundador Juan Diego Vásquez, motivo que generó su renuncia. Saic Panamá es liderada por Samantha Acrich, del equipo de trabajo del diputado, y su hijo homónimo es su socio.

Según Troncoso, la comisión es una “irrupción” en el  orden constitucional y legal de ese órgano.

HABLA EL CONTRALOR

Horas después de que se conociera el fallo de la CSJ, la Contraloría General de la República confirmó que continuará fiscalizando la Asamblea. No obstante, ayer en Boquete, provincia de Chiriquí, durante la entrega de la orden de proceder para la construcción del puente vehicular  Panamonte sobre el río Caldera por parte del mandatario panameño, Juan Carlos Varela, Humbert aseguró que los fallos de la Corte “hay que acatarlos”.

“Apenas seamos notificados de lo que dicta el fallo, acataremos esa orden. Me preocupa que este recurso declare inconstitucional el manual y no las donaciones (...) hicimos un manual para controlar esas donaciones y si solo declararon inconstitucional este documento, no podemos dejar abierta las donaciones sin un control”, advirtió el funcionario.

La semana pasada, Humbert ordenó una auditoría de todas las donaciones y contratos realizados por el Legislativo desde junio de 2014, y los periodos fiscales completos 2015 y 2016.

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